...Y aún queda un tercer caso pendiente de juicio

El caso Horas Extras ya tiene sentencia condenatoria, el caso Uniformes se está juzgando estos días en la Audiencia Provincial de Cádiz, pero el cerco judicial a los anteriores gobiernos municipales de Rota y, en especial, a sus dos ex alcaldes, Lorenzo Sánchez (Roteños Unidos) y Eva Corrales (PP), aún tiene otro frente más, el conocido como caso de los Convenios Urbanísticos.

Este tercer caso se encuentra a la espera de que la Audiencia Provincial fije igualmente fecha para su juicio, después de que el Juzgado de Instrucción número 1 de Rota decretara en abril del año pasado un auto de procesamiento que ponía el punto y final a una instrucción que se alargó durante tres años, desde que el PSOE roteño presentó una denuncia ante la Fiscalía en 2012.

En este tercer caso hay un total de nueve imputados, entre los que están Lorenzo Sánchez, Eva Corrales, el empresario local Felipe Castellano, el secretario del Ayuntamiento de Rota, el ex concejal del PP Ismael Puyana y cuatro personas más.

En el auto dictado en abril del año pasado, el Juzgado de Instrucción consideraba que existían indicios para imputar a Lorenzo Sánchez y a Eva Corrales los delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos por, supuestamente, adjudicar obras al referido empresario local en la etapa en la que Sánchez era alcalde de Rota y Corrales delegada municipal de Planeamiento Urbanístico. El Juzgado entendía igualmente que puede imputarse a Lorenzo Sánchez y a otros cinco acusados, entre ellos el empresario Felipe Castellano, un delito de cohecho activo y pasivo.

Recogía ese auto que, en el ejercicio de sus cargos y con la colaboración directa de los demás imputados, Sánchez y Corrales suscribieron varios convenios urbanísticos con las empresas del entorno de Castellano "vulnerando de forma flagrante y a sabiendas la normativa urbanística y reguladora de las entidades locales, con el fin de beneficiar tanto a Felipe Castellano como a Lorenzo Sánchez".

El Juzgado que instruyó este caso entiende que los imputados "obligaban a la Corporación local a entregar una suma de dinero a las empresas de Castellano, normalmente procedente de subvenciones, para financiarle obras que debía asumir la Junta de Compensación, acordándose la devolución de las cantidades en otro convenio mediante la adjudicación de obras públicas sin licitación". Y recalcaba que se beneficiaba al mencionado empresario "vulnerando la normativa e imponiendo al Ayuntamiento la ejecución o abono de obras que no le correspondían".

En paralelo a este caso, aunque estrechamente ligado al mismo, el propio Juzgado de Instrucción número 1 de Rota decidió en marzo de 2015, a raíz de una investigación de la Guardia Civil, abrir una pieza separada centrada en exclusiva en el convenio que posibilitó entre los años 2006 y 2007 la construcción del aparcamiento municipal de La Merced. En esta pieza separada están imputados, además de Lorenzo Sánchez y Eva Corrales, el actual alcalde de Chipiona y ex concejal de Rota, Antonio Peña (PP), y el propio Felipe Castellano. A todos ellos se les atribuye los posibles delitos de prevaricación, fraude, exacciones ilegales y cohecho.