Once pueblos de la provincia de Cádiz están ya en la lista negra de la despoblación

La Junta de Andalucía ha situado a once pueblos de la provincia de Cádiz en la lista de zonas con riesgo de despoblación, por lo que aportará a sus vecinos una serie de beneficios económicos.

Estas localidades, todas con menos de 3.000 habitantes, son: Algar, Benaocaz, El Bosque, Castellar de la Frontera, El Gastor, Grazalema, San Martín del Tesorillo,Setenil de las Bodegas, Torre Alháquime, Villaluenga del Rosario y Zahara de la Sierra.

En su gran mayoría pertenecen a la comarca de la Sierra. El listado podría ser superior ya que el Gobierno Central puso el límite de 5.000 vecinos a la hora de fijar el riesgo de despoblación.

La Junta considera que hay 426 pueblos en riesgo de despoblamiento en toda la región. Más de la mitad de las localidades que conforman Andalucía. De ellos, 69 son de Almería; 11 de Cádiz; 37 de Córdoba; 121 de Granada; 49 de Huelva; 56 de Jaén; 59 de Málaga y 24 de Sevilla.

Hay que tener en cuenta que solo tres pueblos gaditanos están por debajo de los 1.000 vecinos: Benaocaz (754), Torre Alháquime (800) y Villaluenga del Rosario (467). Sin embargo, en las restantes provincias andaluzas son numerosos los pueblos con menos de 500 vecinos y algunos por debajo del centenar, lo que agrava más el riesgo de despoblamiento frente a la realidad de Cádiz.

Los restantes municipios gaditanos por debajo de los 3.000 vecinos son Algar (1.436), El Bosque (2.249), Castellar de la Frontera (2.976), El Gastor (1.698), Grazalema (1.998), Setenil (2.636), Zahara de la Sierra (1.355) y San Martín del Tesorillo, con 2.754.

Que estas once localidades gaditana se integren en el lista aportada por la Junta de Andalucía no significa que todas tengan el mismo nivel de riesgo de despoblamiento.

Cuando el gobierno Central aprobó, pasado 2017, la norma sobre las zonas con riesgo de despoblación, planteó los datos atendiendo a varios parámetros: pérdida de población acumulada en el siglo XXI, una densidad de habitantes por debajo de 12,5 por kilómetro cuadrado, una variación residencial negativa desde 2011 y el saldo vegetativo (diferencia entre nacimientos y defunciones) desde ese mismo año.

Si nos atenemos al primero de los datos, cinco de las once localidades gaditanas en riesgo de despoblamiento han crecido en número de habitantes respecto al padrón que tenían en el año 2000.

Aumento de la población en un cuarto de siglo

En esta situación positiva, pues indica que hay un cierto dinamismo de la población, se encuentran Benaocaz, con 95 vecinos más en casi un cuarto de siglo; El Bosque, con 374 más; Castellar, que ha crecido en 445 vecinos; Villaluenga, con 9 más y San Martín del Tesorillo, que en el 2000 no era un municipio independiente.

Por el contrario, van a la baja Zahara, que ha perdido desde el inicio de siglo 205 residentes; Torre Alháquime, que se ha dejado 133; Setenil de las Bodegas, con 443 menos; Grazalema, que ha bajado en 242 residentes; El Gastor, con 255 menos y Algar que ha perdido 342.

Curiosamente, si nos fijamos en el crecimiento vegetativo, en el año 2000 era la capital de la provincia la que acumulaba el datos más elevado, con -137 (ya puestos, Cádiz es la localidad que peor lo lleva, con un descenso constante de su población desde 1996). Hace un cuarto de siglo el crecimiento vegetativo solo era negativo, también, en El Bosque (-1), El Gastor (-4) y Torre Alháquime (-2). Hoy, un cuarto de siglo más tarde la casi totalidad de los 45 municipios de la provincia tienen un crecimiento vegetativo negativo, lo que no significa que todos estos estén en una situación de despoblación.

Entre las medidas adoptadas por la Junta para evitar la pérdida de población y proteger los municipios con un menor padrón, se han aprobado diversas ventajas fiscales para los residentes en estas localidades.

Así, se puede aplicar en la adquisición de una vivienda un tipo reducido del 3,5% en el pago de la modalidad de Transmisiones Patrimoniales Onerosas del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados (ITPAJD), siempre que el inmueble se destine a vivienda habitual y el valor del mismo no sea superior a 150.000 euros.

De esta manera, una persona que compre ahora una vivienda de 140.000 euros, por ejemplo, en un municipio andaluz de menos de 3.000 habitantes pagará un tipo reducido del 3,5% en Transmisiones Patrimoniales, esto es, 4.900 euros, mientras que si la hubiese adquirido en 2019 habría pagado un tipo general del 8%, es decir, 11.200 euros, lo que supone un ahorro actual de 6.300 euros.

Junto a ello se le incluye un tipo reducido del 0,3% en la modalidad de Actos Jurídicos Documentados, siempre que el inmueble esté radicado en un municipio de menos de 3.000 habitantes, que tenga como destino la vivienda habitual y cuyo valor no supere los 150.000 euros.