Los millones que volaron de Cádiz a Luxemburgo

Esta es una increíble historia en la que nadie sabe nada. Los hechos son sencillos: entre 2009 y 2011 una cantidad indeterminada de dinero de los contribuyentes, entre 14 y 25 millones de euros, destinado a hacer renacer el sector industrial de la Bahía de Cádiz se esfumó hasta acabar en buena parte en cuentas de Luxemburgo. Y pudo ser mucho peor. Industria se dio cuenta del timo en 2011. Si hubiera tardado más tiempo ese dinero perdido podía haber alcanzado, según los investigadores, la cifra de 80 millones. El caso bautizado como Bahía Competitiva, con la instrucción finalizada hace cuatro años, se encuentra en el limbo. Ya ni se recuerda cuándo se movió el último papel. Las defensas han hecho bien su trabajo y con estrategias dilatorias y recursos pueden llevar el posible juicio hasta no se sabe cuándo en el tiempo. No hay nada, sólo la constancia de que el dinero reclamado por Industria hace trece años para que sea devuelto no aparecerá jamás y que la Bahía Competitiva fue un canto a la incompetencia.

Y el protagonista de este embrollo es un ex inspector de Hacienda con residencia en la lujosa urbanización madrileña de La Moraleja, amante de las artes, aspirante a poeta e hijo del último alcalde franquista de Madrid. Su nombre es Joaquín Arespacochaga y en su cartera de clientes está lo más granado de la aristocracia madrileña vinculada a todos los casos de blanqueo y evasión de capitales que se relacionan con mediáticas operaciones anticorrupción que han ido revelando, con la singular ayuda del ex comisario José Luis Villarejo, la presunta cueva de ladrones que fue durante años el PP de la capital: Tandem, Lezo, Pit y hasta los papeles de Panamá, que desvelaron el mayor escondite nunca conocido de incontables toneladas de dinero distraídas a los fiscos por ricos de todo el mundo.

Se puede decir que lo de Cádiz fue su primer gran golpe. La idea era audaz. En la Bahía de Cádiz había cerrado una gran factoría de automoción, Delphi, en el año 2007. El impacto fue grande. De la noche a la mañana se perdieron casi dos mil empleos. Los políticos, desconcertados, se conjuraron para detener esa hemorragia. En 2008 había elecciones y el PSOE prometió regar con millones la Bahía para que volvieran a florecer los monos azules, el empleo de calidad, el industrial. Nada más ganar Zapatero esas elecciones, el ministerio de Industria, al frente del que se encontraba Miguel Sebastián, firmó un convenio con Junta y Diputación por el cual se gastarían cien millones de euros para atraer empresas a la Bahía. El Gobierno pagaría y la Junta, a través de la Agencia IDEA, y Diputación, a través de sus técnicos en el Instituto de Desarrollo y Trabajo, evaluarían los mejores proyectos para alcanzar ese objetivo. Seguramente Arespacochaga rodearía con un rotulador rojo aquel titular.

Arespacochaga y Cádiz

Arespacochaga estaba familiarizado con Cádiz. Su padre, Juan de Arespacochaga, el que fue alcalde de Madrid, había comprado en el año 73 por 85 millones de pesetas (500.000 euros) el poblado pesquero de Sancti Petri a través de la empresa en la que participaba, Sancti Petri S.L., al Consorcio Almadrabero, que por entonces estaba en quiebra y en vías de disolución. Era una ganga y un pelotazo, que resultó ser un fiasco, muy propio de los últimos años del franquismo. Aquello iba a ser lo que luego fue el Novo Sancti Petri, pero los terrenos fueron expropiados por Defensa y durante décadas aquel poblado estuvo abandonado. Tras un largo contencioso, los herederos de Arespacochaga, con Joaquín como portavoz, se lo vendieron al Ayuntamiento de Chiclana por cinco millones de euros en 2002. Aquello no estuvo mal, pero lo de las ayudas industriales iba a estar mejor.

Joaquín le había tomado aprecio a Cádiz. En 2001, mientras negocia con Chiclana cómo quitarse de en medio el poblado de Sancti Petri, aparece como vicepresidente y tesorero de la Fundación Icasur, con sede en Cádiz, que se proponía rescatar el galeón La Vizcaína, con el que Cristóbal Colón realizó su último viaje a América, de aguas de Panamá. Por aquellos años el negocio del rescate de pecios, o más bien su saqueo, estaba muy en auge. La Fundación no tenía ánimo de lucro, pero había negocio porque el convenio con Panamá incluía una cláusula de compensación económica por extraer tesoros que pasarían al patrimonio cultural panameño. Aquel galeón transportaba oro y plata que se valoró al precio actual en unos 50 millones de dólares. La aventura fue un fracaso y La Vizcaína, que había partido del puerto de Cádiz en 1502, nunca salió del fondo marino.

Aquella apuesta no sería en balde. En Icasur había coincidido con uno de los patronos de la Fundación, el abogado Enrique Maestre Cavanna, hijo del constructor que en los años 60 levantó el complejo de la manga del Mar Menor con los créditos blandos que le facilitó Manuel Fraga. Esto iba a hacer al padre del nuevo socio de Arespacochaga inmensamente rico. Maestre iba a poner en contacto a Arespacochaga con un buen número de adinerados madrileños dispuestos a no pagar impuestos, pero también con un empresario gallego que andaba buscando inyecciones de dinero público para sus proyectos. Ya lo había intentado en Galicia, pero no había acabado de cuajar porque, le dijo Arespacochaga, no has dado con el político correcto. Su conexión con Arespacochaga fue un hallazgo: podía intentarlo en Cádiz. Quizá allí sería más fácil. Y vaya que si lo fue.

Ouviña llega a Cádiz

Y es así como Alejandro Dávila Ouviña, un joven ambicioso que venía de tener una gestoría en A Pobra do Caramiñal, un pueblo costero de la provincia de A Coruña, se presenta en la Diputación de Cádiz en la oficina de algo que habían decidido llamar Bahía Competitiva. Allí se encuentra con un gestor muy dispuesto a echar una mano. Su nombre era Antonio Perales, natural de Alcalá de los Gazules, y familiar de toda una saga política. El papel de Perales no tenía nada que ver con la baremación de los proyectos que pasaran por su despacho. Su tarea era de promoción y captación. Perales y Ouviña se llevaron muy bien desde el principio, seguramente porque Perales pensó que había captado a Ouviña y Ouviña pensó lo mismo de Perales. Tuvo que ser Perales -no podía ser de otra forma- el que le recomendase a Ouviña que adquiriese unos terrenos en su pueblo, algo lejos de la bahía competitiva. Allí tendría espacio para construir el polígono industrial en el que podría instalar las diez empresas que le había explicado a Perales. Es el único dinero que desembolsaría Ouviña en todo el proceso: 400.000 euros. Ya había demostrado su buena voluntad de cara al segundo paso.

Por entonces, comunica a Arespacochaga que lo de Cádiz es un chollo porque “en cuyo procedimiento no se realizaba comprobación alguna de ningún tipo ni era necesaria la acreditación de fondos reales para la ejecución de los proyectos”. Má tarde, Perales entonaría su mea culpa: “Reconozco que me equivoqué al fiarme de Dávila Ouviña. Sus inversiones proyectadas en Alcalá y en El Puerto parecían creíbles y las defendí desde el principio hasta el final. Ahí estuvo mi error”.

El segundo paso fue presentar proyectos que fueron evaluados por los técnicos de Diputación y de la Agencia IDEA y enviados a Industria, que dio el visto bueno, aceptando la baremación de origen. Así el dinero va saliendo de las arcas públicas y cayendo en manos privadas. Todavía hoy cuesta entender cómo pudieron fallar tantos filtros y darse tantas casualidades para que el descabellado plan saliera bien y el dinero destinado a crear empleo en la Bahía de Cádiz se evaporara de semejante manera. Se dio el caso de que dinero de Industria para inversiones en la Bahía se empleó por Arespacochaga para hacer palanca de otro proyecto… en Marruecos. Consistía en un complejo de acuicultura. Por supuesto, tampoco se llevó a cabo. No se sabe si habían repetido jugada.

El papel de los dos socios estaba claro. Ouviña se encargaba de pedir las ayudas y Arespacochaga se encargaba del juego trilero. Esto se hacía en tres niveles. En el nivel bajo, se contaba con un testaferro, que resultó ser un señor de Zamora que, si hoy vive, tendrá 89 años. Su nombre era Agustín Bobo y su única tarea era acudir a Madrid de vez en cuando a firmar papeles. Cada vez que firmaba un papel le pagaban 600 euros y él se volvía a Zamora tan contento. Los papeles eran aquellos en los que quedaba acreditado como administrador único de numerosas empresas pantalla que iban a servir como maniobra de distracción. En el segundo nivel aparecen empresarios vinculados al nacionalismo vasco, los Retolaza, que son los que dan una pátina de solvencia a la inversión. En el segundo nivel, el más alto, el dinero que soltaba Industria lo movía Arespacochaga gracias a su contacto en Luxemburgo, un agente financiero suizo llamado Ismael Votgle. Votgle pasa las cantidades de cuenta a cuenta hasta su desaparición final.

Los técnicos

Cuando todo estalla en 2011, cuando Industria se da cuenta del tocomocho y se quedan con cara de qué ha pasado aquí, la Udyco empieza una minuciosa investigación en la que queda claro cómo se ha gestado el plan y quiénes son los que han saqueado las ayudas, pero no acaban de comprender cómo han ido superando los filtros. Por el juzgado de instrucción pasan todos aquellos que han tenido que ver con estos expedientes y el resultado son 31 imputados, la mayor parte de ellos técnicos.

En sus declaraciones o dicen no saber nada o apuntan a instancias superiores, al cumplimiento de órdenes. La ex diputada de Empleo, María José Valencia, fue la más explícita. Perales sugería los cambios de baremación para favorecer a Ouviña hasta el punto de que se llevara el 32% de las ayudas. Valencia alertó de esto a la Dirección General de Industria después de que algunos técnicos pusieran en duda la capacidad financiera de los supuestos inversores. A pesar de ello, esas dudas no llegaban a Industria y el dinero salió. Cuando fue interrogado el director de Industria, Jesús Candil, un señor muy serio y cargo de mayor rango imputado, se mostró muy ofendido por que se dudara de su honorabilidad después de haber sido un servidor público durante años. Según él, el convenio firmado por Industria ponía que los que baremaban eran los de Diputación y los de la Junta y que, por tanto, a él qué le estaban contando. La orden que él tenía del Gobierno era pagar y él pagaba.

En este grupo de imputados destacaba uno al que unos y otros acababan señalando. Su nombre era Teodoro Garrido, al que el presidente socialista de Diputación, Rafael Román, había fichado de la Diputación de Sevilla en 1998 para dirigir el Instituto de Empleo y Desarrollo Tecnológico de la Diputación. Venía con fama de buen gestor y en su contrato figuraba una cláusula por la que se quedaría con un porcentaje de las ayudas europeas que consiguiera. Garrido creó un búnker en su departamento. Se rodeó de un amplio personal y, cuentan, que actuaba como una administración paralela dentro de Diputación, lo que consiguió ganándose la confianza de sus jefes políticos, primero Román y después González Cabaña.

Bahía Competitiva dependía casi exclusivamente de su negociado. Cuando declaró, responsabilizó a Industria de la entrega de ayudas, criticó el sistema de baremación y subrayó que cuando elevaba sus evaluaciones ponía la X en la casilla de comentarios donde se debían indicar posibles anomalías. Garrido dijo que el control no era muy exhaustivo en Industria y que cuando acudían a Madrid para hablar de ello, “las reuniones no eran muy serias, duraban cinco minutos”. Garrido fue despedido de Diputación cuando fue imputado en esta causa.

De todas las declaraciones en el juzgado número 4 se infiere que hubo presiones a los técnicos por todos lados. Alguno llegó a señalar a Teodoro Garrido como el que más presionaba para modificar las baremaciones, no sólo las de Ouviña, sino muchas otras, ya fuera para mejorarlas o empeorarlas, “aunque él siempre decía que no era una orden suya, sino una orden del presidente de Diputación”. Entonces el presidente era González Cabaña, que también declaró y lo hizo para defender a todos sus técnicos, incluido Garrido y decir que, por supuesto, jamás había presionado a un técnico para que cambiara nada. “Mis órdenes siempre fueron que se hiciera lo que dijeran los técnicos”.

En definitiva, nadie era culpable. Pasó porque pasó.

Pero la investigación no fue para nada. En las indagaciones que la Udyco realizó para investigar el caso de Bahía Competitiva saltaron conversaciones entre Arespacochaga con un nuevo actor. Se trataba del marqués de Bélgida, Luis Cotoner, hijo de Nicolás Cotoner, mentor del rey Juan Carlos y primer jefe de la Casa Real tras la muerte de Franco. En esta investigación Arespacochaga y Cotoner urdían la fórmula para evitar el pago del IRPF alegando que su residencia se encontraba en Luxemburgo. Arespacochaga realizaba las gestiones correspondientes para obtener formalmente la documentación luxemburguesa que le permitiera simular que no era residente fiscal español. Pero no sólo asesoraba a Cotoner, sino también a sí mismo, que también se declaró residente en Luxemburgo. En julio del año pasado la Audiencia de Madrid condenó a ambos. A Arespacochaga le cayeron dos años de prisión y una multa de 14 millones, justo el dinero que Industria le reclamaba por el fraude de bahía Competitiva. En esta ocasión Hacienda tuvo más suerte. Ni que decir tiene que ni Arespacochaga ni Cotoner tuvieron que pisar la prisión. El emprendedor de A Pobra de Caramiñal, el ambicioso señor de la gestoría, sí.