Preocupación por la cobertura sanitaria de 35.000 gaditanos ante la crisis de Muface: "Recibimos centenares de denuncias de anulaciones de citas y pruebas"

Unas 35.000 personas en la provincia de Cádiz se están viendo afectadas por la crisis de Muface, viendo peligrar su cobertura sanitaria entre personal funcionario, familiares y personas en situación de jubilación. Desde CSIF han convocado una gran concentración el próimo sabádo, 14 de diciembre, en Madrid, en defensa del modelo sanitario de Muface y con el objetivo de unir a personas de toda España con el objetivo de exigir un acuerdo que ponga fin a la situación que vive actualmente el mutualismo administrativo. En España, afecta, a un millón y medio de personas a nivel nacional entre mutualistas del ámbito educativo y de la Administración General del Estado y sus familiares beneficiarios.

Este miércoles además, los sindicatos CCOO, UGT, ANPE, USO, ADIDE, USIE, UFP, ACAIP y SIAT se manifestaron en Madrid para reclamar tanto al Gobierno como a las aseguradoras, "un acuercdo que dé tranquilidad y calma para su asistencia sanitaria a alrededor de 1,5 millones de personas". 

Como ha explicado la presidenta de CSIF Cádiz, Mercedes Amézaga, “en la provincia de Cádiz son unas 35.000 personas adscritas a Muface las que se están viendo afectadas por esta crisis Ante la preocupación y angustia que causa esta situación, desde CSIF Cádiz se están fletando autobuses gratuitos, a disposición de las personas afectadas, para acudir a Madrid este sábado a la sede y expresar en la calle, ante la sede de Muface, “las quejas que nos hacen llegar a diario por la situación que están viviendo”.

“Lamentablemente son las empleadas y los empleados públicos quienes están sufriendo las consecuencias de una crisis ocasionada por cuestiones estrictamente económicas. Son centenares de denuncias las que recibimos porque las aseguradoras están anulando, denegando y retrasando citas médicas, pruebas e intervenciones quirúrgicas, incluso en situaciones de enfermedades graves”, ha señalado Amézaga. Incluso, hay clínicas que, ante la incertidumbre de este conflicto, sugieren a los mutualistas que paguen la asistencia directamente de su bolsillo. En este sentido, CSIF registró este lunes una denuncia ante el Defensor del Pueblo con las denuncias que llegan al correo habilitado por la central sindical para ello.

Amézaga ha recordado que “Muface es un organismo público autónomo que lleva 50 años conviviendo con el Sistema Nacional de Salud y, por tanto, es algo muy distinto a lo que puede ser un seguro privado”. “Tampoco es un privilegio, sino una condición laboral con la que las funcionarias y los funcionarios acceden a su puesto de trabajo. Y, por supuesto, CSIF siempre va a estar en la defensa de los derechos de las empleadas y los empleados públicos”, ha añadido.

Hay que subrayar que esta crisis no solo afecta al personal funcionario que, estando en Muface, elige la opción de asistencia sanitaria privada, sino al conjunto de la sociedad. Y es que, en caso de que todos los mutualistas que cuentan con este modelo de asistencia, si no hay concierto con las aseguradoras privadas, pasarían al Sistema Nacional de Salud de la noche a la mañana. “Evidentemente, esto llevaría al colapso de la sanidad pública, ya de por sí tensionada, pues el sistema sería incapaz de absorber a todas estas personas”, ha señalado Amézaga. Por supuesto, “CSIF es firme defensor de la sanidad pública, pero lo que no se puede hacer es cambiar las condiciones laborales de los mutualistas de esta manera y sin garantizar su asistencia sanitaria”.

En Muface, principalmente, se encuentran funcionarios docentes no universtarios (unos 11.000 en la provincia) y personal de la administración del Estado (incluyendo Agencia Tributaria y Policía Nacional) (casi 7.000). Sumados a sus familiares beneficiarios y a los jubilados, la provincia cuenta con 43.000 personas en Muface. De estas, 35.000 cuentan con asistencia a través de aseguradoras privadas y el resto tiene sanidad pública.

Celeridad para un nuevo convenio

Por su parte, desde CCOO, UGT, ANPE, USO, ADIDE, USIE, UFP, ACAIP y SIA exigen celeridad al Gobierno para cerrar un nuevo convenio y poner sobre la mesa un Plan de viabilidad para la asistencia sanitaria del funcionariado público. Además, denuncian "a unas aseguradoras insaciables que, con el argumento de que el modelo MUFACE está infra financiado, quieren aumentar sus beneficios económicos a costa del Estado, y a costa de “la selección de riesgos”, es decir, a costa de derivar a la sanidad pública los casos más graves y caros de atender"." En medio, en un fuego cruzado, losmutualistas y sus beneficiarios, a los que, utilizados como rehenes, se les pone en riesgo su propia salud". Por ello, reclaman a las aseguradoras la necesidad de alcanzar un acuerdo, priorizando la debida atención sanitaria de las personas mutualistas a réditos económicos que pusieran en peligro la nueva licitación y un acuerdo "estable, razonable y satisfactorio, que garantice la asistencia y calidad sanitaria de los empleados públicos, en la que los servicios médicos ofertados no se vean mermados, sino que, por el contrario, mejoren sus prestaciones".

Calendario de movilizaciones

La concentración del próximo 14 de diciembre es una continuación del calendario de movilizaciones que CSIF inició el 11 de noviembre, cuando la organización salió a la calle en todas las provincias para reclamar al Gobierno central la reactivación de la negociación den la Función Pública y en defensa de Muface. Asimismo, se mantienen las convocadas para el próximo 16 de diciembre en toda España para reivindicar mejoras en las condiciones laborales y salariales de los empleados públicos.

“Desde CSIF somos los únicos que hemos asumido desde el minuto cero la responsabilidad de salir a la calle en nombre de todas las personas afectadas. No vamos a permitir que se pretenda acabar con el mutualismo administrativo por inanición ni que se utilice la salud de las funcionarias y los funcionarios como moneda de cambio por intereses económicos o políticos”, ha señalado la presidenta de CSIF Cádiz. Si la respuesta no es satisfactoria, el siguiente paso será “convocar paros parciales o totales en las administraciones durante el primer trimestre de 2025, sin descartar otro tipo de medidas más contundentes”

Críticas del PP al Gobierno

El Partido Popular de Cádiz, a través del diputado nacional y coordinador provincial, Ignacio Romaní, ha criticado que el Gobierno “lleve semanas poniendo en jaque el modelo de MUFACE con actuaciones irresponsables que provocan la incertidumbre y la preocupación de un millón y medio de personas, que son las que están protegidas en total por este modelo”.

Ignacio Romaní defiende la continuidad y fortalecimiento de Muface y pide que el Gobierno solucione el problema que ha generado y lo haga cuanto antes. “Exigimos al Gobierno que solucione el problema en lugar de seguir saboteando un sistema que ha funcionado hasta ahora y que ofrece asistencia sanitaria a más de un millón y medio de personas en nuestro país. Una asistencia sanitaria que el Ejecutivo está poniendo en peligro con su actuación y podría provocar la saturación del sistema público y la ampliación de las listas de espera. Es un nuevo ejemplo de que el Gobierno crea problemas donde no los había”, ha afirmado.

Para el PP de Cádiz “una vez que las aseguradoras que prestan el servicio actualmente han trasladado al Gobierno el precio mínimo de licitación del concierto para los próximos tres años, el Ministerio tiene que mover ficha. De él depende rehacer una nueva licitación que se ajuste al coste del servicio prestado”.

El dirigente popular reitera el compromiso del PP con la defensa, la continuidad y el fortalecimiento de este modelo; a la vez que ha tendido la mano a los empleados públicos de la provincia para buscar alternativas al problema provocado por el Gobierno, al tiempo que denuncia que “Pedro Sánchez, en lugar de aportar soluciones lo que ha intentado es subir los impuestos a los pacientes de la sanidad privada”.

Ante ello, anuncia que el Grupo Popular en el Congreso ha pedido las comparecencias tanto del ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, como de la ministra de Sanidad, Mónica García, y la formulación de casi 80 preguntas parlamentarias para que el Gobierno dé explicaciones en relación a este problema