El policía de Sanlúcar acusado de revelar posibles corruptelas apela a la libertad de expresión

Cádiz/La Audiencia Provincial de Cádiz acogerá el próximo 24 de septiembre un juicio a un policía nacional de Sanlúcar, ya jubilado, acusado de un delito de revelación de secretos. La Fiscalía pide una condena de cinco años de prisión e inhabilitación para empleo o cargo público por un periodo de seis años.  

El Ministerio Fiscal sostiene que el agente, delegado del Sindicato Unificado de la Policía (SUP) en la Comisaría de Sanlúcar, publicó en 2015 dos artículos en medios digitales de idéntico contenido, titulados Corrupción o decencia policial, donde manifestaba que algunos de sus compañeros utilizaban una barca y una motocicleta intervenidas en un operativo policial para su use y disfrute personal, cuando el destino de ambos vehículos era la lucha contra el narcotráfico. Según la acusación pública, la revelación de esta información en sendos artículos -que incluían las características identificativas tanto de la embarcación como de la moto- impidió que pudieran seguir siendo utilizadas en diligencias de investigación por cuanto ya podían ser reconocidas.

Libertad sindical

Pues bien, el policía encausado rechaza el relato de los hechos del fiscal y de la acusación particular -ejercida por los miembros del cuerpo que se vieron señalados- al considerar su versión "parcial, incompleta, subjetiva y ajena a lo acontencido". Tal y como recoge el escrito de defensa, al que ha tenido acceso este medio, el agente explica que la nota de prensa que publicó "ponía en conocimiento de la opinión pública que una embarcación era utilizada con fines de recreo y disfrute de algunos policías nacionales", lo que se correspondía "con unas fotografías que le dejaron en su taquilla de la Comisaría de forma anónima para que, como representante sindical, denunciara esta irregularidad". En esas fotografías, expone el escrito de defensa, se aprecia la barca objeto de polémica y, en ella, a varias personas, algunos funcionarios de la Policía y otro no, e incluso menores, utilizándola "para actividades que distan de ser un operativo policial".

El agente acusado afirma que antes de informar a la opinión pública sobre estos hechos, los puso en conocimiento del jefe de la Comisaría y "ante su inactividad", elevó la queja a la Dirección General de la Policía, que emitió un informe el 29 de septiembre de 2015 donde certificaba que "al menos en dos ocasiones la embarcación se utilizó para fines particulares", asegura el procesado.

Sobre su denuncia por el uso personal que un funcionario de la Comisaría local hizo de la motocicleta, el policía encausado asevera que "nada expresa su nota de prensa más allá de un cúmulo de interrogantes" y añade que los únicos datos identificativos que ofrece son la marca Yamaha, "de la que hay cientos de motos", y la matrícula oficial, que no coincide con la placa que llevaba, pues se cambió para su uso.

"La libertad sindical proclamada en el artículo 28.1 de la Constitución comprende el derecho a llevar a cabo una libre acción sindical, comprensiva de todos los medios lícitos, entre otros, la utilización de los derechos a la libertad de expresión y a la libertad de información", prosigue el esrito de defensa.

Por último, las acusaciones sostienen que el agente procesado difundió un atestado policial a través de un correo electrónico el 23 de enero de 2015 que llegó a distintos destinatarios, algunos compañeros de profesión y otros no, un extremo éste que el encausado niega. Asevera pues que nunca tuvo acceso a ese atestado, sino que le fue remitido a él desde la dirección electrónica del grupo UDEV, y que su respuesta iba dirigida al funcionario que se lo rebotó, al que le hizo el siguiente comentario jocoso: "Dos cojones, compañero. El juez no tendrá ninguna duda, jaja, la verdad es la verdad, qué grande eres".

Desde el Sindicato Unificado de la Policía muestran su apoyo al agente. "Este compañero cumplió con el deber ético y legal al que está obligado como policía y a su vez como representante sindical". Además, han acusado a la Dirección General de la Policía Nacional de ignorar las denuncias del procesado para ocultar un supuesto hecho escandaloso.