Polémica sobre la inclusión de Jerez en la Red Libre de Trata: "Abolir la prostitución no implica sancionar a las mujeres"

Como todo, el negocio de la prostitución también evoluciona. Igual que sucede en otros municipios, dentro del término de Jerez han proliferado los pisos y “casas de masaje” con “final feliz” que migran del centro a otros barrios, a casas grandes, en zonas “bien”, indica la copresidenta de AFRA, Teresa Domínguez. “La mayoría de denuncias –continúa– vienen por parte de vecinos, que se ven amenazados no por las mujeres, sino por los propios puteros violentos”.  

“Hay situaciones muy ocultas: las mujeres migrantes, las más precarias. Además –añade– los proxenetas han cambiado el perfil, hace años se daban muchas situaciones de amenazas y violencia directa. Ya no les es necesario, por el cambio de perfil a mujeres extremadamente jóvenes y pobres”.  

Otro espacio tremendamente violento con las mujeres son ciertos foros digitales, “en los que los hombres que prostituyen a mujeres hacen reseñas y las puntúan, con comentarios crueles y opiniones atroces sobre mujeres prostituidas de todo el mapa nacional, especialmente Andalucía. Eso no debería estar permitido. En concreto Spalumi fue denunciado por el suicidio de una mujer prostituida a raíz de los crueles comentarios, pues sigue abierto. Pero hay más”, desarrolla Domínguez. 

La Asociación de Mujerez Feministas Radicales de Andalucía (AFRA) ha promovido la solicitud al Ayuntamiento de Jerez para que la ciudad formara parte de la Red de Municipios Libres de Prostitución y Trata. En la provincia de Cádiz, están también adheridos a esta red los municipios de Medina Sidonia, Conil, Sanlúcar, Rota, Tarifa, Los Barrios o Puerto Real. 

Para Teresa Domínguez, esto “supone un paso adelante valiente en el inicio de una ordenanza con el consenso de todos, que debe cumplir unos mínimos, con el fin de reconocer que la prostitución y por ende, la trata, son una forma extrema de violencia machista, una forma de explotación que debe ser abolida y no una profesión que deba ser reglamentada como si de un trabajo cualquiera se tratara. El hecho de que se pague una cantidad de dinero no puede transformar esa agresión sexual, ‘consentida’ o no, en un ‘empleo’ al que se le quiere dar el nombre de trabajo sexual”.

La aprobación de la medida no fue unánime en el pleno jerezano: contó con el voto negativo de Ganemos Jerez, al defender un modelo regulacionista de la prostitución. Aunque Ganemos va en confluencia con IU Jerez, Izquierda Unida sí que votó a favor de la moción, “por convicción y coherencia”, rompiendo así el consenso. 

Para Domínguez, “pretender otorgar derechos laborales a las personas, mujeres y niñas en su mayoría, que están sometidas al sistema más violento y perverso que existe, que equivale a la tortura, sí que es un lavado de conciencia”. Una postura, indica, procedente de “hombres y mujeres clasistas y racistas, que jamás permitirían además que ‘las suyas’ ejercieran. Según propios ex miembros de Ganemos –continúa–, la propuesta de adhesión a la Red de Municipios Libre de Trata estaba durmiendo en sus cajones desde 2020. Por tanto, era una propuesta que llegaron a sopesar. ¿Por qué cambiaron de opinión y se han vuelto regulacionistas, como Adelante Andalucía?”. 

Pero la disposición también ha recogido las voces en contra de una veintena de colectivos feministas y sociales de la provincia, que ven negativa una postura que definen de “punitivista” y que “sólo servirá para aumentar la precariedad y los riesgos de quienes encuentran en el trabajo sexual una forma de subsistencia”.

 Según manifiestan en un comunicado conjunto, dicha propuesta acabaría reducida a una ordenanza que, “con la excusa de perseguir los casos de trata y explotación sexual, supondría una vulneración más de los derechos de las personas que ejercen la prostitución. Estas ordenanzas –aseguran– buscan perseguir la prostitución con la retórica de proteger a las mujeres y sus derechos, pero se han revelado en la práctica como inútiles: en ciudades que las tienen en vigor, ha quedado demostrado que solo sirven para empeorar la vida de quienes ejercen la prostitución y de las víctimas de trata con fines de explotación sexual”. 

“Que se pretenda perseguir a clientes o a dueños de clubes y pisos –afirman– acaba criminalizando a todo el contexto que rodea la prostitución. Y, al hacerse clandestino, estas mujeres tienen que acudir a lugares más apartados y solitarios y sufren mayor coacción”.

Basándose en el informe de la informe de Apdha sobre la aplicación de las ordenanzas municipales para la convivencia en El Puerto , las voces críticas aseguran que “la acumulación de multas solo aumenta aún más la precariedad y pobreza de partida de las personas que se dedican al trabajo sexual, pero no significa que vayan a dejar de realizarlo”.

Al respecto, Teresa Domínguez, se pregunta por qué ese empeño en “no ser coercitivos y punitivistas con prostituyentes, por qué convertir en empresarios respetables a proxenetas, o en clientes respetables a puteros”.

Domínguez subraya que un sistema abolicionista no se desarrolla de espaldas a la protección de las mujeres prostituidas. A nivel municipal, se proponen cuestiones como la realización de “campañas de sensibilización para que se entienda que la prostitución es violencia machista y explotación sexual de las mujeres, incidiendo en la visibilización de los prostituidores, y de sus cómplices indispensables y activos” .

Nunca, asegura, se habla de señalar o sancionar a “las mujeres en situación de prostitución, sino que se busca dirigir la acción a reconocerles una serie de derechos y recursos que posibiliten su salida real y efectiva del sistema prostitucional, acceso a los programas de inserción socio-laboral y ayudas económicas, a efectos de permitirles un proyecto de vida digno”. 

“No es precisamente el abolicionismo, ni adherirse a una Red de Municipios Libres de Prostitución lo que va a penalizar a las mujeres prostituidas”, señala Domínguez, recordando que las “mujeres prostituidas de toda España siguen enfrentándose”, por ejemplo, a la Ley Mordaza, que penalizar ejecutar actos de exhibición obscena o por desobediencia a la autoridad con multas que van de los 100 a 30.000 euros.  

La teniente de alcaldesa de Igualdad, Susana Sánchez Toro, dio a conocer, en efecto, tras la inclusión de Jerez en la Red de Municipios Libres de Prostitución, que el objetivo era aprobar una ordenanza para traducir este compromiso en medidas concretas.

NECESIDAD DE APOYO AUTONÓMICO Y ESTATAL

Domínguez admite que las ordenanzas municipales no están concebidas “con el ánimo de terminar con la prostitución, no es realista, para eso están las leyes estatales, a las que aspiramos, como la Ley Orgánica Abolicionista del Sistema Prostitucional (LOASP)”, Incluso para poner en marcha muchas líneas se necesita el apoyo de las administraciones central y autonómica. 

“Pero son un camino que acerca recursos a dichas mujeres y crea foros específicos, propone partidas locales para prevención, atención psicológica y sanitaria, jurídica, salidas socio-laborales; concienciación, sensibilización y educación en las aulas” asevera. Porque otro de los tramos del camino, prosigue Domínguez, debería estar en la educación: “¿Cómo podremos educar para la igualdad en una sociedad donde las niñas aprendan que su futuro puede consistir en ser prostituidas, sea en la calle o en las redes, basándose en la supuesta libertad? Hay que hincapié en la coeducación, en una sociedad en la que los chicos deben aprender que no se puede usar y comprar a las mujeres”.  

“La prostitución es vista con total normalidad o, en algunos casos como un ‘mal necesario’ –prosigue Domínguez–. Y, como no se puede cubrir con las mujeres que son ‘felices’ al prostituirse, hay que recurrir a lo que se reconoce como trata. Si lo regulas, lo legalizas”. 

“Regular implicaría –indica Teresa Domínguez–, como ya sucede en otros países, normalizar y legitimar que las mujeres, principales víctimas del sistema, puedan ser objeto de violación a cambio de dinero. En Suecia –prosigue– se introdujo una ley de corte abolicionista en 1999: una ley viva, actualizable, en la que una de las grandes formas de encauzarlo fue la educativa, y eso tuvo efectos a largo plazo en toda una generación. Suecia no es un paraíso pero, como dice Åsa Regnér, ministra de Igualdad hasta 2018, los jóvenes en Suecia ya no aceptan pagar por sexo. A eso aspiramos”.