El padre de uno de los agentes asesinados en Barbate también quiere apartar a la jueza del caso

Cádiz/El padre de Miguel Ángel González, uno de los dos guardias civiles que fallecieron el pasado febrero en el puerto de Barbate tras ser arrollados por una narcolancha, se ha adherido al incidente de recusación planteado por la defensa de uno de los encarcelados contra la jueza que instruye el caso por llevar una pulsera del Instituto Armado mientras tomaba declaración a unos agentes durante la práctica de una prueba testifical.

Se da la circunstancia de que el padre del guardia civil de San Fernando asesinado en Barbate es la única acusación particular personada en el procedimiento que quiere apartar a la magistrada de la investigación de la causa. El resto de acusaciones, entre las que se encuentran varias asociaciones afines a la Guardia Civil, han rechazado dicha recusación, mientras que todas las defensas de los encarcelados tras las muertes de los agentes han respaldado la reprobación de la instructora. La Fiscalía, por su parte, no se ha pronunciado sobre la recusación porque aún no le han dado traslado.

En un reciente escrito presentado en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Barbate, el padre de Miguel Ángel se adhiere "en su totalidad" a los argumentos planteados por el abogado recusante sobre la simpatía manifiesta de la jueza hacia la Benemérita.

Asimismo, añade que el 12 de abril de 2024 solicitó la práctica de determinadas diligencias, entre ellas, "testificales de altos mandos de la Guardia Civil que nunca fueron atendidas". Por ello, pidió después ampliar la investigación por "la posible existencia de un delito de homicidio con dolo eventual o imprudente" y apuntó como "posibles autores al coronel jefe de la Comandancia de Cádiz y al capitán jefe provincial del Servicio Marítimo".

El padre del agente isleño fallecido considera pues que la jueza de Barbate ha incurrido en una "quiebra de la imparcialidad" al llevar en su muñeca izquierda una pulsera con la bandera de España y las siglas de tres cuerpos de la Guardia Civil (UAR-GAR-CAE) en el transcurso de unas declaraciones en las que las personas que testificaron eran, precisamente, miembros de estos grupos.

Subraya también que los altos mandos, cuya declaración como investigados ha solicitado sin que hasta la fecha hayan sido citados, pertenecen igualmente a los mismos grupos.

"Vestir y exhibir dichos símbolos en el ejercicio de sus funciones es prueba evidente y, dicho sea de paso con los debidos respetos y en estrictos términos de defensa, inaceptable, de una muestra de cercanía o simpatía" con la Guardia Civil, lo que "imposibilita la neutralidad e imparcialidad de la jueza instructora", argumenta el progenitor del agente isleño, que entiende que esa afinidad de la magistrada con el Instituto Armado puede ser el motivo por el que aún no se han practicado las diligencias que demandó, así como "la ampliación de los investigados por la posible comisión de un delito, nada menos, que de homicidio con dolo eventual o imprudente, a determinar en el momento procesal oportuno", concluye.

Por todo ello es por lo que el padre de Miguel Ángel, en su ejercicio de la acusación particular, se adhiere al incidente de recusación propuesto por el letrado de uno de los encarcelados tras los hechos.