Lorenzo del Río, presidente del TSJA, exige responsabilidades a la clase política, si no "la Justicia colapsará”

Cádiz/"Que la Justicia sea percibida como lenta y poco eficiente sólo responde a la realidad. Y si no ha colapsado todavía se debe, en gran parte, al sentido de la responsabilidad que mantienen en general quienes trabajan día a día en los Juzgados, pese a las deficiencias estructurales, organizativas y de recursos, junto a unos niveles de litigiosidad nunca sometidos a métodos y criterios de razonabilidad y sostenibilidad”. Ésta es una de las conclusiones reflejadas en la Memoria anual del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía dada a conocer este viernes.

El balance refleja la falta de modernización del Poder Judicial, por lo que vuelve a apelar “a la responsabilidad de los encargados de la gestión política”. En este sentido, explica que nada se ha materializado durante 2023 en torno a tres ejes de actuación para modernizar y transformar la Administración de Justicia: organizativo (promoviendo la eficiencia operativa de este servicio público), procesal (cambios profundos en el proceso penal, al tiempo que se incide en el uso abusivo de la jurisdicción) y tecnológico (consiguiendo la ansiada transformación digital e incrementando la cohesión y coordinación territorial).

"Nuestros responsables políticos siguen frustrando reformas necesarias del sistema judicial por la falta de consenso político y visión de Estado, dejando transcurrir periodos temporales significativos que abarcan varias legislaturas. Las fuerzas políticas deberían ser conscientes de la necesidad y urgencia en conseguir cambios en nuestro sistema de justicia. Y 2023 ha sido un nuevo año perdido”.

El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Lorenzo del Río, recuerda que “llevamos más de veinte años de transitoriedad. La Justicia, a nuestro pesar, no es una prioridad política, pero la litigación masiva y el incremento exponencial de asuntos en algunos órdenes jurisdiccionales, la complejidad creciente de la sociedad y la economía, y otros aspectos estructurales, hacen ineludible el viraje prometido hacia una justicia más ágil, efectiva y digital”.

Y concluye: "No queremos predicar en el desierto, pero la situación descrita debería, una vez más, ser una oportunidad para que los grupos parlamentarios se pusieran de acuerdo en un gran pacto de Estado por la Justicia. Esa necesaria muestra de responsabilidad de la clase política debe marcar el camino. Porque, un día, la Justicia colapsará”.

Infraestructuras

El informe del TSJA aborda, un año más, las deficiencias estructurales del sistema judicial en la provincia gaditana. Así, expone que "sigue la paciente espera sobre la construcción de la Ciudad de la Justicia en Cádiz" tras la firma de un convenio con el Ayuntamiento de la capital por el que se formalizó la afectación de los inmuebles sitos en el Complejo de los Depósitos de Tabacalera con destino a la sede judicial.

En Algeciras, especifica el balance, se descarta por el momento el desalojo de los Juzgados de lo Penal en el edificio de Marzales, instalaciones muy deficientes y en mal estado de conservación. Todo ello, pendientes del proyecto de ejecución de una sede de nueva planta en Avenida Virgen del Carmen, donde se instalarían los Juzgados de lo Penal, los Juzgados de Menores y Vigilancia Penitenciaria, la Sección Séptima de la Audiencia Provincial de Cádiz, la Fiscalía de Área de Algeciras, la Clínica Médico-Forense y el Juzgado de Guardia. Mientras tanto, se ha procedido a un nuevo alquiler para concentrar los Juzgados de Menores, Vigilancia Penitenciaria y Violencia sobre la Mujer,

En Jerez de la Frontera sería conveniente, según el TSJA concentrar las sedes y solucionar las deficiencias en las actuales instalaciones, en tanto se define el nuevo emplazamiento y posible sede de la Ciudad de la Justicia de esta ciudad.

Los Juzgados de El Puerto de Santa María siguen provisionalmente ubicados en un polígono industrial desde el año 2006, alejados de la ciudad y presentan serias deficiencias. En consecuencia, resulta ya perentorio unificar en un edificio los Juzgados y abandonar las actuales sedes arrendadas.

Puerto Real y San Roque cuentan con unas instalaciones deficientes, al tiempo que La Línea de la Concepción exige una nueva sede judicial, en cuya idea se trabaja en el sentido de rehabilitar y ampliar el antiguo Hospital Municipal.

En cifras

La Audiencia Provincial de Cádiz -con ocho secciones y con sedes en la capital gaditana, Algeciras, Ceuta y Jerez de la Frontera- ha registrado en el año 2023 un total de 8.557 asuntos, de los que 5.229 fueron penales y 3.328 civiles.

Según refleja la memoria anual del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), en las secciones de Cádiz capital el número de asuntos ingresados ha sufrido un significativo descenso y, consecuentemente, de los pendientes al final de año.

Por su parte, la Sección Séptima, con sede en Algeciras y una plantilla de seis magistrados, ha experimentado un descenso en el número de asuntos registrados, pero también en los resueltos, por lo que la pendencia ha aumentado un 28%.

La Sección Octava, con sede en Jerez, tiene cinco magistrados y ha experimentado también un descenso del 19% en el número de asuntos registrados, a la vez que el número asuntos resueltos ha disminuido en un 5%.

Según refleja la memoria del TSJA, en el año 2023 se ingresaron en la Audiencia Provincial de Cádiz un total de 5.229 asuntos penales, un 8% menos que el año anterior, y se resolvieron 5.319, lo que supone un 2% menos. En cuanto a la cantidad de asuntos pendientes a final de año es de 1.165, lo que supone un 7% menos que el año anterior.

Asimismo, según indica la Memoria del TSJA, de los asuntos penales iniciados en 2023, el diez por ciento corresponde a procesos en única instancia y el 88% a recursos.

En cuanto a las resoluciones, en la Audiencia Provincial de Cádiz se dictaron un total de 5.207 resoluciones penales, con 1.706 sentencias y 3.501 autos finales, según la memoria del TSJA.

El balance señala que una tendencia constante que se observa al analizar la actividad penal de la Audiencia Provincial de Cádiz es que la cantidad de asuntos ingresados y la cantidad de asuntos resueltos han disminuido y la pendencia ha bajado un ocho por ciento respecto a 2022.

El volumen de asuntos resueltos revela "laboriosidad "de los magistrados, si bien de la carga total de trabajo las secciones Primera y Tercera han resuelto porcentajes en torno al 85%, al igual que la Octava, con sede en Jerez, mientras que la Cuarta resuelve el 100% y prácticamente no tiene asuntos pendientes. Las secciones Sexta y Séptima, por el contrario, resuelven en torno al 70%.

Así, el TSJA indica que la tasa de pendencia da una estimación del tiempo de resolución previsto y oscila entre los dos meses las Secciones de Cádiz y Jerez, mientras que se eleva a cinco meses en Algeciras y Ceuta.

En cuanto a la Jurisdicción Civil, según recoge la Memoria, en el último año se han registrado en la Audiencia de Cádiz 3.328 asuntos civiles, lo que supone un 21 por ciento menos que en 2022, y se han resuelto 3.325. Así, la carga de trabajo civil total es de 7.551 asuntos --pendientes a principios de año más registrados- y se ha resuelto el 44 por ciento.

Según recoge la memoria del TSJA, en el año 2023 se han dictado en todas las Secciones de la Audiencia de Cádiz 2.999 resoluciones civiles que corresponden a 2.179 sentencias y 820 autos, de los que 694 resuelven recursos, clasificándose en 58 por ciento estimatorios, 42 por ciento desestimatorios.

El informe de 2023 refleja que la cantidad de asuntos civiles registrados en la Audiencia Provincial de Cádiz ha disminuido de forma significativa este año, con un 22% menos, si bien la pendencia prácticamente no varía respecto al año anterior al mantenerse prácticamente la misma tasa de resolución anual. Por ello, continúa siendo elevada la bolsa de asuntos pendientes.

Finalmente, ha indicado que la tasa de pendencia da una estimación del tiempo de resolución previsto y oscila entre los tres meses que tardaría la Sección Octava, los 19 meses de la Sección Quinta y los 28 meses que tardaría la Sección Sexta, alejados del plazo razonable.