Pequeños propietarios de Las Aletas mantienen sus litigios con la Junta

Cuando en el verano de 2004 el Plan de Ordenación del Territorio de la Bahía de Cádiz impulsado por la Junta de Andalucía reflejaba la apuesta clara de todas las administraciones públicas por la reserva de la zona de Las Aletas, en Puerto Real, como espacio clave para el desarrollo industrial y tecnológico de este comarca, nadie podía imaginarse que hoy, más de 20 años después, aquella iniciativa iba a seguir estancada tras un rosario interminable de planes tumbados por los tribunales de Justicia, expropiaciones que se quedaron en nada y cuantiosas indemnizaciones salidas de las arcas públicas.

La realidad es que Las Aletas murió por ilegal, porque estaba concebida en una zona de dominio público marítimo terrestre y eso era irrealizable, dijeron primero el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) y luego el Tribunal Supremo. Pero lo que no murió fue la idea de impulsar en esta esquina de Puerto Real un parque tecnológico, logístico e industrial que le diera un impulso económico y laboral a la Bahía de Cádiz. De ahí que hace unos años naciera un nuevo plan rebautizado como Lógica. Y hoy Lógica está cerca de empezar a ser visible, a la espera de que el Consejo de Ministros del Gobierno de España dé su visto bueno definitivo.

Pero para que eso pueda ser realidad, según explicó el consejero de la Presidencia de la Junta, Antonio Sanz, en una entrevista publicada días atrás por este periódico, detrás ha habido un largo proceso burocrático que ha permitido a la Junta de Andalucía hacerse, ahora sí, con la propiedad de los terrenos en los que se asentará Lógica. Pero, como nunca llueve a gusto de todos, ya han surgido voces discordantes.

Denuncian “trato discriminatorio”

En esta ocasión son los pequeños propietarios de Las Aletas quienes acusan a la Junta de Andalucía de “trato discriminatorio” al haberle abonado ya a los dueños de las grandes parcelas de este espacio el dinero correspondiente para adquirir definitivamente estos terrenos y cerrar todos los procesos judiciales que estaban abiertos pero no haber hecho lo propio con ellos.

El suelo de Las Aletas estaba dividido en amplísimas extensiones que tenían tres propietarios diferentes y en parcelas menores que representan un porcentaje ínfimo de la totalidad del terreno –se calcula entre un 2 y un 3%– y cuya propiedad se reparte entre ocho particulares y dos inmobiliarias. Todas estas parcelas, tanto las grandes como las pequeñas, fueron expropiadas por la Junta en junio de 2009, en un segundo intento por sacar adelante Las Aletas. A cada uno de estos propietarios se les pagó el justiprecio correspondiente, la Administración andaluza demolió todo lo construido (viviendas, naves, pozos, etc.)... pero una nueva sentencia del TSJA de 2013, ratificada en 2015 por el Supremo, lo frenó todo, anulando esas expropiaciones y ordenando a la Junta restituir esos terrenos y a devolvérselos a sus propietarios.

Pero como la Junta y el Gobierno de España decidieron seguir adelante con este parque logístico, tecnológico e industrial aunque ahora con otra denominación –Lógica se presentó en sociedad en el verano de 2018–, la prioridad para las administraciones pasó a ser llegar a acuerdos con los propietarios, zanjar las indemnizaciones correspondientes y hacerse al fin con esos terrenos. Lo logró con los grandes propietarios –Sanz dice que la Junta ha pagado 26 millones de euros pero ha evitado sentencias en contra que hubieran elevado ese montante a unos 200 ó 300 millones– pero parece haberse olvidado de la otra parte, de la decena de propietarios de las parcelas pequeñas.

Así lo afirma el abogado granadino Miguel Ángel Gálvez, que representa a uno de estos pequeños propietarios y que defiende que la Junta está obligada a cumplir la sentencia del TSJA y a abonar una indemnización compensatoria por realizar una expropiación ilegal y por los perjuicios acumulados en estos casi 16 años.

Este letrado presentó oficialmente en 2023 una petición de ejecución de sentencia, confirmando la Junta en septiembre de ese mismo año que ya había aprobado ese procedimiento, delegando la ejecución de la misma en la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA).

El desarrollo de lógica “no peligra”, dice la Junta

Un año y medio después de que la Junta abriera ese procedimiento de ejecución de sentencia en lo referente a los pequeños propietarios, nada se sabe del estado del mismo. No obstante, fuentes de la Consejería de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda han precisado a este periódico que este asunto lleva ya un tiempo en manos de la asesoría jurídica de esta consejería, que tendrá que dictaminar si estos pequeños propietarios tienen efectivamente derecho a esa indemnización –y de ser así cuánto sería el dinero a abonar– o si, por el contrario, esta reclamación no es atendida porque consideren que el asunto hubiera ya prescrito. Si se diera esta segunda opción no habría que descartar la posibilidad de que estos litigios desembocaran en nuevas demandas, las cuales vendrían a engrosar el larguísimo historial de procesos judiciales que acumula en estas dos décadas aquel plan de Las Aletas renacido ahora como Lógica.

En cualquier caso, desde la Junta se asegura que el plan de Lógica no se verá afectado, ya que está planteado en la parte del suelo que sí es propiedad ya de la Administración andaluza. Otra cosa sería que los pequeños propietarios intentaran paralizar las obras solicitando una medida cautelar al Juzgado en caso de que sigan sin atenderse sus reivindicaciones.