El macrojuicio mediático por el estudio del poeta Miguel Hernández será en octubre en la Audiencia de Cádiz
La demanda por el derecho al honor, la intimidad y la propia imagen de su padre lleva a José Francisco Baena a sentar en el banquillo a la prensa que se hico eco de la investigación de Juan Antonio Ríos Carratalá
El afincado en Jerez defiende que Antonio Luis Baena Tocón no fue el secretario judicial en el consejo de guerra del poeta como aparece en el estudio del catedrático
El consejo de guerra al poeta Miguel Hernández origina 85 años después una macrocausa mediática en la Audiencia de Cádiz
Durante cinco días de octubre la Audiencia Provincial de Cádiz acogerá un proceso judicial en el que se sentarán en el banquillo de los acusados alrededor de un centenar de personas demandadas por José Francisco Baena, de los que la mayoría de ellas son periodistas y editores de muchos de los medios de comunicación nacionales.
El auto por el que la jueza remite a los demandados a juicio esclarece los planteamientos de excepcionalidad planteados en febrero y que se han resuelto con la salida del proceso de algunos entramados mediáticos por no tener personalidad jurídica, de modo que se da falta de legitimidad en la demanda. No pasa así con los periodistas y directores de los medios de comunicación, que sí que tendrán que comparecer en la Audiencia gaditana, que albergará el juicio por necesidades de espacio a partir del 14 de octubre.
El motivo por el que este cordobés afincado en Jerez ha demandado a parte de la prensa española es porque considera que han vulnerado el derecho al honor, la intimidad y la propia imagen de su padre, Antonio Luis Baena Tocón. Este hombre aparece en la investigación histórica del catedrático de la Universidad de Alicante Juan Antonio Ríos Carratalá como miembro del consejo de guerra que condenó a muerte a Miguel Hernández.
En los estudios del catedrático figura como funcionario público, concretamente como secretario judicial, cuestión que Baena niega. El demandante circunscribe la presencia de su padre por esas fechas en el juzgado que instruye el consejo de guerra del poeta como el destino al que le enviaron dentro del cumplimiento del servicio militar obligatorio.
Medios de comunicación demandados
Los periodistas y medios de comunicación que describieron el papel que ostentó Baena padre como secretario judicial del consejo de guerra que condenó a Miguel Hernández, están llamados a presentarse en los juzgados este mes de octubre por esa vulneración de derechos fundamentales que antes mencionamos. La demanda entiende que la libertad de expresión e información no prevalece sobre una intromisión en otros derechos fundamentales que están basados en datos que no son ciertos, según la documentación de los hechos realizada por el propio demandante.
Pero, ¿por qué más de treinta medios de comunicación, además de otras organizaciones como sindicatos o entidades culturales se hicieron eco de esta investigación histórica sobre Miguel Hernández? Pues porque José Francisco Baena ha intentado frenar su divulgación a través de diversos procesos judiciales contra la Universidad de Alicante y Google para lograr que se desindexasen estos estudios. El demandante aludió al derecho al olvido de la figura de su padre para hacer desaparecer de la red todo rastro de la investigación que entiende que atenta contra su figura, mientras que el catedrático Ríos Carratalá defiende la investigación histórica y sus fuentes. De este altercado judicial se hacen eco numerosos medios.
A quién se juzga
El listado de demandados es amplia y lo encabeza el propio catedrático Juan Antonio Ríos Carratalá. Le siguen una troupe de periodistas por firmar informaciones sobre este tema (cuatro redactores de El País, tres de Hora 14 de La Ser–y su director José Antonio Marcos– y dos de La Sexta) y directores de medios de comunicación como Soledad Gallego, Pedro J. Ramírez, Antonio García Ferreras, Ignacio Escolar, Bieito Rubido o Cristina Ónega, en los que aparecieron diferentes noticias sobre lo ya aludido. Además, forman parte del proceso otras entidades que se hicieron eco de los teletipos de agencias de comunicación –también demandadas– como UGT o el Archivo Histórico Provincial de Alicante y personas más allá del periodismo como el editor de la Wikipedia o el rector de la Universidad de Alicante.
La petición de indemnizaciones que lleva aparejada esta demanda múltiple se encuentra entorno a los once millones de euros, aunque según la defensa “el tema económico no es la razón principal, sino la mancillación al honor de su familia”, y explica que esa cuantía tan onerosa se debe a “la responsabilidad subsidiaria que conlleva la propia demanda”.
La trascendencia viral que han tenido las informaciones sobre los intentos de desindexación de los trabajos del catedrático, con al menos cien noticias detalladas en la demanda, representan “una torticera campaña de desinformación” por difundir los estudios de Ríos Carratalá sin haber contrastado el contenido. Este argumento es el que ha llevado a Baena a trasladar este debate sobre el periodismo a la sede judicial el próximo octubre.
Doble varapalo judicial en el intento de desindexar el estudio
El juicio que se va a celebrar en octubre en la Audiencia gaditana no es el principio judicial de esta historia. Desde 2019, José Francisco Baena está luchando contra lo que considera una falsedad que coloca a su padre en un lugar en la historia que no le corresponde. Sin embargo, todos los intentos que han pasado por sede judicial hasta ahora han sido desestimados. Ha intentado la desindexación –hacer desaparecer los enlaces de los motores de búsqueda de Internet– por parte de Google de las investigaciones de Ríos Carratalá donde aparece el nombre de su padre, así como que la Universidad de Alicante haga lo propio. Sin embargo, recientes sentencias del Tribunal Supremo y del Tribunal Superior de Justicia de Valencia han desestimado sus recursos porque considera que prevalece la libertad de expresión y de investigación científica e histórica al derecho al olvido –que es lo que se reclamaba en estas demandas–.
En el caso del proceso judicial que se desarrolla en Cádiz, la demanda lleva jurisidicciones diferentes –por lo Civil en lugar de lo Contencioso-Administrativo– y reivindica derechos diferentes –derecho al honor, intimidad y propia imagen frente el derecho al olvido–, pero la prevalencia de la libertad de expresión puede servir de antecedente para estos hechos. La ponderación de este derecho está por encima incluso de la “inexactitud parcial de una información que afecta a una persona fallecida y que aparece incorporada a una investigación histórica y científica, la exigencia de exactitud de lo afirmado se aminora y debe ponderarse la trascendencia de la inexactitud en el conjunto de la información”. En definitiva, que un fallo no es significativo como para borrar toda una investigación.
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