¿Quién paga el fraude de Bahía Competitiva?

La imagen que aparece sobre estas líneas es del polígono La Palmosilla, en Alcalá de los Gazules. Es una de las imágenes de lo que supone la realidad del conocido ya como fraude de Bahía Competitiva. La trama gallega liderada por Alejandro Manuel Dávila Ouviña compró esos terrenos pero jamás se hizo nada en ellos. Dos años después de que estallara el asunto, la Policía Nacional ha detenido a unas 30 personas, ha constatado un fraude de 21 millones de euros (más otros 26 que fueron autorizados pero finalmente retenidos) y asegura que hubo incluso desvío de fondos a paraísos fiscales. Esta semana, la jueza Lourdes del Río, encargada del asunto, interrogará en el Juzgado de instrucción número 4 de Cádiz a ocho de las personas imputadas en esta trama.

Según el último informe emitido por la Udyco (tomo 9 de las diligencias previas) hay varias claves de partida. En primer lugar, que pese a estar reguladas las normas de control que establecía el Ministerio de Industria en las convocatorias de ayudas a la Reindustrialización, nadie desde la Diputación Provincial o la Agencia Idea dijeron nada acerca de los riesgos que suponía la acumulación de ayudas en al menos 17 proyectos vinculados todos a las mismas personas (Ouviña y su entorno). En segundo lugar, la predisposición de quien fuera responsable de Bahía Competitiva, Antonio Perales, para mejorar determinados proyectos que pretendían ubicarse en su localidad natal, Alcalá de los Gazules. En tercer lugar, que pese a la toma de declaración efectuada por la Policía a varios de los imputados, la conclusión de la Udyco es que mienten.

EL COMIENZO

El informe policial refleja en sus observaciones que entre los años 2008 y 2011 se crea un conglomerado empresarial que tenía como finalidad la solicitud de subvenciones públicas, atraído por los planes de reindustrialización aprobados por las diferentes administraciones (Ministerio de Industria y Junta de Andalucía) y que favorecían especialmente a la provincia de Cádiz tras el varapalo social y laboral que supuso el cierre de la planta de Delphi. De hecho, un directivo de la industria de la automoción, José María Garrido, se presentó en el Ministerio de Industria en el año 2008 junto a Ana Isabel Fuentes Mateo (una de las imputadas posteriormente en este caso) para presentar un proyecto de reutilización de las instalaciones de Delphi en Cádiz mediante un novedoso sistema de energía termosolar. Dicho proyecto no es otro que Cádiz Solar Center, empresa presente en las convocatorias de 2009, 2010 y 2011 del plan de reindustrialización. Jesús Candil, entonces director general del Ministerio, también imputado, reconoce que les animó a que presentaran la solicitud para estas ayudas. Tal entramado de empresas consiguió subvenciones durante diferentes convocatorias, utilizando para ello numerosos documentos falsos y utilizando el polígono industrial de La Palmosilla, en Alcalá, como centro neurálgico para su supuesta instalación. Una vez que obtenían el ingreso, en poco tiempo se producía el desvío de los fondos a otras cuentas o mediante cheques y pagarés. Pero el entramado no está exento del uso de testaferros u hombres de paja como Agustín Bobo de Vega, que adquiere una de las sociedades beneficiarias de las subvenciones de la convocatoria de 2011.

La investigación policial concluye que existen delitos de fraude de subvenciones, falsedad documental y blanqueo de capitales.

EL PROCESO

El proceso para la solicitud de las ayudas de reindustrialización, en virtud al acuerdo firmado por la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa y la Diputación de Cádiz con el Ministerio de Industria, nace con la presentación ante este último organismo de la documentación pertinente, que confirma si cumple los requisitos de elegibilidad. A continuación, la petición de la subvención pasa por una comisión de evaluación en la que están representadas la Agencia Idea, el Plan Bahía Competitiva y el IEDT de la Diputación Provincial de Cádiz. Los criterios de baremación están previamente regulados por el Ministerio, aunque es la comisión de evaluación la que debe valorar los riesgos de financiación, entre otros requisitos. Una reunión conjunta entre la comisión en la que están representadas Junta de Andalucía y Diputación con el personal del Ministerio es la que decide definitivamente la concesión de las ayudas públicas con arreglo a las evaluaciones.

Cádiz Solar Center recibe subvenciones de la convocatoria de 2009, y en la de 2010 se aprueban otros cuatro proyectos del entorno de Alejandro Dávila Ouviña. Parte de estos fondos se utilizan para la adquisición de los terrenos de Alcalá, donde pretenden asentarse otros nueve proyectos aprobados en la convocatoria de 2011, también vinculados al empresario gallego. Los técnicos de evaluación (en esta última convocatoria son Teodoro Clavijo, Rosa Barreiro, Gema Herrera y Rosa Rodríguez Cano, estando imputada esta última) detectan un alto riesgo de concentración de la inversión de los proyectos en este polígono industrial por construir, aunque terminan calificando como favorable las solicitudes. Las incidencias son comunicadas a los superiores jerárquicos, Adelaida Moares, Teodoro Garrido y María José Valencia, todos imputados. Ante este punto, los investigadores policiales consideran que se producen testimonios falsos puesto que las declaraciones son contradictorias. Por un lado, existe una versión en la que se consulta telefónicamente al Ministerio. Juan Ignacio Moratinos y Alejandro Fernández dan instrucciones de hacer constar en las observaciones de la evaluación los riesgos detectados. Ambos, imputados, lo niegan.

ARESPACOCHAGA

Precisamente, uno de estos funcionarios de Industria, Alejandro Fernández, ofrece en su declaración como testigo ante la Policía (antes de su imputación), un dato clave acerca de otra figura de esta trama: la familia Arespacochaga. El funcionario de Industria explicó que "en junio de 2011, le llamó un tal Arespacochaga como supuesto inversor que va a entrar a participar en los proyectos de Ouviña, posiblemente en alguno del 2010". El declarante le respondió que no lo podía recibir dado que ya tenía conocimiento de que había irregularidades en los expedientes. "El tal Arespacochaga -continúa el atestado policial- muestra su extrañeza por no querer recibirlo dado que tenía intención de intervenir como inversor en esos proyectos". Acerca de la manera de participar en esa inversión, "Arespacochaga habló acerca de unos fondos de inversión en Luxemburgo" y, "después de unas cuantas llamadas no vuelve a saber nada de él".

Por otro lado, Valencia declara que Francisco González Cabaña también fue consultado ante las incidencias detectadas y dio orden de que se continuara con lo que indicaran los técnicos que eran los que sabían. Además está el correo electrónico en el que se informa a los miembros de la comisión de evaluación de los cambios en las baremaciones que es necesario realizar para que coincidan con las subvenciones decididas, así como el lugar en el que deben aparecer los proyectos presentados .

Las evaluaciones llegan como favorables a la reunión mixta con el Ministerio, aunque con las reticencias de los técnicos constando en las observaciones. Tanto la concentración de las partidas al polígono de Alcalá (que superan los criterios de Industria), como las dudas que plantea la capacidad financiera para responder al total de la inversión que las empresas tienen que realizar, se recogen en las solicitudes del entramado empresarial objeto del supuesto fraude. Sin embargo, en dicha reunión en la que están presentes María José Valencia, Antonio Perales y Teodoro Clavijo, no se manifiesta ningún impedimento a la concesión de las ayudas, a pesar de las incidencias detectadas. La aprobación de los proyectos no es objeto de debate alguno y la calificación de favorable hace que obtengan el visto bueno automáticamente, "puesto que la carga de trabajo impide analizar el contenido de las evaluaciones". Por tanto, el Ministerio aprueba lo sugerido por la Diputación y las observaciones planteadas carecen de validez.

La Policía infiere de estos hechos que existe una omisión grave del deber profesional de algunas personas implicadas, por calificar como favorable un conjunto de proyectos de alto riesgo que se han demostrado inviables o por haberlos aprobado a pesar de las advertencias realizadas por los evaluadores. También destaca la actuación de los máximos responsables de la inversión en la Diputación por hacer caso omiso de las advertencias de los técnicos.

A continuación, se reproducen las declaraciones tomadas a algunos de los imputados y las conclusiones a las que, acerca de ellas, llega la Policía.

Agustín Bobo de Vega (Imputado). Es una de las primeras personas que aparece en el entramado de empresas gallegas, junto a Dávila Ouviña. Hasta la fecha no había trascendido nada acerca de su participación en la trama, pero la juez lo ha imputado y será el primero en declarar el próximo martes en Cádiz. En su declaración ante la Policía en el momento de su detención en Zamora en febrero de 2012, Bobo de Vega, que nació en el año 1935 (tiene 78 años) aseguró que "apenas conoce a Dávila Ouviña", manifestando que "le ha visto una vez y no recuerda ni su cara". Añade que "apenas conoce nada de su actividad como administrador único de las sociedades mencionadas" -en el atestado- . Incluso, preguntado por los agentes acerca de la empresa Cádiz Solar Center, aseguró que "es una de las de Ouviña, en las que firmaría como administrador, y que una vez lo llamaron de Canal Sur para preguntarle por esa sociedad cuando saltó este escándalo". Las conclusiones que extrae la Udyco tras su declaración son que "se limitaba a acudir a Madrid cuando le avisaban de una notaría o bien le avisaba Dávila Ouviña y, tras la firma del documento que le diesen, que ni siquiera leía, recibía algún dinero, recordando que en una ocasión se lo dio Ouviña". "De su declaración necesariamente debe desprenderse el hecho de su utilización como testaferro de otras personas, concretamente Dávila Ouviña y Juan Arespacochaga Fernández".

Teodoro Garrido, ex gerente del IEDT (Imputado). Su declaración ante la juez el próximo día 17 ha provocado su repentina salida de la Diputación más de una década después. Tras su declaración, la Policía concluye que "se han tenido por falsos los testimonios de las personas que han prestado declaración como responsables en el proceso de evaluación de los proyectos, especialmente el correspondiente a Teodoro Garrido y a María José Valencia". Además, la Udyco señala que "se conoce de la declaración de Teodoro Garrido que todos sus superiores jerárquicos tuvieron pleno conocimiento de las incidencias detectadas y del riesgo tan grande que suponía la aprobación como favorables de los proyectos, y además estas incidencias fueron comunicadas en el Ministerio. Allí dieron la indicación de hacer constar las observaciones en las fichas de la evaluación. Se confirma que Antonio Perales y González Cabaña eran las personas responsables en última instancia de la gestión de la evaluación de proyectos, en cuanto que a ellos se dirigen los técnicos encargados de la evaluación técnica".

María José Valencia, ex diputada responsable del IEDT (Imputada. Será la segunda persona en declarar el próximo martes. Fue detenida por la Policía en febrero de este año por delito de fraude en subvenciones públicas. En su declaración aseguró que, en relación a los expedientes de ayudas públicas investigados, "algunos los recuerda vagamente, aunque no en detalle". En cualquier caso, con motivo de su comparecencia ante la Policía, "sí ha recordado que algunos de ellos se concentraban en Alcalá de los Gazules". Tras su declaración, la Udyco concluyó que "no es creíble sencillamente la afirmación de que Antonio Perales se interesara por la tramitación de los proyectos de forma ocasional, casual y a través de un simple comentario. Los testimonios del resto de implicados, que incluso asistieron a una reunión convocada por él, no confirman ese interés superficial manifestado por Valencia". Por tanto, "debe tenerse el testimonio parcialmente falso en hechos relevantes de la investigación". De lo dicho por Valencia, la Policía también extrae que "se tiene constancia del conocimiento que tenían del riesgo de la inversión los máximos responsables de la inversión en Cádiz, Antonio Perales, como promotor del proceso de inversión, y Francisco González Cabaña, presidente entonces de la Diputación. A estas personas se les comunicó la incidencia".

Jesús Candil, ex director general de Industria (Imputado). Fue el máximo responsable del programa Reindus, siendo director general de Industria en el Ministerio entre los años 2004 y 2011. Declaró ante la Policía que su responsabilidad era la de instructor del procedimiento y, por tanto, firmar la concesión definitiva de ayuda si la cuantía era inferior a 900.000 euros. La Udyco señaló tras su declaración que "en el Ministerio de Industria parece que no se estudia el impacto de la inversión en la región por su concentración, sino que se estudia cada uno de los expedientes por separado, y esto además, no se hace desde el Ministerio, sino que se estudia desde la Diputación". En segundo lugar, alude el atestado a que "Antonio Perales no defendió los proyectos investigados ante el Ministerio -según lo declarado por Candil-". Sin embargo, la Policía advierte que "este dato es difícilmente creíble, dada la defensa constatada ante los técnicos de la comisión de evaluación que realizó una vez detectada la concentración de la inversión, y el detalle del correo electrónico que indicaba la modificación de las ayudas asignadas". Por último, la Udyco añade que "se reconoce implícitamente que el organismo que tenía la decisión final sobre la concesión de las subvenciones era la Diputación Provincial de Cádiz". Un detalle más de su declaración. Jesús Candil mostró "su sorpresa e indignación de que después de 35 años de servicio en el Ministerio y siguiendo siempre escrupulosamente los procedimientos administrativos que el Ministerio le ha encomendado, se encuentre imputado y que no cuente con la asistencia de la Abogacía del Estado".