Piden 6 años y medio de cárcel para David Oliva, exjefe del OCON-Sur de la Guardia Civil, por cohecho

Según las conclusiones provisionales del fiscal, a partir del 2011,Asuntos Internos empezó a recibir informaciones que apuntaban a que el exjefe del OCON y un teniente "pudieran estar favoreciendo el narcotráfico a cambio de dinero"

Un juez cita a declarar al policía que denunció al teniente coronel David Oliva, ex jefe del OCON-Sur

David Oliva (d), a su salida de la Audiencia Nacional.
David Oliva (d), a su salida de la Audiencia Nacional. / Fernando Sánchez / Ep

El teniente coronel de la Guardia Civil David Oliva, que dirigió la lucha contra el narcotráfico en Andalucía a través del OCON-Sur, afronta una petición de seis años y medio de cárcel por obtener, presuntamente, de un teniente información "reservada" de una investigación en su contra a cambio de un puesto en su unidad.

Una actuación que, según el escrito del fiscal al que ha tenido acceso EFE, frustró la denominada operación Varea, una investigación del Servicio de Asuntos Internos del instituto armado que trataba de averiguar si Oliva y otro teniente estaban favoreciendo el narcotráfico a cambio de dinero. Por estos hechos se sentarán en el banquillo tres guardias civiles, acusados de delitos de cohecho o revelación de secretos.

El fiscal solicita seis años y medio de prisión por ambos delitos y una multa de 8.100 euros para el exjefe del Órgano de Concentración contra el Narcotráfico (OCON-SUR), que se disolvió en 2022, mientras que para los otros dos tenientes acusados -uno trabajaba con Oliva y otro en Asuntos Internos en el momento de los hechos- reclama cinco de cárcel y tres años y medio, respectivamente.

Esta investigación nació en la Audiencia Nacional como una pieza separada derivada de otra causa diferente por narcotráfico, que ya fue archivada, si bien el Tribunal Supremo ordenó al Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 5 de Parla (Madrid) asumirlo.

Conclusiones provisionales de la Fiscalía

Según relata el fiscal en su escrito de conclusiones provisionales, a partir del 2011, Asuntos Internos empezó a recibir informaciones que apuntaban a que el exjefe del OCON y un teniente "pudieran estar favoreciendo el narcotráfico a cambio de dinero" y, para comprobarlo, esta unidad emprendió en noviembre de 2019 una investigación, la "operación Varea".

La Fiscalía sostiene que David Oliva contactó con el tercer acusado, destinado a Asuntos Internos, para "conocer el contenido de la investigación y articular su defensa para lograr la impunidad" y le ofreció "conseguirle" un destino en el OCON Sur, con sede en Castellar de la Frontera (Cádiz) si le daba información.

"Para cumplir su parte del acuerdo", este tercer acusado -según el ministerio público- se descargó de los ordenadores y bases de datos de Asuntos Internos "toda la información que pudo encontrar sobre los otros dos acusados", pese a ser "reservada y secreta".

El fiscal apunta a que sacó información referida a "posibles comportamientos ilícitos" de ambos acusados, a otras investigaciones de su unidad, entrevistas con colaboradores para obtener información sobre presuntos guardias civiles corruptos y hasta 2.204 fichas clasificadas como "secretas", con datos personales de colaboradores.

También documentación relacionada con labores de obtención, análisis y elaboración de inteligencia policial e informaciones del Asuntos Internos sobre usuarios de la red de comunicaciones Sky ECC -habitual en el narcotráfico-.

Tras sustraer la información, este acusado se la entregó a David Oliva que, "en cumplimiento del compromiso asumido", propuso que obtuviese una comisión de servicios en el OCON Sur, que acabó aprobándose y que "suponía una mejora en sus condiciones económicas".

Como consecuencia de "la filtración y transmisión de la información reservada y secreta" sobre las "posibles actividades delictivas desarrolladas en el ejercicio de sus funciones" por ambos acusados, "quedó frustrada toda investigación sobre los mismos, cerrándose la operación Varea en enero de 2022, lo que supuso un grave perjuicio para el adecuado funcionamiento de la Guardia Civil", concluye el fiscal.

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