Prisión para dos funcionarios de Puerto II por torturar al parricida de Arcos

La Audiencia Provincial de Cádiz ha condenado a tres años y a un año de prisión, respectivamente, a los dos funcionarios de Puerto II que el pasado mes de enero se sentaron en el banquillo de los acusados por torturar al parricida de Arcos mientras se encontraba interno en este centro penitenciario de forma preventiva.

El tribunal de la Sección Cuarta, encargado de juzgar este caso, ha inhabilitado además a los dos funcionarios para el ejercicio de su profesión durante diez y ocho años y ha impuesto a cada uno de ellos una multa de 360 y 180 euros por el delito de lesiones leves.

La magistrada ponente de la sentencia, María Isabel Domínguez Álvarez, no alberga dudas de que los dos acusados se aprovecharon de su condición de funcionarios "para agredir a quien no tenía escapatoria ninguna y se encontraba bajo la protección penitenciaria". "Le agredieron para tomarse una particular y personal justicia por los hechos que se le imputaban entonces a Isidro S.": el asesinato de su bebé de ocho meses. La juez incluso califica de "recalcitrante" la conducta de uno de los empleados de Puerto II, que propinó hasta dos palizas al interno de Arcos.

Así, el tribunal ha dado por probado que sobre las 21:30 horas de la noche del 8 de junio de 2017, cuando Isidro S. ya se encontraba en el establecimiento penitenciario de Puerto II, uno de los funcionarios asignado al turno de noche en el departamento de Enfermería se acercó hasta la celda número 11 -en la que se encontraba el parricida- y le advirtió: "Esta noche vas a dormir calentito".

Tal y como había anunciado, el procesado se dirigió horas después hasta la celda número 11 acompañado por otro funcionario de prisiones que tenía el mismo turno de noche. Al llegar a dicha estancia, sobre las 23:45 horas, se encontraron durmiendo tanto a Isidro como al interno de apoyo que se le había asignado en el centro en aplicación a un protocolo anti-suicidios. Los empleados penitenciarios, prosigue la resolución, ordenaron al preso del apoyo que saliese al pasillo. "Éste obedeció al instante".

En ese momento, uno de los acusados se quedó en la puerta vigilando mientras que el otro accedió al interior de la celda de Isidro. "Con el objetivo de aplicarle un severo castigo por los hechos que presuntamente había cometido [el parricida aún no había sido juzgado ni condenado] comenzó a propinarle patadas y puñetazos por todo el cuerpo mientras le gritaba "hijo de puta, has matado a un niño de ocho meses, has pegado a una mujer inválida y le has matado al bebé de tres meses que llevaba en el vientre".

El interno suplicaba que "no le pegaran más", ruegos que "no fueron atendidos por sus agresores", en tanto que el otro funcionario de prisiones "ya intervino de forma activa" en la paliza ante la resistencia de Isidro. Los encausados, precisa la sentencia, permanecieron en la celda durante unos dos minutos "hasta que lo dejaron semi-inconsciente tumbado en el suelo y ensangrentado". Entonces le dijeron al interno de apoyo que entrase y que se hiciese cargo de él. Este preso limpió la sangre del rostro de Isidro y lo colocó tumbado sobre la cama.

Horas después, hacia las 2:45 horas, el mismo funcionario que cometió la primera agresión regresó a la celda número 11 para "infligir otro castigo físico a Isidro". El trabajador penitenciario "lo tumbó en el suelo" y empezó a "propinarle de nuevo puñetazos y patadas por todo el cuerpo". Por unos instantes, el parricida logró repeler las embestidas del procesado "al lanzarle una patada" con la le que rompió el reloj de pulsera que llevaba. Esto enfureció aún más al funcionario, que "ordenó al preso de apoyo que le pisara el cuello a Isidro" para facilitar la continuidad de su ataque.

Ya en la mañana del 9 de junio de 2017, el educador y la psicóloga del Puerto II encontraron a Isidro "descalzo, deambulando con la mirada perdida y cubierto de hematomas y de heridas en el rostro", por lo que lo llevaron a la Enfermería. Una vez examinado y fotografiado por la subinspectora médica de la prisión, el parricida fue trasladado al Hospital de Puerto Real.

Esta sentencia, que no es firme y puede ser recurrida en apelación ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, condena a uno de los funcionarios a indemnizar al parricida en la cantidad de 720 euros.