Un palacio víctima de los años de pelotazo urbanístico

El derribo de la parte trasera de la Casa de las Cadenas supuso un auténtico varapalo para cualquier portuense con sensibilidad hacia el patrimonio histórico. Durante cuatro siglos, el antiguo palacio de la familia Vizarrón, que cautivó a los reyes Felipe V e Isabel de Farnesio durante los dos veranos que pasaron en sus dependencias, se mantuvo como casa de vecinos, en un estado de conservación bastante aceptable. El edificio estaba considerado como la Casa de Cargadores a Indias que mejor se conservaba en El Puerto. Estaba protegido con la máxima catalogación en el PGOU y además permanecía habitado por vecinos de renta antigua, dos circunstancias que parecían suficiente para garantizar su supervivencia. Pero llegaron los años del pelotazo urbanístico, y a finales de los años 90, el Palacio de Vizarrón recibió una primera estocada durante el derribo salvaje de una finca colindante, realizado sin el control urbanístico que hubiera sido necesario, en un Ayuntamiento gobernado entonces por Independientes Portuenses. El muro medianero del palacio se resintió y trasladó las vibraciones a otras partes del edificio: la monumental cúpula de la escalera se vino abajo y algunos tabiques cayeron: los vecinos fueron desalojados temporalmente y trasladados a un hostal, mientras sus antiguos propietarios tuvieron que vender el edificio al empresario José Pinto para poder pagar el arreglo de unos desperfectos que ellos no habían provocado. Para entonces, la parte trasera del Palacio de Vizarrón ya estaba segregada de la zona delantera y fue vendida sólo veinte días después de su compra por Pinto a la empresa constructora Rufino Naves S.A. La partición del palacio en dos no afectaba a su catalogación, seguía manteniendo la protección Integral, la más alta del casco urbano de El Puerto, declarado Conjunto Histórico Artístico. Ello no impidió que en verano de 2004 el entonces alcalde, Hernán Díaz, y su concejal de Urbanismo, Juan Carlos Rodríguez, emitieran sendos decretos ordenando la demolición de la zona posterior por 'ruina física inminente', basándose en un informe técnico de Jiménez Fornell, lo que comenzó a ejecutar Rufino Naves S.A. La Delegación Provincial de Cultura ordenó la inmediata paralización del derribo, enviando requerimientos al Ayuntamiento y a la empresa, que fueron desatendidos por ambos, impidiéndose incluso la entrada a la obra de demolición a los funcionarios enviados por la Junta. Esto motivó la apertura de un expediente sancionador administrativo contra Rufino Naves y el Ayuntamiento por el derribo ilegal de un bien protegido, que acabó en sendas multas de 150.000 euros. El caso fue recurrido por los sancionados y llegó hasta el Tribunal Supremo, que en su sentencia definitiva de 2010 ratificaba las multas y obligaba a que aquello que se edifique en el solar en un futuro "se reconstruya manteniendo la fisonomía propia del inmueble demolido", para evitar posibles beneficios económicos de una compra con "finalidad especulativa". Una vez concluida la vía administrativa, el derribo de la Casa de las Cadenas ha seguido la vía penal contra los implicados en los hechos, iniciada tras una denuncia interpuesta en 2005 por el grupo municipal de Izquierda Unida en los juzgados de El Puerto. Mientras tanto, ha habido nuevos intentos de declarar 'ruina inminente' en la parte delantera del palacio, que aún sigue en pie aunque apuntalada y ha sido declarada Bien de Interés Cultural por la Junta de Andalucía.