La venta de una finca municipal en Casines permitirá construir 40 viviendas de protección oficial

La alcaldesa de Puerto Real, Elena Amaya León, en calidad de presidenta de la empresa pública GEN,y representantes de la empresa Integrity Urbana han formalizado el contrato de compraventa de la finca 8b de Casines. Se trata de una parcela con una superficie de 1.791 metros cuadrados y una edificabilidad de 3.726,38 metros cuadrados en la que se construirán 40 viviendas de protección oficial.

La venta se ha fijado en un importe de 559.100 euros (impuestos no incluidos), de los que 100.500 se abonarán en efectivo y el resto, 458.650 euros lo harán en especie. En concreto, según recoge el documento, el pago en especie consistirá en la adaptación del proyecto y construcción de 4 viviendas sociales de acogida temporal en una parcela situada en la calle Factoría Matagorda nª 5-7 ‘San Telmo’. Estarán destinadas al realojo temporal de familias que lo necesiten. Además, se incluye la redacción del proyecto de otras 50 viviendas protegidasen las parcelas b1-b2 del paseo María Auxiliadoraque se promocionarían por GEN y EPSUVI en próximas fechas.

En total, la operación supondrá la promoción de casi un centenar de viviendas protegidasy sociales: las 4 viviendas sociales de Factoría Matagorda, las 40 que serán construidas por Integrity Urbana en la fincarecién adquirida de Casines, y las 50 que se ejecutarán en una fase siguiente en María Auxiliadora a partir de los proyectos elaborados por la misma empresa,

Entre los compromisos adicionales al pago del precio, la parte compradora asume la contratación de la empresa municipal EPSUVI para la comercialización de las viviendas. Asimismo, se encargará de la dirección facultativa de las obras, cuyo proyecto se prevé será presentado en el mes de septiembre por la empresa adjudicataria.

El equipo de gobierno, liderado por la alcaldesa, Elena Amaya, destaca la importancia de esta gestiónqueradica, por un lado, en el hecho de posibilitar la construcción de viviendas protegidas en el municipio, algo que no ocurre desde 2007. Y por otro, lo novedoso del procedimiento,que ha permitido que un acuerdo público-privado sirva para responder a las demandas devivienda dela ciudadanía y reactivar el sector inmobiliario en el municipio, sin que se produzca pérdida del patrimonio municipal.