Galería del crimen | Capítulo 22
Por el honor de nuestra vecina
Pascual Valiente | Decano del Colegio de Abogados de Cádiz
Cádiz/El Colegio de Abogados de Cádiz valora muy positivamente “la claridad” con la que un año más la memoria del TSJA denuncia las deficiencias de la Justicia en Andalucía y lamenta que desde las administraciones competentes “no se hayan puesto en marcha las medidas necesarias para solucionar estas deficiencias”.
El decano de la institución colegial gaditana, Pascual Valiente, comparte que existe un importantísimo problema de organización judicial, “como lo demuestra que prácticamente un 30% de los juicios se terminan suspendiendo”.
En la memoria se ponen de manifiesto las deficiencias de medios materiales y personales, siendo la provincia de Cádiz una de las que más órganos judiciales de nueva creación precisa, especialmente en localidades como San Fernando, en la que resulta necesario la creación de un nuevo Juzgado de Primera Instancia e Instrucción, o la propia capital, con Juzgados de lo Penal, Social y Contencioso-Administrativo.
“Acierta plenamente la memoria del TSJA al analizar el déficit de infraestructuras en la provincia, singularmente en las localidades de Barbate, Algeciras y Cádiz, cuyo proyecto de Ciudad de la Justicia sigue siendo una entelequia, además de haber quedado reducida a unas dimensiones inadecuadas para la capitalidad judicial que la ciudad de Cádiz requiere”, subraya Valiente.
Para el Colegio de Abogados, la crisis del Covid-19 va a agravar los problemas que ya padecía previamente la Administración de Justicia, como consecuencia de la paralización de lo órganos judiciales, lo que va a exigir para su reactivación importantes inversiones en medios tecnológicos.
Desde la institución colegial se estima la necesidad de implantación de medios tecnológicos para que el expediente judicial digital sea una realidad. “Ahora bien, rechazamos que se produzca una generalización de las actuaciones procesales telemáticas para la celebración de juicios, porque la inmediación de los ciudadanos asistidos de sus abogados en presencia del juez que debe resolver es una garantía esencial de la tutela judicial efectiva”, afirma el decano.
“El Colegio de Abogados de Cádiz aprovecha para reiterar que la habilitación del mes de agosto está resultando contraproducente, porque no está permitiendo avanzar adecuadamente. Además, esta medida dará lugar a una paralización en los meses posteriores, perjudicando claramente a los abogados. Asimismo, desde la institución colegial se denuncia las limitaciones que con el pretexto del Covid-19 determinados órganos judiciales están imponiendo a los abogados para el acceso a las sedes, exigiéndoles cita previa, unas decisiones frente a las que el ICA de Cádiz ha formulado el correspondiente recurso ante el Consejo General del Poder Judicial.
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