El juicio por los disturbios durante la huelga del metal en Cádiz, este jueves en la Audiencia

Cádiz/La Audiencia Provincial de Cádiz acoge hoy el juicio a siete trabajadores que participaron en la huelga del metal secundada durante varias jornadas en noviembre de 2021 en la Bahía gaditana. La Fiscalía los sienta en el banquillo acusados de los delitos de desórdenes públicos y atentado y solicita para cada uno de ellos la pena total de tres años de cárcel.

En principio, la celebración de esta vista oral estaba prevista el 12 de marzo de este año en el Juzgado de lo Penal, si bien acabó suspendiéndose porque se decidió que el órgano competente para juzgar este asunto era la Audiencia Provincial de Cádiz.

Ese día, unos 200 trabajadores se concentraron a las puertas de la sede judicial en señal de apoyo a los operarios encausados. Hoy se ha repetido la misma escena, por cuanto la Coordinadora de Trabajadores del Metal de la Bahía de Cádiz ha convocado una concentración, esta vez ante el Palacio de Justicia de Cádiz, “en solidaridad con los compañeros que van a ser juzgados”, señala la CTM en un breve comunicado remitido a los medios de comunicación.

El escrito de calificación fiscal expone que los procesados participaron activamente en los disturbios acaecidos en la mañana de los días 22 y 24 de noviembre de 2021 mediante la colocación de barricadas para cortar el tráfico en la barriada del Río San Pedro y alrededores con motivo de la huelga general indefinida del sector del metal, “siendo así que escudándose en la multitud y las reivindicaciones, lanzaron botellas, piedras y otros elementos peligrosos a los miembros de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado desplegados en la zona”.

La acusación pública habla en sus conclusiones provisionales de barricadas para cortar el tráfico en las vías de acceso a Cádiz CA-35 (Puente de la Constitución de 1812) y CA-36 (Puente José León de Carranza), de lanzamientos de piedras, adoquines y botellas de vidrio contra los antidisturbios y de otros actos violentos con contenedores de basura.

De otra parte, la Cooperativa Jurídica Gestea, que representa a cinco de los trabajadores procesados en esta causa, sostiene que las movilizaciones desarrolladas en el Río San Pedro tuvieron lugar “en el marco de una huelga legítima convocada en defensa de un convenio digno para el sector, que recordemos es el vigente actualmente”. Según la defensa, “los enfrentamientos que posteriormente se produjeron tuvieron su origen en una concentración pacífica de los trabajadores por la protección de sus derechos laborales y fue la respuesta de estos ante la innecesaria represión desplegada, pues la Policía ejecutó una injustificada carga con disparos de pelotas de goma y botes de humo”. 

Para Gestea, la calificación de los hechos por parte de la Fiscalía es “desmesurada”. “Es un retorcimiento del Código Penal y todo ello para intentar frenar las reivindicaciones laborales. Presenciamos cómo se castiga al conjunto de trabajadores más activo en defensa de un trabajo digno, quebrando el principio de proporcionalidad y la presunción de inocencia. De este modo, resulta constatable que en este país no todas las personas somos iguales ante la ley”.