El juez investiga una posible violación en una discoteca en Alcalá de los Gazules

Cádiz/El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Chiclana ha abierto una investigación para esclarecer una supuesta violación cometida en los aseos de una discoteca de Alcalá de los Gazules en noviembre del año pasado. Un reciente auto del magistrado Rafael Herreros López, titular de ese juzgado, señala que, a partir de las diligencias practicadas hasta el momento, hay "indicios suficientes de que se han producido los hechos" denunciados, de ahí que haya acordado seguir adelante con la causa.

Según consta tanto en el atestado como en el auto judicial, el 1 de noviembre de 2024, entre las 2:30 y las 3:00 de la madrugada, una mujer se encontraba con unos amigos en un pub de Alcalá de los Gazules cuando decidió ir al servicio del establecimiento. Ya en el interior, mientras se subía los pantalones, "de forma súbita y sin que ella lo hubiera invitado a pasar, entró en el cuarto de baño el investigado, a quien ella conocía de antes, si bien no tenía especial relación con él".

En ese momento, prosigue el auto judicial, el hombre la puso contra la pared, le levantó la camiseta, le tocó el pecho y comenzó a besuquearla por el cuello y por el cuerpo. Acto seguido, la agredió sexualmente. "Todo ello ocurrió mientras ella se resistía activamente y le decía que parara y se quitara. Tras un violento forcejo con el denunciado, finalmente la víctima consiguió que se fuera y saliera de nuevo al establecimiento".

El hombre "había ingerido varias copas aquella noche, sin poder precisar el grado de impregnación etílica. No obstante, manifestó no recordar nada de lo sucedido", concluye el auto.

La mujer, por su parte, presentó una denuncia a través de su abogado, el letrado Miguel Lozano. Recibe tratamiento psicológico a raíz de lo sucedido.

El juez instructor advierte que "los hechos relatados pudieran constituir, por ahora y salvo ulterior calificación, un delito de agresión sexual con penetración, castigado con una pena superior a nueve años de prisión". Por esa razón, el magistrado ve procedente la incoación del sumario "para seguir la causa por los trámites de procedimiento ordinario". Del mismo modo, acuerda dar cuenta de lo actuado al Ministerio Fiscal y cita al investigado -al que declara procesado- para tomarle declaración.