Investigado por el fraude al SAS el director de los hospitales de la Bahía

cádiz/La Guardia Civil ha puesto a disposición judicial a 22 personas, 13 de ellas en calidad de detenidas y nueve investigadas, durante el marco de la operación Venel, mediante la que se ha desarticulado una trama responsable de un fraude masivo al Servicio Andaluz de Empleo (SAS) por valor de más de 250.000 euros. Entre los investigados se encuentran Rafael Pereiro, director gerente de los hospitales Puerta del Mar y Clínico de Puerto Real desde el 1 de noviembre de 2012; y su antecesora en el centro puertorrealeño, María Ángeles Prieto, que posteriormente fue directora gerente del hospital de Jerez hasta julio de 2015. Según aparece en la documentación a la que ha tenido acceso este diario, a ambos se les investiga por su presunta responsabilidad en ambos centros hospitalarios a la hora de firmar y certificar la procedencia de la facturación correspondiente al material ortopédico que se cargaba a cuenta del SAS y que no se entregaba a los pacientes, algunos de los cuales incluso habían fallecido en el momento de expedir la receta.

Fuentes de la investigación consideran que los directores gerentes habrían tenido "una actitud negligente" a la hora de vigilar el recetado de prótesis y sillas de rueda a motor. También han testificado en calidad de investigados el ex director económico administrativo del hospital de Puerto Real, la ex subdirectora económica administrativa responsable de la Unidad de Atención al Usuario y dos médicos de admisión por facilitar talonarios de recetas firmados y sellados en blanco a los administrativos, que posteriormente se las facilitaban a las ortopedias investigadas por la facturación irregular de artículos protésicos.

Además, hay 13 personas detenidas, entre ellas dos administrativos del Clínico de Puerto Real y los propietarios y personal de las ortopedias implicadas, la jerezana Indalo, la marbellí Sanipedic, la Ortopedia Puerto Real y la Ortopedia Ortoglobal. A estos se les acusa de varios delitos de malversación de caudales públicos, fraude, falsificación de documento público, intrusismo profesional y pertenencia a grupo criminal.

La investigación que ahora ha cristalizado se inició en marzo de 2013, coincidiendo con la incorporación de una nueva directora económica administrativa a los hospitales Puerta del Mar y Clínico de Puerto Real. Nada más llegar, esta persona detectó que los cauces que se utilizaban en algunos departamentos eran diferentes a los habituales en otros centros por los que había pasado con anterioridad. Entre otras anomalías, observó que no le presentaban todos los documentos de la certificación de la facturación o que esta se la enviaba para su firma directamente el auxiliar administrativo encargado de realizar la documentación, cuando lo normal es que fuera previamente validada por un responsable intermedio.

Ante esta situación, decidió reunirse con el director gerente del hospital, Rafael Pereiro, solicitándole una auditoría de la prestación ortoprotésica y la modificación de su forma de trabajar. Precisamente fue Pereiro quien solicitó formalmente al equipo de Inspección de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales de la Junta de Andalucía una investigación relativa a la prestación ortoprotésica de los hospitales.

Una vez realizada esta investigación, los inspectores no encontraron irregularidades a destacar en el Puerta del Mar, pero sí que las vieron, y de carácter penal y administrativo, en la prestación ortoprotésica realizada en Puerto Real.

A pesar de que ha sido la Guardia Civil quien ha llevado a cabo la operación, a instancias del Juzgado de Instrucción número 1 de Puerto Real, la primera denuncia la interpuso una señora el 22 de mayo de 2014 en la Comisaría de la Policía Nacional de San Fernando. Esta mujer, madre de un menor, tuvo conocimiento a través de los inspectores sanitarios de la supuesta utilización irregular de los datos de su hijo para conseguir productos ortopédicos. Tras un año sin avances, y una treintena de declaraciones, el caso fue trasladado a la Guardia Civil de Jerez, que puso en marcha una operación que está prácticamente cerrada, a expensas, algo improbable, de que la autoridad judicial ordene nuevas detenciones.

Según la investigación, los inspectores sanitarios dejaron patente en su informe la caótica forma de trabajo implantada en el hospital de Puerto Real. Además del perjuicio causado al erario público, una de las consecuencias más graves que se derivan de esta práctica criminal, según relató la Guardia Civil, es el caso de un paciente al que se le denegó un material ortopédico que precisaba porque ya había sido retirado de forma fraudulenta usando sus datos.

Las investigaciones detectaron una trama organizada que estaría conformada por algunos funcionarios del Servicio Andaluz de Salud del Hospital de Puerto Real y varios titulares de ortopedias radicadas en las provincias de Cádiz, Sevilla y Málaga.

Posteriormente se determinó que gran cantidad de recetas emitidas para la prescripción de material ortopédico, una vez firmadas y selladas, terminaban en manos de distintas ortopedias que las rellenaban con datos de usuarios a los que se les prescribían de manera ficticia. Se trataba de distintos productos de mayor o menor coste, dándose una pluralidad de casos delictivos detectados, además de multitud de irregularidades administrativas que quedaban fuera del ámbito de la investigación policial.

Habían facturado productos a nombre de 125 personas, a las que se suman otras a las que habían seguido cargando productos ortopédicos aun después de su fallecimiento.

Entre las modalidades delictivas más utilizadas estaban la prescripción de prótesis de amputados a personas que manifestaron no haber recibido los productos, aclarando además que padecían amputaciones distintas a la de estos artículos facturados irregularmente a su nombre; la prescripción de prótesis de amputados a personas no amputadas; la de sillas eléctricas y arreglos de sillas eléctricas, manifestando estos pacientes que no las habían obtenido, no les habían realizado arreglos e incluso que no las necesitaban; las prescripciones duplicadas de artículos ortoprotésicos, por las que se realizó una doble facturación; las prescripciones a pacientes que dijeron no haber acudido a su médico para la obtención de estos artículos, sino que se los había gestionado directamente las ortopedias; las prescripciones en las que se visó y falsificó la firma de los auxiliares administrativos y de los propios facultativos y, por último, las prescripciones de las que no existen registros informáticos, debido a un borrado de la base de datos de cargos, y de los que tampoco existe documentación en el archivo del hospital.

Aunque el fraude detectado supera los 250.000 euros, el ahorro en la dispensa de material de ortopedia desde que se detectó el mismo y se corrigieron las deficiencias supera el medio millón de euros en uno de los hospitales.

Durante las pesquisas de los agentes de la Benemérita, se observó que los documentos de entrega de los artículos dispensados no estaban firmados por los pacientes, sino que los rubricaban uno de los propietarios de la Ortopedia Indalo o incluso uno de los trabajadores. De todos los pacientes a los que se ha tomado declaración ninguno conoce a dicho trabajador ni dijo haberle autorizado la recogida de estos artículos en su nombre.

Un dato a tener en cuenta también es el descenso en los beneficios de la ortopedia jerezana Indalo desde que se inicia la investigación por parte de los inspectores sanitarios en los primeros meses de 2014, y que provocaron, de momento, el traslado de los dos administrativos de Puerto Real detenidos. Así, mientras que en 2012 tuvo unos beneficios de 113.876,68 euros y en 2013 ascendió hasta los 144.663,67 euros, ya en 2014 la empresa ortopédica cerró el ejercicio con unas pérdidas de 6.571,12 euros.