Juicio a 11 acusados por expoliar yacimientos arqueológicos subacuáticos en Cádiz

Cádiz/Hoy se celebra en la Audiencia Provincial de Cádiz un juicio a 11 acusados de expoliar restos arqueológicos subacuáticos en distintos puntos de la costa gaditana hace ahora 15 años. Los procesados, entre los que se encuentra un guardia civil, "ocasionaron menoscabos y perjuicios irreparables en varios yacimientos", señala la Fiscalía.

En los registros practicados por la Guardia Civil durante la investigación de este caso, se recuperaron algunas piezas de valor como la parte superior de un ánfora fenicia, dos anclas de piedra romanas del siglo II a.C. y una pieza de cerámica perteneciente a un dolium (envase utilizado en el transporte marítimo de mercancías en un periodo muy concreto de la época romana, desde el siglo I a.C. hasta principios del siglo I d.C.). Se hallaron además saquetes de metralla y balas de cañón del siglo XVI. Muchos de estos materiales férreos están hoy "en estado de ruina al no haber sido sometidos a tratamientos adecuados", subraya la fiscal de este asunto.

Los expolios practicados por los 'cazatesoros' se llevaron a cabo, según el Ministerio Público, en la zona de Getares (Algeciras), en La Alcaidesa (La Línea), en la playa de Zahara de los Atunes, en la Barrosa de Chiclana (sobre todo en las cercanías de Torre del Puerco), en Cabo de Roche y en Bolonia.

De otra parte, en la caja fuerte de uno de los buques extranjeros utilizados por los supuestos expoliadores, se encontraron armas clasificadas "de guerra" que no habían sido declaradas a su entrada en territorio español.

La Fiscalía solicita dos años y seis meses de cárcel y multa de 720 euros para un único acusado, al que considera autor de un delito de depósito de armas de guerra y daños al patrimonio arqueológico. Para nueve de los procesados pide sólo multa (no prisión) de 720 euros como coautores del delito de daños al patrimonio. Y para el guardia civil plantea 4.800 euros de multa como responsable del delito de revelación de secretos por funcionario público. Asimismo, la acusación pública demanda que todos los encausados, salvo el agente, indemnicen conjuntamente a la Junta de Andalucía en 3.000 euros por los daños ocasionados.

Este procedimiento se remonta al año 2004, por lo que concurren en él dilaciones indebidas muy cualificadas.

Calificación fiscal

En sus conclusiones provisionales, la Fiscalía sostiene que el procesado J.F., de nacionalidad estadounidense, era el principal mandatario de la entidad SAGE MARITIME SCIENTIFIC RESEARCH con sede en Arlington, Texas. En el ejercicio del poder directivo que le correspondía en el seno de la referida empresa, el acusado fletó en 2004 el buque Louisa, de 50,02 metros de eslora, dotándolo de material de exploración subacuática, de tripulación y de buzos. El mando logístico y operativo se lo encomendó al también procesado R.M.A. (para el que la Fiscalía solicita prisión).

El buque Louisa arribó a España en octubre de 2004. Concretamente realizó su entrada en el puerto de El Puerto de Santa María -que le sirvió de base- el 29 de octubre de 2004. Dicha embarcación, dice la fiscal, iba pertrechada de elementos destinados a las extracciones. Así, estaba dotada de tubos de succión, robot submarino, detectores de metales submarinos, deslizadores y sonar. Contaba también con una botella de oxígeno con doble fondo "para la ocultación y tráfico de los objetos que se fueron extrayendo".

Con carácter previo a los hechos narrados, especifica el Ministerio Fiscal, los anteriores acusados se habían puesto en contacto con los también procesados L.V., nacional español, y C.B., nacional italiano, ambos íntimamente relacionados con la búsqueda de pecios y con fama nacional e internacional de 'cazatesoros'. El primero era administrador único y presidente de la empresa TUPET Sociedad de Pesquisa Marítima, S.A., con sede en Portugal y sucursales en España. El segundo era historiador especializado en la materia.

La finalidad de dichos contactos era permitir a la empresa SAGE operar en España en la búsqueda de objetos arqueológicos e históricos pertenecientes a buques naufragados y hundidos en la zona de la costa gaditana y obtener así "un importante e ilícito beneficio económico mediante la salida de dichos objetos del país fuera de las vías legales".

Para ello, se creó una filial de la empresa SAGE en España, cuyo administrador único era el encausado L.V. Como siguiente paso, "el más importante", era necesario para los acusados obtener licencias que les permitieran realizar las operaciones de localización y extracción de las piezas arqueológicas en aguas gaditanas, eso sí, "dando apariencia de legalidad a sus maniobras" con el buque Louisa. De ahí que se concertaran igualmente con otros tantos procesados, unos relacionados con las búsquedas subacuáticas y otros con conocimientos y contactos en las Administraciones que se encargaban de expedir y renovar los referidos permisos.

Armas de guerra

Según la Fiscalía, en la caja fuerte del Louisa y bajo la disponibilidad del jefe de la operación, M.V., se escondían varias armas clasificadas como armas de guerra que no habían sido declaradas a su entrada en territorio español.

Así, se disponía de cinco rifles marca Bushmaster, todos ellos fabricados en Estados Unidos; una escopeta marca Mossberq con cañón recortado a 39 centímetros del calibre 12 y considerada como un arma prohibida; y una pistola marca Gennings semiautomática. Todas se encontraban en perfecto estado de funcionamiento y acompañadas de su correspondiente munición.