“La Junta tiene que mostrar su interés presupuestario en la Ciudad de la Justicia de Cádiz”

Cádiz/Antonio Rodríguez (Puerto Real, 1976) es juez pero no es hijo de juez. Ejemplifica así una tendencia que está ganando terreno en los últimos tiempos, pues cada vez son más los magistrados que no provienen de una familia vinculada tradicionalmente a la judicatura. El padre de Antonio fue tubero en los Astilleros de Puerto Real. Hoy su hijo es juez decano de Cádiz y magistrado titular del Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 2.

–Fue nombrado juez decano de Cádiz en marzo de este año. ¿Cómo ha sido el aterrizaje en este nuevo puesto?

–Considero que aún estoy en fase de aprendizaje. He sido decano en otros partidos, pero lo que implica una gran capital como Cádiz, con tanto volumen y 27 juzgados, no es lo mismo. Eso sí, me he encontrado con muy buen personal dentro del decanato, gente colaboradora que me ha ayudado en el inicio de mis funciones. También he recibido apoyo institucional por parte del presidente de la Audiencia Provincial y del fiscal jefe de Cádiz.

–¿Cómo ha sido el arranque del año judicial en Cádiz?

–Aquí estamos todos pendientes de la Ciudad de la Justicia, cuya situación está cobrando tintes alarmantes. Los edificios judiciales en Cádiz son muy precarios, no son dignos de una capital. Además, las sedes están divididas y la gente tiene que ir de un sitio a otro, con todo lo que ello conlleva: problemas de localización, de aparcamientos...

–Este verano hubo un nuevo escollo en este proyecto, al parecer ya resuelto, porque la Junta solicitó más espacio en los terrenos de los antiguos depósitos de tabaco cedidos por el Ayuntamiento de Cádiz.

–El anterior delegado territorial de Justicia en Cádiz, Miguel Ángel Rodríguez [de Ciudadanos], hizo mucho por la Ciudad de la Justicia y hay que agradecérselo. Él sí que fomentó y fermentó el proyecto, ya presupuestado. Eso lo dejó hecho antes de irse. Tras las elecciones andaluzas hubo un cambio de Gobierno y el nuevo delegado [del PP] pidió más suelo para el emplazamiento de la Ciudad de la Justicia. Se trata de una cuestión urbanística que el Ayuntamiento de Cádiz, con muy buena colaboración, va a solventar en un pleno próximamente. En ese sentido, creo que el Ayuntamiento gaditano ha hecho todo lo posible, ha cedido los terrenos de forma gratuita. Más no podía hacer. Y en el momento que ha habido algún problema, lo ha intentado solucionar. También hay que agradecérselo. Ahora la pelota está en el tejado de la Junta de Andalucía, que es la que tiene que construir el edificio y mostrar su interés presupuestario. Estoy convencido de que va a haber buena voluntad y de que se va a culminar en los próximos años. Todos los colectivos implicados, judicatura, abogados, procuradores, graduados..., estamos empujando a ello.

Un aspecto en el que le insistí mucho al anterior delegado territorial de Justicia es que la administración debe contar con los jueces a la hora de abordar el proyecto definitivo de la Ciudad de la Justicia. Que nos oigan y nos escuchen porque nosotros sabemos cuáles son las necesidades que tiene un edificio judicial. Que se reúnan con nosotros antes de darle el visto bueno.

–¿Cree que el cambio político en la Junta, que ya gobierna en solitario el PP, puede suponer otro escollo?

–Yo creo que no, espero que no. Lo razonable es construir una Ciudad de la Justicia oyendo a los jueces.

–¿Qué opinión le merece que la Audiencia y la Fiscalía se queden en el Palacio de Justicia actual, en la Cuesta de las Calesas?

–Tengo opiniones encontradas al respecto. Hay muchas ciudades que tienen la Audiencia Provincial en un inmueble y la Ciudad de la Justicia en otro. La Audiencia de Cádiz está en edificio histórico y entiendo que no tenga por qué moverse. Me parece que está bien donde está, está próxima al casco antiguo y lleva una parte muy específica del trabajo. Sin embargo, de la Fiscalía opino diferente, creo que debería ubicarse en la futura Ciudad de la Justicia por un motivo funcional. Un fiscal cerca de un juzgado siempre es mejor que un fiscal cerca de una Audiencia Provincial. Y la funcionalidad de un juzgado y la Fiscalía deberían ir de la mano.

–¿Sigue haciendo mella la pandemia en la sobrecarga de asuntos que arrastran muchos juzgados de la provincia?

–La crisis sanitaria del Covid no ha afectado por igual a todos los juzgados. En el caso de la jurisdicción Social, la sobrecarga ha sido muy acuciante y, por lo tanto, hay un mayor retraso en la tramitación de las causas. No podemos olvidar que los juzgados de lo Social han absorbido los ERTE, los despidos originados por el Covid... En cualquier caso, yo siempre he reivindicado, antes incluso de la pandemia, un juzgado más de lo Social y otro de lo Penal para Cádiz, pues las mayores cargas de trabajo están en sendos ámbitos. El resto de los órganos están bastante saneados a nivel de pendencia y de resoluciones.

–Precisamente este medio publicó recientemente que el Juzgado de los Social número 3 de Cádiz están señalando juicios para 2025?

–El señalamiento de las vistas es una competencia del juez y del Letrado de la Administración de Justicia. Yo, como decano, no tengo ninguna función de inspección al respecto, y si me llegara alguna queja, la elevaría al organismo competente. Sea como fuere, y que yo sepa, los tres juzgados de lo Social de Cádiz sufren retrasos en los señalamientos por el volumen tan grande de trabajo que soportan. No es una cuestión particular del número 3, aunque su titular, el magistrado Francisco de Borja Derqui Togores, haya sido objeto de críticas por parte de distintos operadores jurídicos. Insisto, Cádiz necesita un cuarto juzgado de lo Social.

–¿Qué funciona bien en la Justicia gaditana?

–A nivel de pendencia y de trabajo, le aseguro que la Justicia de Cádiz es un buen servicio público. Los juzgados de Instancia, de Instrucción, de lo Contencioso... resuelven los asuntos con bastante eficacia.

A nivel de medios, se ve que la Junta de Andalucía está intentando modernizarlos. De hecho, está implantando el nuevo Adriano, nuestra base operativa más importante, que ahora se dirige hacia el papel cero y la digitalización de la Justicia. Asimismo, es una herramienta que va encaminada hacia el teletrabajo. La informatización es clave en la Justicia y se está avanzando mucho al respecto en los últimos años.

–¿Qué imagen cree que tienen los ciudadanos de la Justicia con un Poder Judicial sin renovar, un Tribunal Constitucional igualmente enquistado...?

–Yo siempre digo lo mismo. La Justicia a nivel profesional es una cosa y a nivel de las grandes esferas judiciales, otra. Si un gaditano lee en el periódico que el Consejo General del Poder Judicial lleva tres años sin renovarse porque no hay acuerdo entre las grandes fuerzas políticas, la imagen que se da es mala. No obstante, no es una cuestión de la Justicia, es de los poderes legislativo y ejecutivo. La Justicia no tiene la culpa, la tiene quien no se pone de acuerdo.