La juez ve una "posible infracción penal" en las palabras del alcalde contra el PP

La juez que instruye la querella que el Partido Popular presentó contra el alcalde, José María González, por un presunto delito de calumnias e injurias tras afirmar en una asamblea vecinal celebrada en Loreto que el anterior gobierno municipal del PP “contaminó a sabiendas a los 13.000 vecino del barrio durante catorce días”, según la denuncia, considera que todo lo conocido hasta ahora del caso “hace presumir la posible existencia de una infracción penal”, por lo que ha abierto un procedimiento judicial que obligará al alcalde a declarar ante ella el próximo 18 de agosto, en calidad de investigado, la nueva terminología del anterior imputado.

Ese mismo día están también citados en el juzgado de instrucción el concejal de Medio Ambiente, Manuel González Bauza, y el jefe de gabinete de Alcaldía, José Vicente Barcia, igualmente incluidos en la querella.

La juez llama a declarar a los perjudicados por este caso, que no son otros que la totalidad de los 17 concejales que conformaban el último gobierno municipal del Partido Popular, el próximo 6 de julio, en una primera tanda, y una semana después en una segunda.

Las declaraciones que han acabado en el juzgado se realizaron durante una asamblea vecinal que el gobierno de Podemos-Ganemos convocó en el barrio de Loreto el pasado 7 de marzo. En la misma, el alcalde y miembros de su equipo informaron de los resultados del estudio realizado por el nuevo equipo gestor de Agua de Cádiz sobre lo que presuntamente sucedió durante el corte de agua en el barrio en 2014. Durante este encuentro se lanzaron las acusaciones contra el anterior gobierno popular que acabaron con la querella que éstos presentaron contra el alcalde el pasado 2 de junio.

Conocida la acción del juzgado, el PP destaca que se “ha imputado a González Santos un delito por calumnias e injurias al admitir (el juzgado) la querella y citarlo en calidad de investigado”. En este sentido el portavoz del grupo municipal del PP, Ignacio Romaní, reiteró ayer lo que en su momento denunciaron al presentar la querella: “Hemos dado todos los pasos con tranquilidad pero con toda contundencia: un delito de este calibre no puede quedar impune. Acusar a alguien de dar agua contaminada a sabiendas a 14.000 personas es una monstruosidad, es algo miserable. Demasiado grave como para que González Santos no haya destituido ya a su asesor, al concejal y haber dimitido después”.

Desde el gobierno de José María González se afirmó ayer, tras conocerse el contenido del auto, que esta citación “no es firme y que la juez que instruye el caso está obligada a admitirla a trámite”. El auto judicial aún no ha llegado al Ayuntamiento, según estas fuentes. El gobierno afirma que “intentar equiparar la admisión de una querella por presuntos delitos de injurias y calumnias a la admisión por parte de cualquier juzgado de instrucción de un delito, por poner ejemplo de corrupción, malversación de fondos públicos, estaba, etcétera, es un disparate jurídico que en el caso que nos ocupa no es de extrañar dada cuenta la manipulación torticera que en todo momento está haciendo el PP de este asunto”. “El juzgado al que le toca tramitar la querella no tiene otra opción que incoar el correspondiente auto porque son delitos denominados privados y que necesitan de estas querellas”.

Fuentes del PP rechazaron el análisis del auto firmado por el juzgado, destacando que “el juez no está obligado a admitir a trámite una querella, sólo lo hace cuando vea que hay indicios de criminalidad, como ocurre en este caso”, al presumir “la posible existencia de una infracción penal”.