Unos 800 prejubilados de Izar cobrarán atrasos tras la sentencia del Supremo

El Tribunal Supremo (TS), en una sentencia emitida por la Sala de lo Social, ha dado la razón a los trabajadores prejubilados de la antigua empresa Izar, antecesora de la actual Navantia.

Esta sentencia ha desestimado el recurso de casación interpuesto por Izar Construcciones y la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) contra la sentencia que dictó la Audiencia Nacional en noviembre de 2013, y reconoce el derecho de los prejubilados de la empresa naval a que se revaloricen sus retribuciones desde el mes de febrero de 2012 en un 3,2%.

Este fallo judicial afectaba en el conjunto de toda España a unos 4.500 antiguos operarios que se desvincularon de la empresa de construcción naval mediante prejubilaciones en el año 2005. De ellos, aproximadamente 2.000 pertenecían a las tres factorías de los astilleros de la Bahía de Cádiz y, hoy, aún permanecen en situación de prejubilación en torno a 800 personas que aún no han alcanzado la edad de jubilación.

Estiman, según expresaron ayer a este periódico, que la sentencia del Supremo ordena a la antigua Izar a devolver a cada operario la revalorización del IPC que dejó de pagar den marzo de 2013. Calculan que esa cantidad rondaría, de media, un total de 1.500 euros brutos.

Además, también tendrán derecho a cobrar la cantidad que les corresponda a todos aquellos que hayan adquirido la jubilación en los dos últimos años, desde que se denunciaron los hechos, hasta ahora.

En cuanto a cuándo se cobrarán estos atrasos, los afectados en la Bahía aseguran que dependerá de la voluntad de la SEPI, pero que no debería ir más allá de finales del próximo mes de junio o, como máximo, finales del mes de julio.

La sentencia que dictó la Audiencia Nacional en noviembre de 2013 daba la razón a CCOO, pero indicaba que no era posible extender el decreto de estabilidad presupuestaria a los trabajadores pasivos del grupo público.

Sin embargo, según explicó Comisiones-Industria, miles de prejubilados de empresas públicas que abandonaron la actividad laboral en procesos de conversión después de que los sindicatos firmasen acuerdos con la SEPI, y a los que se les garantizó que sus pensiones se actualizarían cada año en función del IPC, se les congelaron las retribuciones hace dos años.

Asimismo, el sindicato afirmó que realizará las reclamaciones oportunas por el resto de los años que los prejubilados de las empresas públicas han perdido poder adquisitivo y mantiene "su voluntad" de seguir defendiendo los derechos de los trabajadores, afirmando que si no lo consigue "volverá a recurrir a los tribunales".

Hay que recordar que la causa defendida por estos extrabajadores ha ido escalando pasos en sedes judiciales hasta llegar al Supremo que, definitivamente, les ha dado la razón.