Marea Blanca: "Desviar la atención sanitaria a mutuas es un traspaso de los fondos públicos"

La semana pasada, Gobierno, CEOE, CEPYME, CCOO y UGT firmaban un nuevo acuerdo nacido de la Mesa de Diálogo Social de Seguridad Social y Pensiones. Un texto en el que no sólo se incluye la famosa flexibilización de la jubilación, sino también la gestión por parte de las mutuas sanitarias de las bajas traumatológicas dentro de las contingencias comunes. 

Una medida que intenta descongestionar los servicios sanitarios y que contribuirá –en palabras de Pedro Sánchez– a “aprovechar mejor los recursos de las mutuas, con el fin de recuperar la salud de las personas trabajadoras”. El acuerdo añade que se evitará así la “prolongación innecesaria de los procesos”. El mismo día, las mutuas privadas y el Ministerio de la Seguridad Social firmaban el nuevo convenio del sector que incluía este punto. 

Todo ello, en la línea de lo ya desarrollado en el V Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva, que insta a las administraciones con competencias en la materia a “desarrollar convenios con dichas mutuas, encaminados a realizar pruebas diagnósticas y tratamientos terapéuticos y rehabilitadores en procesos de IT por contingencias comunes de origen traumatológico”. 

Lo cierto es que Traumatología es, tradicionalmente, una de las especialidades que acumulan mayor número de retrasos –en el Hospital de Puerto Real, por ejemplo, había 8.278 citas fuera de plazo en primera en la especialidad a primeros de año; 3.400 estaban también fuera de fecha en el mismo caso en el Puerta del Mar; y 4.553, en el Hospital de La Línea–. Por ello, como recordaban en una nota las Mareas Blancas gaditanas, el desvío de este tipo de bajas, que eran gestionadas por mutuas, era un práctica habitual, pero ahora ya se ha puesto “negro sobre blanco”: “Hemos constatado que, en las problemáticas por contingencias comunes de este tipo, desde una lumbalgia hasta una fractura, siempre actúa la inspección médica –apuntan desde la plataforma–. Por la información que tenemos nosotros, era la práctica habitual. Así que los pacientes dan por hecho, primero, que ya funciona así, sin ser conscientes de que no debería ser de este modo”. 

“En la mayoría de los casos –continúan–, es constatable que los trabajadores reciben el alta por inspección de trabajo y desde la mutua, a través de burofax”. Para AMAT, la asociación de Mutuas de Accidentes de Trabajo, más de un millón de trabajadores diagnosticados con una patología traumática tardan más de un mes de lo necesario en reincorporarse: “La queja habitual desde las mutuas es la hemorragia de dinero que se pierde a causa de bajas que se pasan de plazo: criminalizan al que está trabajando”, añaden al respecto de Marea Blanca Gaditana. 

En su comunicado, el colectivo manifestaba su asombro por el apoyo que daban los sindicatos mayoritarios a la medida: “Intentamos hablar con ellos pero nos dieron la callada por respuesta:les pillamos con el paso cambiado, porque muchos no tenían ni idea. Lo que les recriminamos –prosiguen– es que estén participando en la privatización de la sanidad pública, ya que la explicación que se da para está medida es la misma que para los conciertos con hospitales privados, el mejorar la listas de espera”, comentan, señalando que en las propias páginas web de los sindicatos promocionan los conciertos médicos entre sus afiliados. 

Cuando lo que habría que hacer, añaden,“es invertir más en la red de la Seguridad Social con el tema de los accidentes y las contingencias comunes. Es más cómodo, por supuesto, decir que los lleven las mutuas. Y todo lo que asuman las mutuas por contingencias comunes lo tiene que financiar la sanidad pública, ya sea a través de presupuestos específicos o a través del SAS, así que es un traspaso de fondos públicos”.

Para las Mareas Blancas, este es el primer paso de un camino que tiene como objetivo “por parte de las mutuas hacerse con las bajas que los trabajadores computen a través de Atención Primaria. Así, fuera de ese espacio y con un gestión eminentemente pública quedarían sólo los jubilados, quienes no tienen trabajo o quienes en algún momento necesitan de la AP y no estén trabajando”.