La marea de paneles en Cádiz sigue creciendo sin regulación vinculante

Uno de los registros más recientes de la Delegación de Medio Ambiente arroja cincuenta y cinco propuestas, en trámite o autorizadas, de plantas foltovoltaicas en la provincia. Cada semana se suma alguna más, aunque hay iniciativas que se han desestimado: “A lo largo del último año, se han desechado proyectos especulativos que no tenían garantizada la evacuación de electricidad, por ejemplo, o por el impacto paisajístico y territorial es áreas dentro de la Red Natura 2000 y demás zonas protegidas”, indica Daniel López, de Ecologistas en Acción. Unos proyectos que no se penalizaban si los promotores renunciaban de motu propio a desarrollarlos. “Tenemos la suerte –continúa López– de que la Delegación de Medio Ambiente de la Junta en Cádiz tiene buenos técnicos”.

Muchos proyectos han recogido, también, rechazo público: en la zona del Campo de GibraltarCampo de Gibraltar, por parte de los agricultores y de la población; en la campiña de Jerez, “donde la eólica se ha metido en el viñedo”, y también la suspicacia por parte de algunos alcaldes de la Sierra: en Algodonales, por ejemplo, quieren tener más capacidad para decidir dónde colocar este tipo de plantas; Villamartín quiere que se regule más la actividad y los ayuntamientos puedan tener más peso en las decisiones –una vez un desarrollador llega con los sellos de la Junta a un ayuntamiento, poco hay que hacer–.

Y es que la avalancha de solicitudes, como vemos, ha continuado durante estos doce meses. Especialmente, en aquellos terrenos cercanos a nódulos de conexión y subestaciones eléctricas. Una marea que no cesa y que se da, entre otras cosas, porque “todavía no existe ningún tipo de ordenación vinculante, que obligue al promotor a sujetarse a las áreas preferentes. Pero la administración autonómica parece que prefiere por ahora mirar para otro lado”, apunta el ecologista.

Según datos recogidos por la Agencia Andaluza de la Energía, los paneles solares produjeron en la provincia gaditana un total de 448.6 MW durante el año pasado, incluyendo tanto aquellas instalaciones conectadas a red como las que se encuentran aisladas. Una cifra que supone casi el 13% del total de la energía de esta modalidad que se produce a nivel andaluz. Todavía está lejos, curiosamente, de las marcas de la renovable que más aporta en la provincia dentro de la comunidad autónoma, la eólica, que con 1.395 MW se apuntó el año pasado un 39,7% del total de esta energía producida en Andalucía.

La producción de energía eólica destaca, de hecho, desde hace diez años como generadora de energía renovable, con una potencia que no ha bajado de los 1.309 MW anuales y que se mantiene desde 2019 en la misma potencia de este año. Frente a esta contundente estabilidad, destaca el caso de la fotovoltaica, que en 2012 contribuía con 72.8 MW anuales a nuestra producción eléctrica y que saltó a generar 129,9 MW en 2019.El año pasado, en 2021, la producción de energía fotovoltaica en la provincia estaba en 448,8 MW. Ha más que triplicado su potencia en tan sólo dos años.

Desde las organizaciones ecologistas, y desde diversas plataformas ciudadanas, se plantea la opción de que los huertos solares se implanten en espacios de escaso impacto medioambiental, “como polígonos, canteras, antiguas escombreras”; o sobre superficies artificiales, como viviendas o apartamentos.

Ecologistas en Acción también sugiere iniciativas como impulsar la fotovoltaica en “espacios agrícolas como invernaderos y superficies plásticas”; o incluso en balsas de riego, donde contribuirían además a paliar la evaporación del agua; o “en regadíos extensivos, especialmente, en aquellos que estén produciendo un gran impacto medioambiental”. Según la organización, en nuestro país sobran al menos un millón de héctáres de cultivos de riego para alcanzar cierto equilibrio hídrico.

Hay ejemplos cercanos de instalaciones que buscan un equilibro: “En Alcalá de Guadaira, bajo los paneles siguen con la actividad de uso ganadero y apícola –indica Daniel López–. Hay cultivos, desde luego, en los que no sería posible, por el tema de la mecanización, pero en otros proporcionaría una sombra beneficiosa e incluso se podría aprovechar la electricidad generada in situ para el bombeo. La UNEF(Unión Española Fotovoltaica), de hecho, desarrolla una serie de criterios de calidad de cómo tiene que ser un parque fotovoltaico, pero las propuestas deberían hacerse, también, consultando y considerando el sentir de la población afectada”.

Aunque, en teoría, un terreno rústico ocupado por huertos solares puede volver a utilizarse para uso agrícola, en la práctica es imposible. Sólo desde el punto de vista de geografía humana, los plazos de arrendamiento son tan largos (20, 25 años) que es difícil que las siguientes generaciones sigan arraigadas al territorio de tal forma que quieran volver a vivir del campo: de hecho, es ya otro de los factores que ha procurado la rápida proliferación de las plantas fotovoltaicas.

“La necesidad de desplegar las energías renovables es evidente –subrayan los ecologistas–. Pero dicho despliegue debe realizarse de forma planificada y aplicando criterios de interés público ambiental y social”. La transformación de modelo energético nace ya deficitaria, señalan, si no se plantea desde un descenso de la demanda, porque las renovables no podrán cubrir la actual necesidad de energía a su ritmo ascendente.

El famoso sí, pero no así. Con la casa en llamas, con “el cambio climático ya presente, la dependencia del gas ruso, la guerra de Ucrania, la crisis de los precios de la energía)”, supone un error “acelerar el despliegue de renovables a marchas forzadas, eliminando o reduciendo los requisitos de evaluación ambiental y prevaleciendo macroproyectos en manos de las grandes empresas de siempre (porque van más rápido que muchos proyectos pequeños y descentralizados)”.

Sobre todo, cuando el cambio de modelo hubiera sido una oportunidad para “romper el oligopolio y las fondos de inversión de siglas extranjeras”, indica López, y promover el consumo energético de cercanía, lo que realmente marcaría la diferencia. En este sentido, el portavoz ecologista lamenta la práctica ausencia pública de campañas de asesoramiento a propietarios o pymes: “La Agencia Andaluza de la Energía no ha potenciado absolutamente nada, como podría haber sido el implicar a ayuntamientos como el de Cádiz, con una empresa semipública”.

Sin embargo, además de las ayudas al autoconsumo puestas en marcha el año pasado desde el Gobierno central, el pasado 2 de diciembre la Agencia Andaluza de la Energía también abrió la convocatoria del programa estatal de incentivos al autoconsumo y almacenamiento con fuentes de energía renovable y a la implantación de sistemas térmicos renovables en la comunidad autónoma, dotado con 97,2 millones de euros.

El autoconsumo como recurso dobló, de hecho, su crecimiento en la comunidad autónoma durante los primeros nueve meses de 2021, cuando se dieron de alta 5.613 nuevas instalaciones de hasta 100 kW. En el caso de Cádiz, un 12% de los gaditanos Cádiz, un 12% de los gaditanosson los que optan ya por producir su propia electricidad, según los datos que maneja la Consejería de Hacienda y Financiación Europea de la Junta de Andalucía.

Respecto a iniciativas como la Estrategia Energética 2030, presentada durante la semana pasada y que tiene como objetivo reducir el consumo de energía en un 39,5%, para Daniel López son “buenas sobre el papel”: “Pero no se comprometen a nada –añade–. Vemos cómo se repiten un montón de veces verbos como intensificar, dinamizar, potenciar, propiciar, ayudar, difundir... pero se presenta poca medida concreta”.