La jueza llama a declarar al alcalde de Chiclana por un fraude en ayudas públicas concedidas a una asociación de minusválidos

Cádiz/La magistrada del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Chiclana ha llamado a declarar este jueves como investigado al actual alcalde de Chiclana y vicepresidente de la Diputación de Cádiz, el socialista José María Román, para esclarecer un supuesto fraude cometido con unas ayudas públicas concedidas a la Asociación de Minusválidos Físicos y Sensoriales Virgen del Carmen de la localidad, cuyo ex directivos, Francisco Orrequia y Antonio Gautier, están imputados por defraudar más de 236.000 euros a la Seguridad Social.

Además de los ex dirigentes de la asociación, han prestado ya declaración como investigados en este caso el actual interventor del Consistorio chiclanero, Ángel Tomás Pérez; la que fue viceinterventora, María del Mar Outón; Diego Benítez, ex concejal de Servicios Sociales por el PSOE; María Ángeles Polanco, ex edil de Fomento por el PSA (socio de gobierno del PSOE); José Manuel Lechuga, ex concejal de Fomento por el PP; María Luisa Guerra, ex edil del PP ya fallecida; los que fueron gerentes de las empresas municipales Chiclana Natural y Emsisa, Rafael Gallo y Luis López, respectivamente; la actual jefa de Servicios Sociales, Begoña Trespalacios; y el técnico de Fomento ya jubilado, Rafael Fondevila.

Las subvenciones objeto de este caso fueron otorgadas a la referida asociación de minusválidos hace una década a través del mencionado Plan Local de Empleo Social (PLES), una iniciativa que fue impulsada por el Ayuntamiento de Chiclana bajo el mandato socialista. Precisamente, el Consistorio chiclanero ejerce la acusación particular en este procedimiento, por cuanto se considera parte perjudicada.

La jueza instructora investiga ahora el supuesto pufo cometido por los responsables de la asociación con las ayudas públicas así como posibles irregularidades en la contratación del personal vinculado a los PLES, de cuya selección se encargaban las empresas municipales Chiclana Natural y Emsisa.

Esta trama se destapó en el año 2011, cuando los 180 trabajadores contratados por la empresa dependiente de la Asociación Virgen del Carmen para realizar trabajos de mejora en diversos caminos rurales de la ciudad a través del Plan Local de Empleo Social descubrieron, cansados de esperar el cobro de sus sueldos, que dicho proyecto no constaba dentro de las actividades subvencionadas por el plan de empleo, lo que generó una cascada de reacciones que terminó con numerosas denuncias por parte de estos trabajadores y reclamaciones de organismos e instituciones públicas, como la propia Seguridad Social o el Ayuntamiento de Chiclana, hacia la asociación y sus directivos.

Así, la Inspección Provincial de Trabajo y la Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social en Cádiz detectaron irregularidades en la gestión de los dos últimos dirigentes de la Asociación de Minusválidos Físicos y Sensoriales Virgen del Carmen de Chiclana, Francisco Orrequia y Antonio Gautier. Los policías centraron sus sospechas en los inusuales picos de contrataciones de la entidad.

A finales de junio de 2012, Orrequia y Gautier fueron detenidos y declararon en las dependencias de la Policía Nacional por un supuesto fraude a la Seguridad Social. Ambos fueron requeridos por miembros de la Policía Adscrita a la Tesorería General de la Seguridad Social en Madrid, que se desplazaron hasta el término chiclanero para profundizar en esta causa que llevaban investigando desde abril de 2011.

Tal y como publicó este medio, los ex directivos de la asociación debían justificar los impagos a la Seguridad Social de 160.000 euros tras la contratación de trabajadores del Plan Local de Empleo Social. La citada asociación recibió alrededor de 1,3 millones de euros durante el año 2011 para realizar contrataciones, si bien el PP denunció que el PSOE abonó unos 140.000 euros más al ex vicepresidente Antonio Gautier.

Las pesquisas policiales practicadas en su día determinaron que los responsables de la asociación descontaron de las nóminas de los trabajadores las cuotas de la Seguridad Social durante 2011, pero no las ingresaron en la Tesorería General, lo que supuso un fraude por importe de 236.375,37 euros. Tal y como afirmó la Policía, cuando el Ayuntamiento requirió a los directivos de la asociación la documentación acreditativa de estar al corriente de pago para acceder a las subvenciones acordadas, estos presentaron documentos falsificados o alterados para simular el pago de las cuotas.

Además, Orrequia y Gautier tenían otras dos entidades bajo su control (Fundación Caminar y Chiclana Servicios Laborales) con las que recibieron subsidios del Ayuntamiento y que también tenían deudas con la Seguridad Social por impagos de las cuotas sociales durante los años 2009, 2010 y 2011, por importe de 262.413,42 euros y 22.279,11 euros, respectivamente. Con ello, el fraude de las tres empresas ascendería a 521.067 euros, según aseveró la Policía en su momento.