La juez ordena el ingreso en prisión del 'padre' Pepe, ex gestor de El Santísimo

La titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Chiclana, que instruye el caso del supuesto delito de estafa continuada a los ancianos residentes en el geriátrico El Santísimo de Medina Sidonia, ha decretado el ingreso en prisión del máximo responsable de la supuesta trama desarticulada por la Guardia Civil, José Herrera Pérez-Blanco, más conocido como el 'Padre' Pepe, y la puesta en libertad con cargos de los otros tres arrestados, es decir Guillermo Amado Morejón ('hermano' Guillermo), Francisco Casto González ('hermano' Paco) y otro hombre más del que sólo han trascendido sus iniciales, que son M.M.V.M.

Al menos los tres primeros forman parte de los Obreros de la Cruz, una asociación religiosa supuestamente benéfica que jamás ha sido reconocida por la Iglesia Católica en España y que ha venido gestionando el funcionamiento de la residencia El Santísimo durante más de 15 años, hasta que fueron apartados de la misma el pasado mes de mayo por una orden judicial.

La Guardia Civil les acusa de un delito continuado de estafa al apropiarse de manera indebida del dinero de las cuentas corrientes de algunos de los ancianos residentes en el centro, los cuales padecían algún tipo de minusvalía física y/o psíquica y que, en muchos de los casos, no contaban con familiares que los representara. Los detenidos se ganaban la confianza de los internos para que les permitieran acceder a estas cuentas corrientes.

Los investigadores cifran en un mínimo de 150.000 euros el dinero estafado y señalan que algunos de estos engaños se remontan a 20 años atrás.

El estallido de este nuevo escándalo en torno a la asociación de los Obreros de la Cruz originó ayer la primera crítica política contra la Junta de Andalucía, que siempre ha mantenido un concierto con El Santísimo. Esta crítica partió del parlamentario andaluz de Izquierda Unida (IU) por Cádiz, Ignacio García, quien considera que estos hechos vienen a corroborar la "ineficacia" de los servicios sociales por parte de la Administración andaluza.

García considera que esta presunta estafa es una muestra de que el modelo de la Junta de Andalucía "basado en la privatización de los servicios y en la dejación de su responsabilidad mediante el recurso sistemático al concierto con entidades privadas" trae como consecuencia casos como el destapado ahora en Medina Sidonia "y otros que todavía no han saldo a la luz pública".

"La Junta y las entidades privadas se aprovechan de la sensibilidad y solidaridad de los trabajadores con los internos", aseveró el parlamentario de IU, quien además opina que las consecuencias del modelo social que promulga la Administración autonómica conlleva "que los residentes no reciban asistencia de la calidad necesaria y que los trabajadores de estos centros se conviertan en los perjudicados, puesto que cumplen sobradamente con sus obligaciones superando con creces lo establecido en sus contratos".

El hecho de que algunos casos de la estafa destapada por la Guardia Civil se remonte a 20 años atrás lleva a Ignacio García a preguntar por la labor de tutela y control por parte de la Junta.