Procesados el exconsejero Manuel Recio y el exrector de Cádiz Diego Sales por la contratación “ficticia” de extrabajadores de Delphi

El Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla ha dictado un auto en el que acuerda continuar como procedimiento abreviado las diligencias previas seguidas contra el exconsejero de Empleo de la Junta de Andalucía Manuel Recio y otros dos investigados en una pieza separada del caso de los cursos de formación centrada en la presunta ilicitud del otorgamiento, pago y justificación de la subvención excepcional por importe de 20.236.626,57 euros concedida por la Administración autonómica a la Fundación Universidad Empresa de la provincia de Cádiz (Fueca) mediante resolución del exconsejero investigado de fecha 10 de mayo de 2011 para cursos de formación a extrabajadores de Delphi, siendo no obstante "el objeto principal" de la subvención "la ficticia contratación laboral de los alumnos, extrabajadores de Delphi".

En un auto fechado el día 9 de enero y notificado este martes a las partes personadas en el procedimiento, el magistrado toma esta decisión "por si los hechos denunciados pudieran ser constitutivos" de presuntos delitos de prevaricación administrativa, malversación de caudales públicos y fraude de subvenciones, dando traslado de la causa a la Fiscalía Anticorrupción y a las acusaciones personadas para que, en el plazo común de veinte días, soliciten la apertura del juicio oral formulando escrito de acusación o el sobreseimiento de la causa o, excepcionalmente, la práctica de diligencias complementarias indispensables para formular la acusación.

Los tres investigados contra los que se continúa el procedimiento son el exconsejero de Empleo Manuel Recio; el representante legal de Fueca, Sebastián Sotomayor González, y el presidente del Patronato de dicha fundación y rector de la Universidad de Cádiz a la fecha de los hechos, Diego Sales, según expone en el auto el juez instructor, que asimismo acuerda el sobreseimiento provisional de la causa respecto de otros cuatro encausados, entre ellos el exconsejero de Empleo de la Junta Antonio Fernández, al considerar que "no se encuentran en la causa indicios sólidos que permitan atribuirles participación -relevante penalmente- en los hechos investigados" en esta pieza separada.

El magistrado precisa que, en esta pieza separada de la causa, se investigan los hechos vinculados con "la contratación simulada de los antiguos trabajadores de Delphi por medio de la realización de unos cursos de formación que requerían su contratación y alta en la Seguridad Social sin que existiese una verdadera y real prestación de servicios en el seno de la correspondiente entidad formadora subvencionada, en este caso" Fueca, de forma que dichos contratos "sólo habrían de tener como objeto ofrecer una apariencia de relación laboral que justificase el correspondiente alta en la Seguridad Social y así facilitar a los antiguos trabajadores de Delphi incluidos en el denominado "Dispositivo de Tratamiento Singular" el periodo de carencia necesario para reunir los requisitos correspondientes como beneficiarios de prestaciones que, de otro modo, no les habrían correspondido".

El papel del exconsejero de Empleo investigado

Tras aseverar que también "podría haberse producido el desvío de los fondos públicos objeto de la subvención a través de subcontrataciones no autorizadas y otras irregularidades", el juez precisa que "el concierto delictivo se habría configurado en torno a la simulación de contrataciones con los exempleados de la empresa Delphi, incluyendo así salarios, cotizaciones y otros gastos que pagaría de modo indirecto la propia Junta de Andalucía a través de Fueca", de modo que esta fundación "contrataría a los trabajadores de Delphi del dispositivo singular, pero siempre con financiación pública; trabajadores que no realizarían un trabajo productivo por cuenta ajena".

El juez incide en que el proyecto subvencionado en favor de Fueca consistía en proporcionar formación a los extrabajadores de Delphi para mejorar su empleabilidad, "pero se exigía su contratación y alta en la Seguridad Social, si bien la actividad de los contratados no habría sido otra que la de recibir formación, sin que existiese una verdadera prestación de servicios dentro del ámbito de organización y dirección de la empresa o entidad beneficiaria de la subvención, es decir, dentro de Fueca".

Así, y según prosigue el magistrado, "los contratos de trabajo sólo tenían como objetivo crear una apariencia de -ficticia- relación jurídico-laboral para justificar el alta en la Seguridad Social, como único medio para proporcionar a los extrabajadores incluidos en el Dispositivo de Tratamiento Singular el periodo de carencia necesario para acceder a unas prestaciones a las que de otro modo no tendrían derecho", subrayando que la participación de los extrabajadores de Delphi en estos cursos de formación "habría sido revestida con la apariencia de una –ficticia- relación laboral, cuya simulación tenía como finalidad dar cobertura legal al pago de una retribución a los afectados con cargo a la subvención" y el referido ingreso de las cotizaciones a la Seguridad Social "que proporcionaran" a estos extrabajadores "el periodo de carencia necesario para el acceso a futuras prestaciones".

Centrándose en el papel del exconsejero de Empleo Manuel Recio, el juez manifiesta que habría emitido la correspondiente resolución de concesión de la subvención excepcional "sin estudios y análisis previos, sin ni siquiera comprobar la legalidad de su concesión, y sin una previa comprobación o análisis (...) del correcto destino de las subvenciones precedentemente concedidas con el mismo objeto; haciendo así dejación de sus deberes elementales en el cargo", añadiendo que la subvención fue concedida, "al margen de la más mínima forma de legalidad, con fecha 10 de mayo de 2011, aún cuando la práctica formativa había comenzado el 1 de marzo de 2011, casi dos meses y medio antes de estimarse la solicitud de concesión de la ayuda".

Altas "ficticias" en la Seguridad Social

"A través del otorgamiento de esta subvención (...), los responsables de la Consejería de Empleo investigados habrían determinado y posibilitado la contratación ficticia y fraudulenta de los trabajadores de Delphi, comprometiendo fondos de forma ilícita mediante la simulación de unos supuestos contratos para obra o servicio determinado, que no tenían, de hecho, contenido efectivo, pues no obligaban a realizar otra actividad que no fuese la de recibir la formación, sin que existiese una verdadera prestación de servicios dentro del ámbito de organización y dirección de la correspondiente entidad empleadora subvencionada", asevera el magistrado.

Según afirma el magistrado, "en esa relación "laboral" concertada por los investigados no hubo prestación alguna de servicios por cuenta del supuesto "trabajador" (en realidad, alumno de la acción formativa), sino la de recepción de formación facilitada por Fueca, que no percibiría frutos de la actividad de los "trabajadores" que tuviera para ella valor económico, pues no se puede equiparar a la "prestación de servicios" propia de la relación laboral la mera asistencia de la persona a la que se dio de alta en la Seguridad Social, como trabajador por cuenta ajena, a los cursos de formación impartidos, no derivando los beneficios económicos obtenidos por tal entidad fruto del trabajo de aquéllos supuestos trabajadores, sino de la subvención graciosamente concedida por la Junta de Andalucía para la realización" de las actividades formativas.

"Las altas" en la Seguridad Social "fueron ficticias, al no haber existido prestación de servicios que fundase las mismas", incide el instructor, que explica que los dos investigados vinculados a Fueca, de su lado, "habrían posibilitado el otorgamiento y obtención irregular de esta subvención, facultando, a su vez, la contratación ficticia y simulada de los extrabajadores de Delphi".