El juez ratifica la prisión para los dos últimos detenidos por las muertes de Barbate

Cádiz/El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Barbate ha ratificado la prisión para Y.E.M. y M.L., los dos últimos detenidos por las muertes de los guardias civiles David Pérez y Miguel Ángel González tras ser embestidos por una narcolancha en el puerto de Barbate el pasado 9 de febrero. Ambos viajaban en la semirrígida la noche que ocurrieron los hechos junto al piloto de la embarcación, Karim El Baqqali, también en la cárcel. Los tres pactaron su entrega ante las autoridades semanas atrás.

En un auto dictado este martes, el magistrado Ángel Rojas Navarro ratifica la medida cautelar de prisión provisional, comunicada y sin fianza de los dos investigados, confirmando así el auto del pasado 9 de noviembre que ya decretaba su privación de libertad.

Para el juez, existen indicios de la supuesta comisión por parte de los investigados de dos delitos de asesinato, cuatro delitos de asesinato en grado de tentativa, seis delitos de atentado agravado, un delito de contrabando y un delito de pertenencia a organización criminal.

En el presente caso, argumenta el instructor, se desprende "indiciariamente" que Y.E.M. y M.L., de forma concertada con otros dos investigados, se hallaban a bordo de una embarcación de alta velocidad de 12 metros de eslora y 4 motores fueraborda, género prohibido, en el puerto de Barbate la tarde-noche del pasado 9 de febrero de 2024, junto a otras cinco embarcaciones de alta velocidad tripuladas por otras personas.

En un momento dado, prosigue el auto judicial, una embarcación oficial de la Guardia Civil tipo zódiac, tripulada por seis agentes, emprendió el rumbo hacia las seis embarcaciones de alta velocidad con objeto de disuadirlas y que abandonaran el lugar, momento en el cual la narcolancha pilotada por Karim, en connivencia con los tripulantes de otras gomas que se encontraban próximas, se dispuso a navegar a toda velocidad por el interior del recinto portuario barbateño e hizo "varias aproximaciones hacia la embarcación tripulada por la Guardia Civil" para finalmente alejarse de la patrulla y "aproximarse una vez más a toda velocidad hasta colisionar con la zódiac, causando la muerte de dos agentes y lesiones de distinta consideración a los demás".

Además, mientras se hallaban tripulando la embarcación de alta velocidad, los investigados recibían órdenes directas vía telefónica de parte de un “jefe” o unos “jefes”.

Partiendo de este relato de los hechos, el juez ve "indicios racionales suficiente" para mantenerlos privados de libertad.

Asimismo, el magistrado aprecia riesgo de fuga, por lo que ratifica la prisión provisional para "garantizar la presencia de los investigados", los cuales "podrían sustraerse a la acción de la Justicia al conocer que pueden resultar condenados en vista de la gravedad de los delitos por los que están siendo investigados en el presente procedimiento".

A tales efectos, el juez tiene en cuenta también que ambos investigados tienen nacionalidad marroquí, y "si bien es cierto que han comparecido voluntariamente, se han mantenido alejados de España a lo largo de varios meses conociendo que se les estaba buscando y que estaban siendo investigados por los hechos objeto de esta causa".

Por tanto, el riesgo de fuga está "sobradamente acreditado", máxime cuando la pertenencia de tales personas a organizaciones o grupos criminales que disponen de embarcaciones de alta velocidad, así como la proximidad de la frontera con Marruecos, les permitiría volver a su país de origen con facilidad, eludiendo los controles fronterizos y dificultando en gran medida su persecución. 

Por último, el instructor concluye que, por el momento, no se pueden adoptar otras medidsa cautelares menos gravosas. "No resultarían ni proporcionadas ni eficaces para cumplir los fines del proceso", remata.

El abogado Jorge Piedrafita, letrado que ejerce la acusación popular en nombre de la Asociación Defensa Integral Víctimas Especializada (Adive) ha mostrado su satisfacción porque el juez ha atendido sus argumentos para mantener en la cárcel a los dos últimos detenidos por las muertes de Barbate.

Según Piedrafita, la defensa de los investigados ha realizado un argumentario para "cargar todas las culpas sobre Karim" y ha retratado a sus defendidos como "meros espectadores que nada pudieron hacer" pese a reconocer la brutal embestida contra la embarcación de la Guardia Civil y haber tratado de deslumbrar con un puntero láser a los agentes.