A juicio Lorenzo Sánchez, exalcalde de Rota, acusado de pagar con dinero público a okupas para que desalojaran viviendas

Cádiz/Lorenzo Sánchez, alcalde de Rota por Roteños Unidos (RRUU) desde 2003 a 2010, regresa al banquillo, esta vez acusado por la Fiscalía de pagar con dinero público a unos okupas para que desalojaran unas viviendas ubicadas en unos terrenos a los que el Ayuntamiento pretendía dar otro uso urbanístico. A cambio de abandonar las casas, sus moradores recibieron una suma superior a los 45.000 euros, cantidad con la que después pudieron hacer frente a una entrada para adquirir otra vivienda, según la acusación pública.

El fiscal considera que el ex regidor de Rota es autor de un delito continuado de malversación de caudales públicos en concurso con un delito de prevaricación y de fraude a la administración y solicita para él la pena de cuatro años y medio de prisión, ocho de inhabilitación absoluta y 18 años de inhabilitación especial para el cargo de alcalde o cualquier otro puesto de elección popular de ámbito local, provincial, autonómico, estatal o europeo. El juicio se celebrará los días 16 y 19 de diciembre en la Audiencia de Cádiz.

Lorenzo Sánchez ya fue condenado a 13 años de inhabilitación y a un año y medio de prisión por el caso Uniformes, si bien la Audiencia de Cádiz decidió suspenderle la pena y no entró en la cárcel. En las otras dos causas que llevaron a Sánchez ante la Justicia, el caso Horas Extra y el caso Convenios Urbanísticos, el ex alcalde roteño fue absuelto. El que fue líder de Roteños Unidos (RRUU) tiene pendiente otro procedimiento en los tribunales, el caso Parking, un asunto que pretende esclarecer la supuesta permuta ilegal de suelos municipales a cambio de la construcción de un aparcamiento subterráneo en Rota. En esta ocasión, la Fiscalía lo acusa de prevaricación y fraude a la administración y solicita para él dos años de cárcel y doce años de inhabilitación.

El escrito de calificación del caso de los okupas recoge que el 10 de septiembre de 1976 el Pleno del Ayuntamiento de Rota, al querer construir una promoción social sobre unos terrenos en los que había un asentamiento de chabolas, acordó trasladar a los chabolistas a 26 viviendas, para lo cual les ofreció un régimen de alquiler por un precio muy asequible, entre 1.500 y 2.000 pesetas mensuales, sin que se aprobase la posibilidad de adquirirlas en propiedad.

Pasado el tiempo, algunas de esas casas se quedaron vacías, situación que fue aprovechada por algunas personas para ocupar las mismas de manera ilegal, llegando incluso a entrar por la fuerza forzando la cerradura.

Los vecinos que ocupaban ilegalmente las viviendas no pagaban alquiler al no tener título alguno que les legitimase a permanecer en las mismas. Algunos, detalla la Fiscalía, realizaron enganches para la obtención de electricidad de manera fraudulenta.

Con el paso de los años –prosiguen las conclusiones provisionales del fiscal– como el estado de los inmuebles no era el más óptimo y se encontraban deteriorados, el Ayuntamiento de Rota decidió demolerlos y darle a la zona una nueva ordenación urbanística. Para ello, el 24 de octubre de 2006 la Junta de Gobierno Local, a propuesta de Lorenzo Sánchez, acordó el realojo y compensación económica de los propietarios o titulares de al menos del derecho de posesión, para lo cual se pactó anticipar la cantidad de 120.000 euros a la Sociedad Municipal Sursa y así hacer frente a dichas compensaciones.

“Dicho acuerdo de la Junta de Gobierno Local no amparaba, como no podía ser de otra manera, la entrega de cantidad alguna de dinero a las personas que estaban ocupando de manera ilegal dichas viviendas, ya que no poseían título alguno que las habilitase para residir en las mismas al no haber sido adjudicatarias según el acuerdo del Pleno del año 1976”, precisa el Ministerio Fiscal.

La acusación pública señala en su escrito que, pese a que el entonces alcalde de Rota tenía constancia tanto del acuerdo del Pleno de 10 de septiembre de 1976, como del acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 24 de octubre de 2006, “contravino los mismos de una manera grosera y con la finalidad de beneficiar ilícitamente a varios ocupantes ilegales de las mencionadas viviendas, de manera unilateral y por su propia decisión, firmó dos convenios en nombre del Ayuntamiento y en nombre de la Sociedad Municipal Sursa en virtud de los cuales, a cambio de la cesión de los derechos que pudieran tener sobre dichas viviendas (ninguno al ser okupas), les entregaría a cargo de las arcas municipales una cuantía de dinero que se correspondía con la entrada para la adquisición de nuevas viviendas que se estaban comercializando por Promociones Castellano”.

Al final no se derribó dicho bloque, sino que únicamente fueron reformadas algunas de las viviendas, “precisamente las de las personas que las ocuparon ilegalmente y que habían recibido dicho dinero para su desalojo”, apunta el Ministerio Fiscal. Una vez que estas casas fueron deshabitadas por sus ocupantes ilegales, salieron a concurso público con sus correspondientes bases para poder ser adjudicadas a terceros. 

Los convenios

El primer convenio lo firmó Sánchez el 14 de marzo de 2007. Según la acusación pública, por el mismo se entregó la suma de 22.396,64 euros a dos okupas que, además, hacía ya dos años que ni siquiera vivían en la casa en cuestión. “Mediante ese convenio se acordó arbitrariamente la entrega indebida de una cantidad de dinero público en favor de unas personas a cambio de abandonar una vivienda sobre la cual carecían de título alguno, en vez de haber acudido a los procedimientos legalmente previstos para su expulsión, como es el desahucio”, aclara el fiscal, que especifica que ese dinero permitió a la pareja hacer “frente a una entrada para adquirir otra vivienda sin ajustarse al procedimiento previsto en la Ley General de Subvenciones de 2003”. Asimismo, apostilla que ese primer convenio no fue fiscalizado previamente por la intervención, como exige la Ley de Haciendas Locales.

El segundo de los convenios, también “manifiestamente ilegal”, se suscribió con otros dos okupas el 12 de septiembre de 2007. En esta ocasión, la cantidad que el entonces alcalde acordó entregar indebidamente a cambio de la cesión de los derechos sobre la vivienda y que de facto suponía la expulsión de los moradores que la ocupaban ilegalmente fue de 23.342, 422 euros, “cantidad que coincidía también con la entrada de otra vivienda de la misma promoción” que en el caso anterior.

La Fiscalía sostiene que Lorenzo Sánchez firmó este acuerdo, no como alcalde, sino como presidente de la Sociedad Municipal Sursa. Sin embargo, “carecía de capacidad para ello”, pues era el Consejero Delegado de la entidad pública al que le correspondía comprometer cantidades de hasta 150.000 euros para fines propios de la misma.

“Siguiendo con el cúmulo de irregularidades, el segundo acuerdo no fue ratificado con posterioridad por el Consejo de Administración de Sursa, de hecho no existe acta que acredite que se celebrase Consejo de Administración alguno”, advierte el Ministerio Fiscal.

El fiscal reclama tanto a Sánchez como a las personas que se lucraron la suma de dinero supuestamente defraudada.