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El Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía ha aprobado recientemente el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales (PORN) y el Plan Rector de Uso y Gestión (PRUG) del Parque Natural Bahía de Cádiz. Al seguir manteniéndose como suelo urbanizable terrenos en Red Natura 2000, de los que forma parte el parque natural, Ecologistas en Acción anuncia que presentará recurso judicial, en base a la jurisprudencia existente.
Estos planes suponen una clara desprotección de este espacio natural y se han aprobado con el rechazo a la gran mayoría de las alegaciones de Ecologistas en Acción. Tampoco se ha informado a la Junta Rectora, como órgano de participación, de la propuesta definitiva que se iba a llevar al Consejo de Gobierno. Se han aprobado con secretismo y en pleno verano.
Ecologistas en Acción presentó hace ya cuatro años un total de 207 alegaciones al PORN y al PRUG del Parque Natural Bahía de Cádiz, sin que hayamos tenido contestación directa por parte de la Junta de Andalucía. Unas alegaciones, afirma la organización ecologistas, que tenían un doble objetivo: blindar la protección del parque natural ante la desregulación que viene imponiendo la Junta de Andalucía, y ampliarlo a espacios colindantes de gran valor ecológico. Sin embargo, la Junta de Andalucía ha optado por el desarrollismo económico sobre la conservación de sus importantes valores naturales.
En el Parque Natural Bahía de Cádiz se pretende impulsar la acuicultura intensiva, que genera importantes impactos ecológicos. Ecologistas en Acción propuso que sólo se permitiera en este parque natural la acuicultura extensiva de estero, que aprovecha los ciclos y recursos naturales y goza de una merecida fama. La Junta lo desestimó. Y es de una enorme gravedad que el PORN mantenga como suelo urbanizable de equipamientos de la Universidad de Cádiz (UCA), en realidad destinado a un polígono industrial, el amplio espacio entre la antigua N-IV y el Pinar de la Algaida en Puerto Real, desestimando la alegación que presentamos en base a la jurisprudencia del Tribunal Supremo (TS) y del Tribunal Constitucional (TC), que determina que todo el parque natural, al formar parte de la Red Natura 2000 de la Unión Europea (UE), debe clasificarse como suelo no urbanizable de especial protección.
"Es insólito, y de una extrema gravedad, la insumisión de la Junta de Andalucía a las sentencias del TS y del TC", señalan los ecologistas, indicando que "tras esta contundente jurisprudencia", la Junta recabó un informe de su gabinete jurídico, con la esperanza de encontrar un resquicio para justificar su incumplimiento. El informe, que fue ocultado por el delegado de la CSMAyEA en Cádiz, concluía que "todos los terrenos incluidos en la Red Natura 2000 no solo deben mantenerse como «excluidos» de su transformación por la actuación urbanística, sino que, dentro de la situación del suelo rural, deben ser encuadrados en la categoría de mayor nivel de protección".
El informe concluía que, ante las directrices del Tribunal Constitucional y el Supremo, no parecía que pudiera "autorizarse una transformacióntransformación urbanística supeditada a un procedimiento de evaluación ambiental".
Con este Decreto, subrayan desde Ecologistas en Acción, "la Junta burla incluso a su propio servicio jurídico".
La CSMAyEA también rechazó -recuerdan los ecologistas- la propuesta de ampliación del parque natural a, entre otros espacios, las dos mayores salinas de la Bahía de Cádiz (Cetina y Santa María), las Aletas, la orla de pinares -que incluye el bosque de mayor biodiversidad de la provincia, la Dehesa de las Yeguas-, el istmo del tómbolo de Cádiz y diversas zonas ya protegidas por la UE e incluidas en la Red Natura 2000 como son los fondos de la Bahía, el salado de San Pedro y una amplia zona marina. Esta ampliación hubiera supuesto incorporar al parque natural un total de 14.899,7 hectáreas, un 141,6% más. El parque natural pasaría de las 10.522 actuales, a 25.421,7 hectáreas: "La Junta se ha opuesto a esta ambiciosa propuesta de protección de la totalidad de espacios naturales de la Bahía de Cádiz".
"Es muy lamentable que unas propuestas técnica y jurídicamente rigurosas, y solventes desde el punto de vista científico, se hayan rechazado sin analizarlas y sin responder de forma argumentada, como marca la ley -prosiguen desde Ecologistas en Acción-. Queda en evidencia que la CSMAyEA se opone a la ampliación de este parque natural y de otros por una decisión política miope, sin base jurídica ni científica".
"Estos despropósitos son un ejemplo más de la revolución gris del presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno Bonilla (PP), que prima el desarrollismo económico sin importarle cómo afecta a nuestros espacios naturales, que son una seña de identidad de Andalucía, que es la región más biodiversa de Europa", concluyen.
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