El narco no está acorralado en Andalucía

Horas después de que el ministro Grande-Marlaska asegurara en la apertura de la IV Reunión Ministerial de la Coalición de Países Europeos contra el Crimen Organizado de Cádiz que “el narco está acorralado” y que el avistamiento de narcolanchas hasta en Sevilla capital obedece a “momentos puntuales de mala mar”, diferentes medios de comunicación publicaron en sus ediciones digitales un vídeo en el que se ve descargar un alijo de hachís en la ría de Huelva a plena luz del día. Varios de los integrantes de la colla portan fusiles de asalto, armas de guerra de las que circulan por un mercado negro que históricamente se ha nutrido de conflictos bélicos como los que ahora se libran en Ucrania o Gaza y que antes sembraron de sangre la antigua Yugoslavia o Argelia.

La Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) difundió en sus redes sociales un mensaje dirigido al propio Marlaska y a José Manuel Albares, ministro de Asuntos Exteriores, tras conocer el suceso: “No es una película. Son imágenes del espectacular alijo de droga en Huelva con fusiles de asalto, a plena luz del día frente al Muelle de las Carabelas. Mientras, el ministro Marlaska continúa negando el grave problema de seguridad y sin reconocer el riesgo de guardias civiles”. El tuit se hizo viral en cuestión de horas y mereció la respuesta incluso de escritores como Arturo Pérez-Reverte, quien retuiteó: “Con saludos cariñosos para los ministros Marlaska y Albares”.

Este mismo domingo, para incidir más en el problema, la fiscal jefe Antidroga, Rosa Ana Morán, reconocía que la situación sigue siendo preocupante. “No parece que haya mejorado mucho”, admitía, alertando de un fenómeno que considera especialmente grave: la corrupción dentro de las fuerzas de seguridad. Morán puso el foco en los “garbanzos negros” que, desde dentro de la Policía Nacional y la Guardia Civil, colaboran con los narcotraficantes facilitando la entrada de droga en España. Un problema que, según reconoció en una entrevista concedida a la Agencia EFE, “aunque no es generalizado”, supone un “riesgo gravísimo” para el Estado de derecho. “Quienes tienen la confianza de la sociedad para luchar contra un delito no pueden terminar siendo partícipes del mismo ni apoyando a los delincuentes”.

La advertencia que realiza Morán no es baladí. De lo que está hablando es del peligro de que los clanes que operan en España, sobre todo en el Estrecho de Gibraltar y provincias limítrofes pero también en Cataluña, Galicia o el País Vasco, vayan un paso más y se introduzcan en las administraciones del Estado corrompiéndolas. Porque, básicamente, la diferencia entre un cártel y un clan es ésa, que los primeros, ya sean colombianos o mexicanos, llegaron a comprar voluntades en las altas esferas, desde políticos hasta jueces, fiscales y, por supuesto, miembros de los cuerpos de seguridad del Estado para alcanzar cada vez mayor poder.

La cuestión de fondo es que declaraciones como las realizadas por el ministro del Interior, repitiendo hasta la saciedad que le están “ganando la batalla al narco”, que los tienen “acorralados” o sacando pecho por las incautaciones y las detenciones no vienen sino a caldear más un ambiente extremadamente enrarecido después de la tragedia de Barbate, en la que perdieron la vida dos guardias civiles. Aquella mañana del 9 de febrero de 2024 Marlaska también había dado en Algeciras unos datos excepcionales del Plan Especial de Seguridad del Campo de Gibraltar y repetido que el narcotráfico estaba “perdiendo la batalla”. Horas después los hechos le contradijeron.

Hay que ser justos en varios aspectos. El Gobierno tiene razón cuando habla de una fuerte inversión en medios humanos y materiales desde 2018. Incluso es lícito que haga públicas unas estadísticas donde figuran los kilos de costo y farlopa incautados y los narcos detenidos. Nadie pone en duda el interés que se toma el Ministerio del Interior en el problema, pero decir que el narco está acorralado, cuando a diario se pueden ver sus narcolanchas paseando tranquilamente por el Guadalquivir o el Caño de Sancti Petri, suena a chiste malo.

Me decía la pasada semana un alto cargo policial, que coincidió con el juez Marlaska en el País Vasco durante los años del plomo, que la situación del narcotráfico puede causa pavor en Cádiz, “pero es que también hay narcos en Galicia, en Cataluña, en otras provincias. No se puede exigir un trato diferente con Cádiz porque estamos ante un problema que atañe a todos”.

Lamentaba también la especial animadversión que parecen mostrar los sindicatos policiales y las asociaciones de guardias civiles por el ministro del Interior más longevo de la Democracia. “Es que si se pincha la rueda de un todoterreno la culpa también es de Marlaska, y eso es absurdo”, afirmaba.

Lo que no parece tan absurdo es que Jucil o la AUGC carguen contra el ministro por no haber pisado Barbate tras los sucesos que conmocionaron a todo el país. Dos agentes murieron en lo que se ha demostrado como una desastrosa toma de decisiones, principalmente de quienes estaban sobre el terreno en el puerto aquella noche y vieron que era, cuando menos temerario, si no directamente una misión suicida, tratar de ahuyentar las gomas a bordo de una pequeña zódiac. Pero nunca se había dado una situación en la que el piloto de una narcolancha embistiera a guardias civiles en el mar. Un veterano agente daba esta semana a este diario su propia visión de lo sucedido con un ejemplo muy gráfico. “Imagina que en un pueblo hay un tipo que trapichea con droga. Cada cierto tiempo una patrulla llega, llama a su puerta y le dice: fulano, tira para el cuartelillo que te hemos cogido con el carrito del helado. El tipo nunca opone resistencia, siempre se muestra dócil, enciende un pitillo y obedece. Pero un día se ha metido dos rayas de más, y cuando los guardias llaman a su puerta, esperando encontrárselo tan resignado como siempre, les abre la puerta y se lía a tiros. Pues eso es lo que pasó en Barbate. Nadie pensó que una narcolancha arrollaría a los guardias civiles por la sencilla razón de que nunca antes había ocurrido”.

En lo que no tiene razón Marlaska, y bien harían sus asesores en recordárselo, es en decir que las narcolanchas sólo se ven en momentos puntuales. Este mismo lunes, mientras escribía este artículo, un amigo me envió por whatsapp un vídeo de una goma paseando tranquilamente por las marismas de Trebujena a eso de las doce de la mañana. Sin mala mar. Con total impunidad porque, entre otras cosas, ni hay embarcaciones capaces de darle alcance ni mecanismos judiciales para enchironar a sus ocupantes si los pillan sin la droga.

Hay días en que por el Bajo Guadalquivir se han llegado a ver hasta 15 gomas subiendo hacia Coria del Río, La Palma del Condado o Isla Mayor. Se han viralizado imágenes de gomas con el estadio de La Cartuja detrás, se han descubierto toneladas de cocaína en la provincia de Sevilla escondidas en contenedores marítimos soterrados… ¿Qué le hace pensar a Interior que esa guardería es la única de esas características existente en los márgenes del río?

El pasado 20 de enero se conoció que la Marina Nacional francesa había apresado en el Caribe un buque con nueve toneladas de cocaína que se dirigía al Guadalquivir. Entre los detenidos había tres colombianos y un sevillano. Socio en este asunto. Esto demuestra, una vez más, que la conocida como Ruta Africana de la cocaína ya ni siquiera se desvía hacia Senegal o Mauritania, sino que directamente enfila por el Atlántico hasta un punto cercano al continente donde la mercancía es trasvasada a las potentes narcolanchas para que la lleven hasta su destino final. Así pues, acorralado, lo que se dice acorralado, el narco no parece estar.

En la cumbre ministerial de Cádiz se decidió instar a la Comisión Europea a intensificar la seguridad también en los países de tránsito de las sustancias estupefacientes. La medida es interesante, pero más lo seria que Europa se involucrara económicamente en esta batalla contra las poderosas organizaciones que introducen droga por España. Porque no estamos ante un problema nacional sino comunitario. El hachís y la cocaína que entran por las costas gaditanas, onubenses, malagueñas o por las Rías Bajas gallegas, viajan luego hacia el resto de Europa. El hachís que nace en las montañas de Ketama se fuma en Ámsterdam y Estocolmo, la cocaína colombiana se esnifa en Berlín y París. Por lo tanto, no estaría de más que, si verdaderamente quieren atajar el tráfico de droga en sus calles, arrimen el hombro para dificultar su llegada al viejo mundo. Tampoco es descabellado aspirar a que esas relaciones que ahora parecen tan fluidas entre Marruecos y España se traduzcan en un mayor control policial en las playas del país norteafricano. Aunque, teniendo en cuenta que estamos ante una de sus principales fuentes de ingresos esto parece una utopía.

Porque las estimaciones sobre el número de familias que viven del hachís en Marruecos son para echarse a temblar. En 2002 se calculaba que entre 1 y 1,5 millones de agricultores, representando más de una quinta parte de la población de la región del Rif, vivían del cultivo de cannabis. En 2019 las cifras oficiales del gobierno marroquí indicaban que aproximadamente 55.000 hectáreas se dedicaban a este cultivo.

En 2021, Marruecos aprobó una ley que legalizó el cultivo de cannabis con fines terapéuticos e industriales. Esta legislación, aseguraron, buscaba mejorar las condiciones de vida de las familias que dependen de este cultivo. En 2024, se estimaba que alrededor de 60.000 familias se beneficiaban de esta regularización. Además, en agosto de 2024, el rey Mohamed VI otorgó un indulto a 4.831 personas relacionadas con el cultivo y distribución de cannabis, en su mayoría campesinos del Rif. Estas cifras reflejan a las claras la importancia económica y social del cultivo de hachís en ciertas regiones de Marruecos y la operación de blanqueo que el reino alauí ha iniciado para, lejos de perseguirlo, facilitar su exportación.

Con este panorama, lanzar frases grandilocuentes sobre victorias sobre el narcotráfico no parece lo más adecuado. Más conveniente sería asumir que tenemos un problema muy serio y tratar de adaptarse a la realidad actual. Porque, al menos en el sur de Europa, asusta. Y en el norte también debería asustar.