La primera corbeta saudí será botada en abril en San Fernando

Navantia San Fernando acogió hace justo un año el acto más importante de su historia reciente. El 15 de enero de 2019 el contraalmirante Fahad Ali Alfuradain, número dos de la marina de Arabia Saudí, pulsó el botón para cortar una chapa de siete milímetros de espesor y un peso de 1.254 kilogramos. Una operación rutinaria de no ser por el hecho de que fue contemplada prácticamente toda la plantilla de la factoría y supuso el pistoletazo de salida de la construcción de la primera de las cinco corbetas encargadas por Riad a Navantia, un contrato valorado en más de 1.800 millones de euros y que supone el mayor pedido que jamás ha recibido esta empresa pública española, por encima de los 1.300 millones de euros que aportaron las fragatas para la Venezuela de Hugo Chávez.

No sólo por su cuantía económica sino por su impacto en el mercado laboral de la Bahía, ya que implica una carga de trabajo global de alrededor de siete millones de horas y un pico de 6.000 empleos, de los que 1.100 son directos, 1.800 de la industria auxiliar y otros 3.000 indirectos generados por otros proveedores.

Los trabajos se desarrollan desde entonces a toda marcha para respetar los apurados plazos exigidos por el cliente, que espera contar con las cinco corbetas no más allá de 2022. Cada corbeta cuenta con un plazo de ejecución de 35 meses y entre la entrega de una y otra mediarán cuatro meses.

Por ahora se están cumpliendo todos los hitos marcados en la programación, según ha podido saber este medio. El pasado mes de agosto se realizó la puesta de quilla del primer buque, aunque el acto oficial con la presencia de marinos saudíes no se celebró hasta principios de octubre, y su botadura está prevista para el próximo mes de abril. E

n paralelo, la puesta de quilla de la segunda corbeta se realizó el pasado 18 de diciembre y ya se ha cortado chapa para los primeros bloques de dos de los buques restantes. San Fernando se lleva prácticamente el 90% del contrato aunque algunos bloques se están ejecutando en Puerto Real.

Sin embargo, dos fallecimientos relacionados con las corbetas han puesto el foco en el cumplimiento de las normas de prevención de riesgos,especialmente en la industria auxiliar. En octubre murió un operario de una contrata de Puerto Real mientras faenaba en uno de los buques. Y en diciembre fallecía otro trabajador que participaba en la reforma de uno de los pabellones de La Carraca al ceder inesperadamente uno de los forjados.

Larga negociación

El gesto del contraalmirante saudí en La Carraca supuso el colofón a cuatro años de dura negociación por los que pasaron dos reyes de España –Juan Carlos I, Felipe VI, después–, dos presidentes del Gobierno –Mariano Rajoy y Pedro Sánchez– y tres presidentes de Navantia –José Manuel Revuelta, Esteban García Vilasánchez, fichado posteriormente por la industria militar de Arabia Saudí tras su salida de la cúpula de la empresa española, y Susana de Sarriá–.

En abril de 2018 el príncipe heredero de Arabia Saudí, Mohammed Bin Salman, firmó un doble acuerdo de intenciones con el Ejecutivo que presidía entonces Rajoy durante una visita oficial a España. Navantia no sólo asumía la construcción de los buques, sino que ambas partes estipulaban la constitución de una empresa mixta de capital hispano saudí para gestionar el contrato y la transferencia de tecnología.

El acuerdo definitivo fue ratificado en la primera quincena de julio por el Gobierno de Pedro Sánchez, quien había llegado pocas semanas antes a La Moncloa tras el triunfo de la moción de censura contra Rajoy con el apoyo sustancial de Podemos, partido que se había posicionado en contra del contrato pese a que los dirigentes gaditanos de la formación morada sí lo respaldaban.

Pero no tardaron en llegar problemas. Arabia Saudí se había enfrascado en una guerra en Yemen, y varios bombardeos con víctimas civiles habían suscitado una campaña internacional para suspender la venta de armas a Riad.

A mediados de agosto, el Ejecutivo ya había adelantado que iba a revisar las transacciones que “pudieran implicar la utilización de este tipo de armamento contra la población civil”, como había ocurrido poco antes en un ataque contra un autobús con niños en Yemen poco antes.

A primeros de septiembre, la ministra de Defensa socialista, Margarita Robles, filtró a la cadena SER que España se disponía a rescindir la venta de 400 bombas de precisión que había sido acordada por el anterior Ejecutivo y devolver los 9,2 millones de euros anticipados por los saudíes. Este contrato procedía de la etapa como titular de Defensa de Pedro Morenés, vinculado a la industria militar y antecesor de María Dolores de Cospedal.

Los sindicatos fueron los primeros en lanzar la voz de alarma ante el riesgo muy tangible de que Arabia Saudí decidiera rescindir el encargo de las corbetas. Los signos eran más que evidentes ya que Riad canceló sin previo aviso una visita de su jefe del estado mayor al astillero y los trabajadores se echaron a la carretera cortando la variante de San Fernando.

La entonces presidenta de la Junta, Susana Díaz, encabezó las presiones a Moncloa para que diera marcha atrás. También fue determinante la presencia en el Ejecutivo central de la ex consejera María Jesús Montero, ministra de Hacienda de Pedro Sánchez y última responsable de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), de la que depende Navantia.

Sánchez pidió a Robles que apaciguara los ánimos y ésta, a regañadientes, se citó con el embajador saudí, aunque para su sorpresa, lo dejó plantado. Poco después, comparecía en el Senado afirmando que no tenía conocimiento de que un país “serio” fuera a suspender sus contratos con España por el asunto de las bombas. Sánchez se encontraba en uno de sus peores momentos como presidente, ya que coincidía con la ofensiva de la oposición contra su tesis doctoral y la dimisión de la ministra de Sanidad, Carmen Montón, por el escándalo del máster en la Universidad Rey Juan Carlos.

Finalmente, fue el ministro de Asuntos Exteriores, Josep Borrell, el que logró apagar el incendio tras unas intensas gestiones telefónicas que le llevaron a tener “la oreja como la península arábiga”, según bromeó en Estrasburgo.

Tras el encarrilamiento de las relaciones entre Madrid y Riad, el cronograma se viene cumpliendo con normalidad. En febrero fue presentada en sociedad Sanni, la sociedad conjunta formada por Navantia y SAMI, la empresa pública saudí responsable de la industria militar, y en septiembre se firmó en Londres el acuerdo por un importe de 900 millones de euros que regulará la transferencia tecnológica.

San Fernando se prepara también para acoger a los más de 700 militares de Arabia Saudí que serán adiestrados en el manejo de las corbetas. Lo harán por grupos, en distintas fases que acompañarán el proceso de construcción y el primer contingente se espera para el próximo mes de octubre.

A ello se suma la posibilidad de que Arabia Saudí haga nuevos encargos, aunque el largo periodo en que el Gobierno ha estado en funciones no ha ayudado a clarificar la situación. En ese sentido, Riad estudia comprar a Navantia dos buques de asalto anfibio LPD similares al Castilla y el Galicia de la Armada española, cuya construcción recaería en Ferrol según avanzó El País el pasado mes de agostoEl País , aunque la empresa mantiene el mutismo al respecto.