Más de 35.000 mutualistas de Muface en Cádiz podrían perder la cobertura sanitaria privada: "Estoy preocupada, es nuestra Seguridad Social"

Aunque ha habido avances en estos días, la crisis abierta con Muface y el fin del concierto cuando acabe el año está generando gran intranquilidad entre los mutualistas adscritos al servicio en la provincia y en el resto de España. Según la memoria anual de Muface de 2022, la última publicada en su página web, unos 35.000 funcionarios que ejercen su profesión en la provincia de Cádiz -y también jubilados- podrían verse afectados y perder la cobertura sanitaria privada que reciben de Adeslas, DKV y Asisa en el caso de que no se renueve el convenio. Una cifra que crece bastante si también se tienen en cuenta a los familiares de estos funcionarios, que son beneficiarios de la mutua pero no titulares.

Entre sus peticiones, las aseguradoras privadas solicitan un aumento presupuestario para financiar una asistencia que, según ellas, sólo en el año 2023 llegó a generar 142 millones de pérdidas, un dato que se viene acumulando durante años y que se agrava cuando el crecimiento del gasto sanitario roza el 10%.

"Estoy preocupada pero no sorprendida"

Esta inquietud es la que traslada Mari Paz, maestra ya jubilada, que recibe asistencia sanitaria a través de Muface desde hace más de cincuenta años, y en estos días está siguiendo con preocupación la no renovación de la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado con las aseguradoras. Salvo en algunas ocasiones, que debido a un accidente en la calle ha sido trasladada a las urgencias de la sanidad pública, siempre ha hecho uso del sistema de las aseguradoras y teme que la falta de acuerdos acabe perjudicándole. 

“Estoy preocupada, pero, siendo sincera, no muy sorprendida”, dice la mujer vecina de Puerto Real, que asegura que en los últimos años la calidad de la atención ha ido cayendo en picado. “Cada vez contamos con menos especialistas y las listas de espera son más largas”, asegura. 

Ella misma ha sufrido como, a una semana de una intervención quirúrgica en Cádiz, le informaban de que no contaban con ese especialista y trasladaban su operación a Sevilla o Madrid. “No tenía capacidad de hacer ese viaje y al final tuve que pagar la intervención en una clínica privada”, lamenta. Del mismo modo, explica que desde hace ya más de un año espera cita, por ejemplo, con un dermatólogo.

Por otro lado, el temor de Mari Paz también está en que se pueda dar el caso de que no se alcancen acuerdos. “No sé cómo se haría esa transición en caso de que acabásemos integrados en el sistema de la Seguridad Social, si sería de forma inmediata o si nos vamos a ver desamparados”, teme.

A esto suma el seguimiento de sus consultas. “Al menos yo esto ya habituada a mis médicos que, aunque es verdad que cada vez hay menos profesionales, son ellos los que me conocen y hacen el seguimiento de mis patologías, no quiero pensar que tenga que empezar de cero en caso de que haya una transición”, dice la mujer.

Crece la preocupación entre funcionarios: "Es nuestra Seguridad Social"

Manoli, también es vecina de Puerto Real y maestra en activo, que sigue muy de cerca las noticias referentes a las negociaciones de Muface. “Como para no estarlo. No solo porque nos preocupa mucho sino porque es un tema muy recurrente en la sala de profesores del cole”. Y es que la incertidumbre es compartida por los funcionarios de la Educación. “Hay quien puede pensar que para nosotros tener Muface es un privilegio, pero es que esa es nuestra Seguridad Social, y la verdad es que, como la sanidad pública, cada vez está peor”, asegura.

“Ha cambiado mucho. Es cierto que antes había una mayor agilidad a la hora de tener citas con especialistas, por ejemplo, pero eso ya no ocurre. Además, en mi caso, que vivo en Puerto Real, hay muchos momentos en los que ni tan siquiera tengo un servicio de urgencias”, explica Manoli.

La situación de la sanidad pública tampoco tranquiliza a los mutualistas. “Aquí ya sabemos cómo está el SAS ¿Qué va a pasar si, con todas las carencias que tiene, de golpe tiene que asumir a todos los mutualistas?”, se pregunta.

"Para una persona mayor, es más cómodo estar en la sanidad pública"

El de Alejandro es otro punto de vista. Él es la única persona de referencia de su tío, afiliado "de toda la vida de Muface" y que ahora se encuentra en una residencia, por lo que se ha tenido que encargar de todas sus gestiones con la mutualidad. Sin embargo, en enero de este año lo cambió a la Seguridad Social porque considera que para una persona que necesita una mayor atención sanitaria (como es el caso de su familiar, con una media de una 15 pastillas diarias) es mucho mejor estar en la pública. Uno de los grandes problemas de Muface para Alejandro es que no se cruzan los datos entre una clínica y otra: "tenía que ir de un médico a otro, dando vueltas, y para mi eso suponía una pesadilla. Tenía que ir cada tres meses, avisar de los medicamentos, a pedir el talonario de recetas que te traen 20 o 25 nada más,...". "Sí te atienden muy rápido para ir al médico de cabecera, pero para acudir a los especialistas los tiempos son mayores", aclara.

"Por eso, me recomendaron que lo pasara a la Seguridad Social porque allí al menos se cruzan los datos, los informes médicos, ya no hay tantos problemas para las recetas, el médico de la Seguridad Social se pasa por la residencia pero los de la privada no", explica.

Su conclusión es que "para una persona mayor, que necesita mayor asistencia sanitaria, es mucho más cómodo estar en la pública. Si apenas usas el médico, pues quizás no esté mal la opción privada", termina.

Así está la negociación la cobertura sanitaria en los funcionarios

El Consejo de Ministros ha autorizado una subida del 17,12% de la prima por asegurado, la mayor subida de la serie histórica y que mejora la oferta anterior del 14% que fue considerada insuficiente por las aseguradoras. La subida autorizada situará la prima media anual por asegurado en 1.208,81 en 2026, lo que supone un aumento de 176,69 euros respecto a los 1.032,12 euros actuales. 

Las aseguradoras, no obstante, consideran que el aumento es "insuficiente" y además llega en la peor situación financiera del sistema desde que éste existe. "Puede que este incremento de la prima sea el mayor propuesto por el Gobierno en la historia de la mutualidad, pero coincide con el momento de peor situación financiera del modelo en toda su historia", ha defendido la Fundación IDIS (organización integrada por 34 grupos implicados en la sanidad privada, entre ellas Asisa, DKV y Adeslas, que son las que prestan el servicio) en un comunicado. Al respecto, apunta que mientras que la inversión per cápita pública por persona en el régimen general es de 1.736 euros, en el caso de Muface, con el nuevo acuerdo, la prima sería de 1.208 euros, un 43% inferior, y "absolutamente insuficiente" para soportar la asistencia por parte de las compañías aseguradoras.

La mejora de la prima planteada por el Gobierno "queda muy lejos de la propuesta del 24 % que realizó la propia dirección de Muface", apunta CSIF, que lamenta que no es suficiente para afrontar los problemas de infrafinanciación del sistema y, por tanto, teme que la calidad de la asistencia sanitaria se vea afectada.

Así, la central sindical advierte de que estará "vigilante" y no descarta "ninguna medida" de presión porque "la calidad de la atención sanitaria del funcionariado no puede estar comprometida por la falta de inversión del Gobierno".

El traslado a la Seguridad Social de este millón y medio de mutualistas que ahora 'van' por la privada, y por extensión de esos 35.000 posibles afectados en la provincia de Cádiz y sus familiares beneficiarios, podría suponer una losa demasiado pesada sobre una sanidad pública que ya de por sí se encuentra colapsada. La Fundación IDIS sostiene que de no renovarse el concierto por falta de acuerdo con las aseguradoras se incrementaría un 2% el total nacional de visitas en la atención primaria pública y crecería un 266% el número de pacientes en listas de espera para consultas externas y un 115% para cirugías. Asimismo calcula que serían necesarias 3.975 camas adicionales en el sistema hospitalario público, al tiempo que el gasto sanitario aumentaría en 1.214 millones anuales, un 1,3%.

El Círculo de la Sanidad (proveedores de hospitales y administraciones sanitarias) cree que la financiación que propone el Gobierno hará insostenible el modelo y calcula en 723 euros por paciente el coste para la sanidad pública de asumir de golpe 120.000 intervenciones quirúrgicas, 8,5 millones de consultas de atención primaria y al menos 2 millones de consultas de especialistas.