"¡A ti te pago yo!"

Juan Cadenas perdió un ojo y casi la vida cuando la comisaría de la policía local de Puerto Serrano fue asaltada por tres miembros del clan de los Cachimba, unos personajes superviolentos de la localidad. Pese a que la psicóloga de la mutua consideraba que las secuelas del suceso le incapacitaban para cualquier trabajo un juez estimó lo contrario. Otro juez reconoció que las medidas de seguridad de la comisaría no eran las adecuadas. Tras aquella pesadilla, Juan empezó el calvario administrativo. Este es un caso extremo de algo a lo que se enfrentan trabajadores públicos cada día.

Según el sindicato de funcionarios Csif en la provincia los agentes de la policía local sufren una agresión al día. No son sólo ellos. Durante 2018 se contabilizaron 140 agresiones contra todos los profesionales de la Sanidad de la provincia, 30 de ellas físicas. Los trabajadores de emergencias sanitarias sufrieron durante el pasado año diez agresiones, con doce profesionales afectados. En el ámbito de la educación tampoco se libran. 138 casos de violencia en las aulas o de padres contra los tutores contabilizó en la región el sindicato Anpe, de las cuales 18 se produjeron en la provincia. Csif apunta también las oficinas del servicio andaluz de empleo o los centros de menores como lugares de riesgo.

Enrique Estévez, presidente del Csif, está muy implicado en las campañas que este sindicato de funcionarios realiza para evitar las agresiones a empleados públicos. “Demandamos medidas concretas como mamparas de protección, botones de pánico, reconocimiento como autoridad y cámaras de vigilancia, pero también es preciso dar visibilidad a este problema para concienciar a la opinión pública para mejorar los protocolos de actuación”.

Para este dirigente sindical, las estadísticas sólo reflejan una parte del problema, por lo que anima a todo aquel que sufra una agresión verbal o física, lo denuncie. “En demasiadas ocasiones se sufren las agresiones con resignación por miedo a las represalias o simplemente por considerar, erróneamente, que las denuncias no sirven para nada”. Además, este sindicato ha pedido a las administraciones que se incluyan en los registros oficiales las agresiones “gestuales y las grabaciones con el móvil con ánimo intimidatorio”.

En el aula

Precisamente el móvil como ‘arma’ es una de las nuevas preocupaciones de los profesionales del ámbito educativo. Mari Ángeles Guzmán es una orientadora con destino en Almería a la que el sindicato Anpe le ha encomendado la labor de coordinación de una figura que, aunque parezca mentira, no existe dentro dentro de la Administración. Se trata del Defensor del Profesor, que se dedica a ofrecer asesoramiento jurídico y psicológico a profesionales que hayan sufrido algún tipo de agresión.

Para Guzmán, “el uso de las grabaciones para luego intimidar al profesor en las redes sociales, el acoso a través del whatsapp o la difamación son situaciones cada vez más habituales”. Esto no quita que otros ‘clásicos’ sigan produciéndose, “como rajar las ruedas de los coches del profesor”. Pero el momento más crítico es cuando hay que entregar las notas. Casi todas las agresiones por parte de padres a profesores se producen en ese momento en el que se presiona para cambiar los resultados del alumno. “En ese sentido una agresión a un profesor sigue siendo una falta. Si un padre le pega una bofetada a un profesor se juzga como tal y el castigo no va más allá de una multa, que no suele ser demasiado cara”. Frente a una bofetada que sale relativamente barata, Guzmán propone que la Administración tome cartas en el asunto e invista al profesor de la categoría de autoridad, “con lo que una agresión dejaría de ser falta y pasaría a ser delito. Serçía la fórmula para que el padre violento se lo pensara dos veces”.

Una encuesta realizada por Csif durante enero del pasado año muestra a las claras cuál es la percepción que existe dentro de los centros. Según este cuestionario, realizado entre el personal docente, un 30% de los encuestados consideraba la vida en el centro como poco agradable o muy difícil, casi un 15% calificaba de malas o muy malas las relaciones entre profesores y alumnos y un 26% entre profesores y padres, un 46% había detectado algún tipo de violencia en su centro en los últimos meses, un 34% pensaba que la disciplina en el centro era insuficiente y nada menos que un 72% opinaba que la autoridad del profesor era muy poca o ninguna. Un cóctel para el caldo de cultivo de la conflictividad.

En la consulta

Los consultorios y las urgencias son otros lugares donde se puede desatar la violencia. Más de 350 médicos en los 10 últimos años han sufrido algún tipo de agresión en el desempeño de su trabajo en la provincia, según los datos de las denuncias registradas por el Colegio de Médicos de Cádiz. “Hay que tener en cuenta que las agresiones reales son bastantes más, pero muchas no se denuncian”, cuenta Gaspar Garrote, secretario general del Colegio y miembro del Observatorio de Agresiones de la Organización Médica Colegial. “Por eso nuestro esfuerzo es conseguir que los médicos denuncien todos los ataques, verbales o físicos. Las agresiones van en aumento, pero también se denuncian más. Y esta es la mejor forma de concienciar a la sociedad y a los compañeros”.

“Es una de las cosas más graves que están ocurriendo ahora dentro del SAS -diagnostica José Luis Maiztegui, delegado de CC.OO. Sanidad en el Campo de Gibraltar-. El hecho de que se trate de funcionarios o estatutarios que estén prestando un servicio público no justifica que se les pueda pegar o insultar”.

El doctor Garrote, que tiene como casi todos experiencia en amenazas, resalta “la dificultad de tener que convivir con una hostilidad ambiental que se desata por temas tan nimios como un papeleo o un certificado. Según cifras de la Organización Médica Colegial, en toda España, un 65% de los médicos se han sentido agredidos en algún momento de su vida profesional. Estamos hablando de casi 200.000 médicos afectados.”

Es llamativo y sorprendente el perfil del agresor. “Es cada vez más diverso -comenta Garrote-. Se puede pensar que el agresor típico es la persona marginada, el drogadicto... pero no es así. Te sorprende que ocurra con personas que a priori no te imaginas, incluso con pacientes ya de años... el resumen es que agrede todo el mundo”.

¿Pero, por qué ataca la gente a la persona a la que acude teóricamente buscando ayuda? “El motivo fundamental es el desacuerdo con la atención médica recibida -relata Gaspar Garrote-, y ahí el campo es global: desde el que exige una cierta receta o algo que ha visto por internet, hasta el que está en desacuerdo con el alta. Y no les interesan las razones, en lugar de hablar optan por amedrentar. Está el que dice necesitar un informe médico para determinada cosa, el que protesta por el tiempo de espera... se nos ha dado el caso de estar atendiendo una parada cardíaca y que una persona se ha colado en la sala dando una patada en la puerta y exigiendo ser atendida porque llevaba media hora esperando”.

No agresiones en el sentido extremo, pero sí situaciones de extrema incomodidad, se producen cada día, según relata una médico de familia de San Fernando que prefiere no decir su nombre. Frases directamente irrespetuosas como “vengo a que me mande al cardiovascular”, o “recéteme tal cosa” como si una consulta fuera “un supermercado, pero gratis”. Las mujeres, según relatan todos los observadores en el asunto, sufren especialmente la situación de comentarios despreciativos o directamente machistas, empezando por apelativos como “niñata” hasta exigencias como “llame a un compañero que sepa de esto”. Estos casos, en su mayoría no se denuncian ni se comunican a la dirección de los centros.

Juan Benjumeda, delegado del Sindicato Médico, estima en “una agresión al mes como media” las registradas el año pasado en la provincia, y resalta que las víctimas “se sienten absolutamente ninguneadas por la administración, que no les atiende ni se preocupa mucho por el miedo que se les queda ahí por mucho tiempo”. En esto coincide con el representante de CCOO, quien resalta que “ellos (las autoridades) no se toman en serio este problema, y los agredidos necesitan una atención especial, su caso no se trata de una baja laboral normal. Y si se produce un juicio, por lo general nadie de la Administración acude a acompañarlo”.

En ausencia de estos cuidados, son las organizaciones colegiales las que atienden a los profesionales agredidos que sufren “importantes secuelas emocionales”, por medio del Paime (Programa de Atención Integral al Médico Enfermo). “Estas víctimas -cuenta Gaspar Garrote- requieren de una atención especial por las graves consecuencias psicológicas que se producen y que se manifiestan en alteraciones del ánimo o temor cuando están cubriendo una guardia, pero además porque afecta de manera importante a la necesaria buena relación médico-paciente. “Desde la Organización Médica Colegial, se ha presentado una iniciativa al Parlamento Europeo para que el acto médico sea considerado Bien Inmaterial de la Humanidad y, por tanto, objeto de especial protección. Y esperamos que haya resultados pronto”.

Sobre las medidas para combatir o evitar las agresiones a médicos hay una gran coincidencia. Todos los consultados consideran fundamental la formación del personal y la educación del público. Benjumeda habla de cosas más concretas como “acabar con las consultas ratonera”, es decir, habilitar una salida rápida, colocar timbres antipánico, cámaras de y vigilantes de seguridad en los centros. Y añade entre ellas “el endurecimiento de sanciones a los agresores, al menos en la vía administrativa, la habilitación una especie de carnet por puntos que permitiera identificar a pacientes conflictivos”.

En la prisión

Pero donde el ambiente está verdaderamente caldeado es en las prisiones, cuyos funcionarios llevan meses levantados contra la Administración por el abandono que denuncian que sufren. Cada mes se producen una media de diez agresiones a funcionarios de prisiones en la provincia. Muchas de ellas ni siquiera son registradas en las estadísticas oficiales y se solapan intencionadamente. “No les conviene que se sepa”, dicen los afectados. Son el eslabón más débil de la cadena, los grandes olvidados del sistema judicial, porque no hay reinserción posible si las cárceles son un polvorín.

En los últimos meses se ha producido un repunte de las agresiones a causa de la falta de medios, de formación y a la superpoblación de la mayoría de las prisiones, con una media de dos funcionarios para 130 internos. “La cárcel es como un Gran Hermano gigante en el que se magnifica todo. Una mala noticia que se le da a un preso sirve como detonante para que se vuelva contra ti e intente agredirte”. Quien así habla es Manuel Galisteo, coordinador general de la Asociación Tú Abandono Me Puede Matar, que en los últimos tiempos ha abanderado la lucha de los funcionarios de prisiones.

Galisteo, destinado en una prisión malagueña, habló con este diario y reconoció que una de las peticiones que con más fuerza están demandando es que se les dote de pistolas táser con las que poder defenderse. “Estamos hablando de gente peligrosa, muchos de ellos auténticas moles, monstruos físicos, paramilitares o integrantes de bandas del Este. No conocen el miedo, y al menos con una pistola táser que se active desde lejos se les podría controlar mejor”.

La opción del arma de fuego está descartada. “Evidentemente, porque puede ser utilizada en tu contra si te la quitan en una reyerta. Aquí las peleas nunca son de uno contra otro, son de grupos grandes, y ahí hay que echarle muchos huevos a la cosa”.

El representante de esta asociación afirma que muchos de sus compañeros y compañeras suplen las carencias con casta y experiencia, “porque estamos dos para controlar a 130, y uno de los dos tiene que estar en la oficina, con lo que es una única persona la que se encarga de abrir y cerrar las celdas”. “La experiencia es fundamental para saber llevar las situaciones complicadas. Hay que ir toreando, ganándote el respeto de unos cuantos, que digan fulanito es un tío legal. Necesitamos conseguir la empatía de esos internos para que sean ellos los que puedan jugar a nuestro favor”.

“Por esto -reflexiona Galisteo- pedimos ser agente de la autoridad. Cuando agredirnos no les salga tan barato, se lo pensarán más, pero herir a un funcionario se considera una falta y la pena no pasa de seis meses”.

Cuenta Galisteo que la amenaza de la privatización de la seguridad de las cárceles es un hecho. “Igual ahí podríamos encontrar la explicación al abandono que sufrimos. Hay 900 profesionales de la seguridad privada que trabajan por cuenta del Gobierno en las cárceles españolas, que cuestan en torno a 60 millones. Ese dinero se podría invertir en mejorar nuestras condiciones”, comenta.

Un funcionario de prisiones de interior gana 1.600 euros, 1.400 cuando está destinado en las oficinas. “A partir de que va cumpliendo años de servicio y trienios va subiendo el sueldo, pero cuando uno entra en este mundo complicado, después de superar unas exigentes oposiciones, que suponen una media de estudio de cuatro o cinco años, se topa con esa realidad”.

Recuerda Galisteo que hubo un tiempo en que cobraban más que la Policía o la Guardia Civil, pero ahora “nos han superado y nosotros seguimos cobrando lo mismo. No se dan cuenta que somos la tercera pata de la justicia, porque es absurdo pensar que el recluso peligroso no desaparece, al contrario, la cárcel es una escuela del delito”.