Penas mínimas sin cárcel para seis procesados por la huelga del metal en Cádiz

Cádiz/Los siete trabajadores que iban a ser juzgados por desórdenes públicos y atentado tras participar en la huelga del metal que se desarrolló en Cádiz durante varias jornadas en noviembre 2021 evitaron la celebración del juicio la semana pasada en la Audiencia Provincial de Cádiz tras llegar a un acuerdo con la Fiscalía, que pedía para cada uno de ellos la pena de tres años de cárcel.

Finalmente, cinco de los acusados aceptaron una condena de un año y medio de prisión, que no conlleva la entrada en la cárcel si en el plazo de dos años no cometen ningún delito. Otro de los procesados salió absuelto tanto de desórdenes públicos como de atentado; y un último encausado fue condenado a un año únicamente por desórdenes, según ha explicado a este medio el abogado defensor de cinco de los manifestantes, Pedro Castilla, de Gestea Cooperativa Jurídica Andaluza.

Los hechos que han dado lugar a este procedimiento ocurrieron entre los días 22 y 24 de noviembre de 2021 en la barriada del Río San Pedro, cuando el sector del metal en Cádiz secundó varias jornadas de huelga para defender un convenio laboral "digno", precisamente el que está en vigor en la actualidad. Hubo barricadas, cortes de carretera y lanzamientos de objetos que llevaron al máximo la tensión entre huelguistas y antidisturbios, que llegaron a sacar, no sin polémica, una tanqueta blindada para frenar las protestas.

Según la Fiscalía, los trabajadores acusados se escudaron en la multitud y las reivindicaciones para lanzar botellas, piedras y otros elementos peligrosos a los miembros de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado desplegados en la zona.

De otra parte, la Cooperativa Jurídica Gestea sostuvo que las movilizaciones desarrolladas en el Río San Pedro tuvieron lugar “en el marco de una huelga legítima”. Según la defensa, “los enfrentamientos que posteriormente se produjeron tuvieron su origen en una concentración pacífica de los trabajadores por la protección de sus derechos laborales y fue la respuesta de estos ante la innecesaria represión desplegada, pues la Policía ejecutó una injustificada carga con disparos de pelotas de goma y botes de humo”. 

Antes del acto del conformidad, celebrado el pasado jueves en la Audiencia de Cádiz, un nutrido grupo de personas se congregó en el Palacio de Justicia gaditano en solidaridad con los trabajadores procesados, convocados, entre otras organizaciones, por la Coordinadora de Trabajadores del Metal (CTM).

El pacto

El abogado Pedro Castilla considera que el pacto alcanzado con la Fiscalía es “meridianamente satisfactorio, porque todos evaden la prisión, pero no justo”. En día que estaba prevista la celebración del juicio, indica el letrado, “el fiscal nos traslada su intención de aumentar las penas por los delitos de desórdenes y atentado hasta cuatro años de prisión, lo que nos parecía exageradamente sobredimensionado respecto a los hechos ocurridos”.

El abogado defensor entiende que “todos deberían haber sido absueltos, ya que el principal delito que se les imputa, el de desórdenes públicos, se produce por un supuesto quebrantamiento de la paz social, mientras que nosotros entendemos que no se quebró la paz social en ningún caso por nuestros representados, puesto que lo único que hicieron fue acudir a unos piquetes informativos y reclamar el cumplimiento de un convenio colectivo digno".

Asimismo, Castilla añade que no querían someter a “más estrés jurídico” a los encausados, pues después de tres años de procedimiento, “se han visto estigmatizados socialmente”.

Por último, la defensa de cinco de los huelguistas habla de un despliegue policial “exageradamente desproporcionado” y de una “criminalización de la lucha obrera”.