El mínimo latido vital de Cádiz

Cuando se aprobó en el Congreso el Ingreso Mínimo Vital, con un consenso casi generalizado, la única voz discordante fue de la ultraderecha, que ni siquiera votó en contra, sino que se abstuvo. Vox utilizó el término ‘paguita’ para referirse a este nuevo sistema de ayuda para los más desfavorecidos. Se consideró ofensivo por el Gobierno la terminología, pero lo cierto es que en la provincia de Cádiz, que se ha visto como pocas arrollada por los efectos económicos de la pandemia, la palabra paguita es de uso común. De ‘la paguita’ se sobrevive en Cádiz desde hace mucho tiempo. Y el Ingreso Mínimo Vital no es más que otra formulación, quizá más científica, de la paguita. Con ella, dicen sus ideólogos, no se pretende que nadie se acostumbre a recibir un ingreso, sino que se quiere incentivar la búsqueda de empleo. Pero eso vale para los sitios en los que hay empleo.

El dato puede ser impactante. Que una provincia como Cádiz, con un millón doscientos mil habitantes tenga más solicitudes de Ingreso Mínimo Vital que Barcelona, con cinco millones y medio de habitantes, impresiona, pero los números lo hacían previsible.

La Seguridad Social ha abonado a 4.665 hogares gaditanos el primer pago del Ingreso Mínimo Vital (IMV). Estos beneficiarios han sido reconocidos de oficio, ya que venían recibiendo la prestación por hijo a cargo sin discapacidad o con discapacidad menor del 33%.

“Esta medida tiene un doble objetivo, reducir la pobreza y fomentar la inclusión y la cohesión social. Es la primera vez que se pone en marcha una iniciativa de este calado por su nivel de focalización, de exhaustividad y de dinamismo. Es una apuesta por el Estado del Bienestar, garantizando el acceso a unos servicios mínimos necesarios, iguales para toda la población”, explicó el subdelegado del Gobierno en Cádiz, José Pacheco.

Cádiz es la tercera provincia española en la que más hogares van a recibir el IMV de oficio, después de Madrid, con 7.301 beneficiarios; y Sevilla, con 4.668. “Esto es un reflejo de la difícil situación que atraviesan muchas familias de nuestra provincia a las que se les va a garantizar el acceso a los recursos, fomentando su inclusión y generando oportunidades de empleo y formación”, recuerda Pacheco.

Pero esto es sólo una parte. En los primeros diez días desde el inicio del plazo para solicitar el Ingreso Mínimo Vital, se han registrado 13.915 solicitudes en la provincia de Cádiz. El cálculo es que unos 55.000 gaditanos estarían bajo este paraguas de un modo u otro.

En la provincia con más paro de Europa se ha gestado en las tres últimas décadas una tormenta perfecta que se ha desencadenado en escenarios muy diferentes pero con un resultado de destrucción de empleo parecido. Cádiz es una provincia diversa, que ni siquiera se relaciona mucho entre sí. Poco tiene que ver la desindustrialización progresiva de la Bahía de Cádiz con el desmantelamiento del sector bodeguero en Jerez. Poco tiene que ver la desertización de la Sierra con el desguace de la flota pesquera de La Janda. Incluso poco tiene que ver el empuje del Campo de Gibraltar, líder en exportación y que se ve como una novena provincia viviendo de espaldas a la decadencia de las otras comarcas, con las oportunidades perdidas de la Costa Noroeste (Rota, Sanlúcar, Chipiona...), que convirtió en una burbuja el negocio de la flor cortada.

Vamos a mezclarlo todo con una crisis del ladrillo, al que la provincia se apuntó como si no hubiera un mañana, una dependencia casi absoluta del sector servicios, un tejido empresarial de tamaño minúsculo y un exceso de dependencia de la administración y encontraremos el escenario de vulnerabilidad perfecta. Una pandemia era lo último que faltaba. La provincia, aún no recuperada del anterior golpe, la crisis financiera de 2008, había aprendido algunas cosas. Las empresas se internacionalizaron y empezaron a depender del mercado exterior. Y el mercado exterior ha desaparecido en esta primavera inexistente.

La fuga ha sido una constante. Los jóvenes han buscado oportunidades fuera de la provincia. La población, por tanto, ha envejecido y las tasas de natalidad se han desplomado. El socorro tiene que venir del Estado. Es una situación de emergencia sobrevenida a una emergencia anterior.

Pero, además, todos esos ciclones han ido dejando un poso de necesidad que, en muchos casos, se ha convertido en rutina. Y aquí entra de nuevo la paguita. En 2019 tres de cada cien gaditanos cobraba una paga del Estado por algún problema de salud, casi siete de cada cien personas en edad de trabajar. Eran cerca de 39.000. Eso es mucho. En España apenas es un 4%. En la década de la crisis el número de pensiones de incapacidad en España aumentó en 40.000 personas, y casi 9.000 de ellas pertenecían a Cádiz. El Estado dedicaba un 18% de la factura de las pensiones a estos casos. En Andalucía, de media, no llegaba al 12%.

Cádiz se hizo popular por los sordos de Astilleros, aquella fórmula que se buscó para realizar una reconversión industrial sin una insoportable coste social. Desde entonces el desmantelamiento del tejido productivo ha sido constante. Ya ni siquiera se producen las algaradas que convertían a la provincia en un lugar conflictivo que alejaba las inversiones. No queda ni eso, ni la protesta, en una zona empobrecida y atrapada en tópicos que, desgraciadamente, las cifras corroboran.

Así que en la provincia se calla y cerca de 14.000 familias acuden a un nuevo recurso. El banco de alimentos pide ayuda porque considera que, como se baje la guardia, las reservas para poder repartir comida se acabará en un mes. Cáritas, que iba a celebrar que en 2019 había disminuido la presión de las personas a las que tenía que ayudar en Cádiz, vuelve a estar desbordada. La provincia no acaba de levantarse cuando vuelve a recibir un golpe que está condenando a una generación a huir. Y aquí no se ve un horizonte, sino el ir tirando en el día a día. Para Cádiz, eso es lo que significa el Ingreso Mínimo Vital.