Juan Clavero, 'caza' al ecologista

 El 26 de agosto de 2017 Juan Clavero, un histórico del ecologismo andaluz, inició muy de mañana una excursión por el Camino del Espino, una ruta que sale de la población de El Bosque, a los pies de la sierra de Grazalema, y terminó la jornada en los calabozos de la Guardia Civil acusado de tráfico de drogas. Había sido cogido in fraganti. En su coche se ocultaban 47 gramos de cocaína. Podía parecer absurdo para una persona que no se ha fumado un porro en su vida y que en su coqueta casa de Benamahoma no hay ni una mala planta de marihuana, que es lo mínimo que se despacha por esos lares. Pero ahí estaba la cocaína, amigo.

David de la Encina, el entonces alcalde socialista de la localidad en la que residía Clavero, El Puerto de Santa María, no se creía ni una palabra y rápidamente lanzó un comunicado en defensa de su vecino. El hoy alcalde, Germán Beardo, y entonces líder de la oposición del PP, se lo afeó: "Nos avergüenza tener el alcalde más radical de la provincia, que imprudentemente pone en tela de juicio la actuación de la Guardia Civil y también de la Justicia".

Siete años después, nada menos que siete años después, ante la Justicia se sientan las cuatro personas que presuntamente pusieron la cocaína en el coche de Juan Clavero. Y ninguna de ellas es Juan Clavero. Aquello fue lo que en el argot se conoce como una ‘coloqueta’. Le trataron de endilgar a Clavero el mochuelo y le podía haber salido muy caro a Clavero si no fuera porque aquella ‘coloqueta’ fue una auténtica chapuza.

Pero, ¿por qué?

Un ecologista histórico

Juan Clavero era el hijo del notario del pueblo sevillano de Cazalla de la Sierra, un hombre aficionado a las monterías por Sierra Morena. Juan acompañaba a su padre, pero no cazaba, se dedicaba a admirar de cerca los lobos, los buitres negros, los zorros, las águilas… Como no podía ser de otro modo, estudió Biología y con 23 años ya se había casado y se había ganado la plaza de profesor de instituto. En todo este tiempo también le había dado tiempo de meterse en todos los fregados del último franquismo, cárcel incluida, y en la Transición se centró en lo que le interesaba: defender a los lobos, los buitres negros, los zorros, las águilas… Cuando llegó al instituto Pedro Muñoz Seca de El Puerto, en 1979, tenía un notable currículum como creador de plataformas y eso suponía que iba a convertir su nueva residencia en punta de lanza en defensa de su entorno. Esto también suponía empezar a coleccionar enemigos. Su terca oposición a la construcción de Puerto Sherry, por ejemplo, le costó que le quemaran el coche.

En 1986 le ofrecieron un puesto al que, a pesar de alergia a los cargos públicos y a la política en general, no podía decir que no: ser el director del parque natural de Grazalema. Por entonces no estaba muy claro qué era eso de los parques naturales. Se fue tres años a vivir a El Bosque y su gestión sirvió de ejemplo para los directores que le siguieron en otros parques andaluces. Allí tuvo tiempo Clavero de enamorarse de un paraíso, la Breña del Agua.

La Breña del Agua es un espacio protegido de unas 1.600 hectáreas que se desparrama por tres municipios, El Bosque, Grazalema y Zahara de la Sierra, y que incluye tres fincas: Llanos del Espino, El Moro y Valdihuelo. En su día era propiedad de Pepe Jarillo, un vecino de Benamahoma que jamás puso una valla. Para él, su finca era la finca de la gente del pueblo y para los de Benamahoma la Breña del Agua era el lugar en el que en la infancia se subía a coger setas y tagarninas, donde pegaron sus primeros disparos o donde simplemente hicieron el largo y pedregoso camino hasta Zahara de la Sierra venciendo la Sierra Margarita.

Cuando Jarillo se jubiló la vendió por no demasiado dinero a un arquitecto y promotor de San Roque, Alfonso Herrera, que la tuvo poco tiempo porque en 2013 apareció un magnate, Marnix Galle, el principal promotor inmobiliario belga, que puso sobre la mesa 11 millones de euros uno detrás de otro. Herrera llegó a un acuerdo con Galle que incluía colocar a su hijo, José Miguel, como administrador del proyecto de negocio cinegético que tenía pensado el millonario. Y ahí se acabó la Breña del Agua para la gente del pueblo. José Miguel Herrera perimetró y valló La Breña y la pobló de guardias. Ni uno solo de los veinte puestos de trabajo que creó recayó en ningún habitante de Benamahoma.

Galle justificó el alto precio pagado por la finca por el amor que sus padres, un ex ministro belga y una hispanista, le inculcaron por los paraísos naturales españoles. Proyectaba construir un cortijo de 800 metros cuadrados y otra nave de más de 400 metros para la explotación ganadera en un lugar incluido dentro de la Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía. Según la empresa, el cortijo estaría destinado a los guardas, pero a los ecologistas les olía a chamusquina eso de construir 800 metros cuadrados sólo para los guardas. Y no les faltaba razón viendo los planos. El edificio principal se distribuía en tres alas construidas en torno a un patio: en una de ellas, la casa del encargado, con un salón-comedor, cocina, distribuidor y dos dormitorios con baños propios; en la otra, el pabellón cinegético, con salón-comedor, cocina, despacho del director cinegético, aseo y un almacén; y finalmente, en la tercera, la casa de guardas, también con salón-cocina, y dos dormitorios con baños. En frente a la casa de guardas, se situaría la gañanía, un gran salón con chimenea para los trabajadores que se contraten temporalmente.

Turismo cinegético

Los ecologistas sospechaban que el proyecto real era un lugar de recreo para el turismo cinegético de “alto standing”. De hecho, al final de la redacción del proyecto, que fue aprobado a pesar de bordear los límites del espíritu del Plan General del Parque de Grazalema, donde no existe suelo urbanizable, se podían leer las últimas intenciones de la inversión: “Tener un coto de caza de alta calidad donde acudan cazadores de alto poder adquisitivo, de procedencia extranjera y centroeuropeos, aprovechando el lugar privilegiado donde se localizan las fincas y próximas al aeropuerto de Jerez”.

Lo que estaba claro es que Galle no quería por allí senderistas fisgoneando y acudió a la Justicia para que se le permitiera imponer la restricción de paso aduciendo que "la apertura del camino al acceso incontrolado de gente sólo supondría un impacto medioambiental negativo”. Pero lo cierto es que las fincas que había adquirido estaban atravesadas por vías pecuarias, es decir, de uso público. Ahí estaba servida la batalla. Clavero se puso al frente de la reivindicación del espacio y cada cierto tiempo organizaba excursiones con un grupo de incondicionales que se saltaban las vallas colocadas por los empleados de Galle, lo que suponía continuos enfrentamientos. Tensos enfrentamientos.

Los ecologistas llegaron a llevar al Parlamento europeo vídeos de uno de estos encontronazos en los que se veía a los guardas intentando agredir a participantes en una marcha a favor de la apertura de los caminos públicos. Un eurodiputado belga del grupo de Los Verdes, Philippe Lamberts, exclamó durante la proyección: “¿Y esto sucede en la Europa del siglo XXI?”

Lo que sucede en la Andalucía del siglo XXI es una fiebre por el alambre. El incremento del uso de los terrenos forestales para la caza ha llenado de cercas los caminos públicos. Los ayuntamientos quedaron como responsables de estos caminos, pero casi ninguno hizo un listado de los caminos que había en su término y, si se hizo, se quedó perdido en el archivo sin acometer ninguna actuación para protegerlos. Ante esto, en 2001, un grupo de ciclistas, senderistas y ecologistas cordobeses formaron la Plataforma A desalambrar y a eso se siguen dedicando hoy contra “la constante usurpación por cotos de caza, parcelaciones y obras públicas de los caminos tradicionales de nuestras sierras”.

Así es como llegamos al día 26 de agosto de 2017, en el que en la Venta Julián de El Bosque en la que suelen concentrarse los excursionistas se presenta alguien que no conoce nadie. Se llama Manuel Alcaide, es de Jerez y no se le conoce ni oficio ni beneficio. No trae coche, dice que le ha traído su mujer, que ha visto en facebook la convocatoria y que pertenece a Ecologistas de Jerez. Los excursionistas, claro, le invitan a que se una a ellos. La caminata dura unas cuatro horas. Esta vez los guardias de la finca no les dicen nada mientras ellos saltan las vallas que cortan el camino, pero sí les fotografían. Manuel, cada cierto tiempo, se aleja de ellos y habla por teléfono. Dice que está preocupado por su mujer. Llegan hasta la casita de Clavero en Benamahoma y todos, menos Manuel, se bañan en la alberca. Luego toman algo en el popular bar El Bujío y Manuel le dice a Clavero que le van a recoger en el Mesón del Majaceite, en El Bosque, que si le acerca. Clavero dice que sin problemas. No ha pasado ni un minuto desde que Manuel se ha bajado de la furgoneta en el mesón cuando tres guardias civiles, uno del pueblo de Prado del Rey y otros dos de Ubrique, paran a Clavero. No es necesario registrar mucho. Encuentran la cocaína a la primera. Nadie, excepto Manuel Alcaide, sabía que iban a pasar por allí. ¿Y por qué están allí tres guardias civiles que no tienen destino en El Bosque?

Todas estas preguntas se las hace el juez de guardia cuando le llevan a Clavero después de pasar la noche en los calabozos. Y como no hay respuestas pone en libertad sin ningún tipo de medida cautelar a Clavero a la mañana siguiente. A los diez días el caso ya está sobreseído y se inicia una larga causa para saber quién ha tendido la trampa. El juez tiene claro que Clavero ha sido víctima de “actuaciones malintencionadas por parte de terceros”.

Los cuatro acusados

 Después de siete años, en el banquillo se van a sentar cuatro. Uno es, naturalmente, Manuel Alcaide, que a pesar de tener pocos recursos económicos ha contado con el asesoramiento de uno de los abogados más caros de Jerez. Los otros dos son Juan Luis Pérez, capataz de la finca, y Óscar González, que fue el que avisó por teléfono desde un bar de El Bosque a la Guardia Civil que la furgoneta de Clavero iba para allá. El cuarto es José Miguel Herrera, el hijo del promotor de San Roque que compró la finca a Jarillo y luego se la vendió al belga y apoderado de la sociedad de Marnix Galle, que a día de hoy es la persona física con mayor extensión de propiedades de la sierra de Grazalema. Herrera, Óscar y Juan Luis fueron despedidos por Galle mes y medio después de los hechos. Herrera se llevó una indemnización de 35.000 euros, Óscar 7.500 y Juan Luis sólo 475 euros, según figura en el acto de conciliación.

En su día, la empresa Breña del Agua esgrimió en un escrito estos despidos como prueba de que no tenía nada que ver con la trama: “Tan es así que tres de los cuatro acusados a los que se le imputa la supuesta comisión de los hechos, y que fueron en su momento empleados de la mercantil Breña del Agua Inversiones SL., fueron despedidos y por consiguiente dejaron de prestar sus servicios como empleados el último trimestre de 2017 a consecuencia de su investigación en las presentes actuaciones”.

La Fiscalía pide para ellos año y medio de cárcel, una multa de 12.000 euros y una indemnización de 20.000 euros a Clavero por daños morales. Los abogados de Ecologistas piden cuatro años de prisión por el delito de provocación y conspiración para la detención ilegal, un año de prisión por el delito de pertenencia a grupo criminal y 7.200 euros por el delito de simulación de delito. Tanto la Fiscalía como la acusación particular quieren que la empresa de Galle, Sociedad Breña del Agua Investments, S.L., figure como responsable civil subsidiaria.

En estos siete años los abogados de los encausados han logrado dilatar el caso hasta el extremo, a lo que ha ayudado que el juzgado de Ubrique, por el que han pasado cinco jueces distintos, sea conocido por su escasa celeridad. De este modo, en caso de condena, los acusados pueden pedir reducir de penas por dilaciones indebidas. Los cuatro se declararon en su día insolventes cuando se les solicitó una fianza y, sin embargo, cuentan con abogados privados de prestigio. La estrategia de su defensa no se conoce, ya que hasta el momento se han negado a declarar. Simplemente presentaron recursos para que se archivara el caso argumentando que “no había ningún indicio” que les implicara en el caso, a lo que la Audiencia Provincial contestó que, precisamente, indicios era lo que había de sobra. Otra cosa es que se puedan probar.

A día de hoy, la Breña del Agua sigue vallada, pero no existe el hostigamiento hacia los senderistas que se producía hace siete años. La empresa de Galle se ha abierto a llegar a un acuerdo con el Ayuntamiento de Grazalema y Diputación para marcar un trazado que sea de libre acceso. El proyecto de la casa de 800 metros cuadrados para los guardas se realizó, pero, a pesar de las peticiones de los ecologistas, nadie de la Junta ha ido allí para saber si su uso es aquél por el que se permitió la edificación o si ha triunfado el sueño del magnate belga de llenar su cortijo de millonarios cazadores centroeuropeos.