En libertad provisional uno de los siete implicados en el caso de la perrera de Puerto Real

Puerto Real/El juzgado número dos de Puerto Real decretó libertad provisional para uno de los siete trabajadores imputados de la perrera de esta localidad por el supuesto sacrificio de animales con Mioflex. Esta persona, que se encontraba en busca y captura desde el 8 de julio por hallarse en paradero desconocido, fue localizada y detenida en Ceuta a principios de este mes.

En un comunicado, la organización proteccionista de animales 'El Refugio', personada como acusación en el caso, explicó que en el auto de fecha 4 de agosto, la juez acordó libertad provisional para esta persona, con la obligación de comparecer ante el órgano judicial los días 1 y 15 de cada mes e informar de cualquier cambio de domicilio ya que, en caso de incumplimiento, podría reformar su resolución y acordar prisión provisional.

Asimismo, explicó que en octubre prestará declaración como imputado otro trabajador de la perrera puertorrealeña y recordó que el número de imputados en el procedimiento asciende a siete: el dueño de la perrera, la directora, el veterinario titular, el antiguo veterinario y tres trabajadores, a quienes se acusa de los supuestos delitos de falsedad documental y denuncia falsa, así como delito continuado de maltrato de animales.

"Los veterinarios mienten"

Según 'El Refugio', el veterinario titular y el antiguo veterinario «mienten» en sus declaraciones ya que afirman que inyectaban el paralizante muscular Mioflex en los animales, una vez muertos para evitar así que estuviesen rígidos.

«Esta afirmación es falsa», sentenció, ya que según el presidente del Ilustre Colegio de Veterinarios de Cádiz, Federico Vilaplana, «el fármaco Mioflex no puede realizar ninguna clase de función sobre un animal muerto».

Finalmente, la organización aplaudió la actuación la titular del juzgado puertorrealeño por la «gran celeridad» con la que está instruyendo el que es el primer procedimiento penal contra una perrera en España.

'El Refugio' denunció los hechos ante el Seprona el pasado 15 de junio del año 2007. Según dijo, la perrera recogía miles de perros y gatos anualmente de varios municipios de la provincia de Cádiz y que, supuestamente, eran sacrificados con un paralizante muscular que ocasionaba una muerte lenta y agónica por asfixia que podía durar varios minutos en los que el animal estaba absolutamente consciente.