La quiebra del Estado en Cádiz y el narcotráfico

EN septiembre de 2022 el Ministerio del Interior dio orden de disolución del Organismo de Coordinación del Narcotráfico, OCON-Sur. Una unidad de elite que tenía la misión de luchar contra el narcotráfico, el blanqueo de capitales y la corrupción. Ni más ni menos.

Este operativo, integrado por unos 150 agentes de la Guardia Civil de primer nivel procedentes de diversas comandancias de todo el país y que se puso en marcha en 2018, dio un vuelco en la hasta entonces lucha contra los narcos, logrando miles de detenidos, más de 1.400 toneladas de droga incautada y decenas de causas judiciales abiertas contra estos delincuentes.

Cuatro años más tarde, este balance extraordinariamente positivo no fue lo suficiente para mantener en servicio a todo el equipo. Los agentes volvieron a sus unidades y las comandancias volvieron a ocuparse de los narcos con las agentes de siempre.

"No tocar lo que funciona" es a priori una norma que todos deberían de cumplir. Y más en cuestiones tan delicadas como la seguridad.

Pero aquí no pasó. Y la lucha contra el narcotráfico en la provincia de Cádiz comenzó a notarlo, a peor, desde ese mes de septiembre de 2022.

El pasado viernes 9, en el inicio de la noche, dos agentes de la Benemérita fueron asesinados por un grupo de narcos que, a bordo de una inmensa y potente lancha, atacaron a la pequeña embarcación en la que iban los agentes, que intentaban, en evidente minoría, desalojar a este grupo de delincuentes del muelle de Barbate.

Para muchos los narcos son hoy para este país, y más para el sur, y más para la provincia de Cádiz, el terrorismo del siglo XXI. Y recuerdan, también, que el terrorismo etarra se venció gracias a que se le dieron los medios suficientes a las fuerzas de seguridad para doblegarles. Ahora, sin embargo, no parece este pasando lo mismo con estas bandas.

Está claro que los agentes, todos ellos grandes profesionales, no debieron salir al mar a bordo de una embarcación tan frágil, frente al monstruo náutico de los narcos. Sí tendrían que haber salido si hubieran contado con medios marítimos potentes, muy por encima de las narcolanchas, con agentes suficientes, bien dotados con medios de defensa y de ataque. Pero no fue así.

El Estado está para defender a sus ciudadanos. Y el Estado está también para dotar a sus fuerzas de seguridad de personal bien preparado, bien pagado y con equipos de primer nivel. Debería de ser una de las prioridades en el gasto del dinero público.

Y es evidente que en Barbate no ha pasado esta máxima. Frente a los asesinos quebró la autoridad del Estado y quebró la obligación de cuidar a sus ciudadanos y a sus servidores. Más si se tiene enfrente a grupos tan violentos.

No hay explicación válida posible que justifique que la mayor parte de las embarcaciones adscritas al Servicio Marítimo en la provincia de Cádiz estén fuera de uso, por averías o por su antigüedad. Porque algunas tienen 20 años encima, lo que es otra cuestión inexplicable. ¿Cuánto se ha invertido en estos años para la renovación de este material si aún es necesario utilizar equipos adquiridos hace dos décadas? Si nos quejamos cuando nos montamos en un autobús con veinte años de servicio, qué podemos decir de estos agentes que se suben a lanchas que deberían de estar ya en el desagüe.

Las últimas memorias de la Fiscalía de Cádiz han alertado sobre el aumento de los casos relacionados con el tráfico de drogas, tras encontrarse "por sorpresa" con el cierre del grupo del OCON-Sur en 2022.

Puerta de entrada de la droga

La provincia de Cádiz es la puerta del 50% del hachís y del 78% de la cocaína que entra en Andalucía durante doce meses, y todo tras una fuerte reducción de las cantidades aprehendidas un año antes.

Todo ello ha tocado de lleno a la administración de justicia. En un primer momento, con una considerable presión sobre la misma ante el aumento de procedimientos judiciales, que obligan a una exhaustiva instrucción antes llegar al juicio.

Incluso la reducción de las cantidades de drogas aprehendidas, que ha rebajado a la vez los procedimientos penales, "debido a una menor presión policial" como ya dijo la fiscal delegada Antidroga para Andalucía, Ana Villagómez, tampoco ha permitido normalizar el funcionamiento de los tribunales gaditanos.

El presidente de la Audiencia Provincial de Cádiz, Manuel Estrella, reconocía a este diario que la justicia se convertía en un embudo en la lucha contra el narco, ante la imposibilidad de agilizar todo este proceso.

Al final, como pasa con las Fuerzas de Seguridad del Estado, es otro problema de medios humanos y físicos. Faltan más jueces, que no se forman en un día, y falta más personal de apoyo a estos en los juzgados y en la Audiencia.

Mientras que no se solvente este déficit, también responsabilidad del Estado, se mantendrán los retrasos en las instrucciones judiciales (en unas semanas se marchará la juez que ha iniciado la investigación por los asesinatos en Barbate).

El último caso fue hace apenas unas semanas, cuando la Fiscalía de Cádiz tuvo que aceptar la prescripción de un proceso judicial contra 50 miembros de un grupo de narcos. El procedimiento, su investigación y los trámites judiciales (que acumularon 40 tomos de datos), se alargó durante... 16 años. Y al final, para nada.

A todo ello no ayuda el atenuante por dilación indebida. Es decir, los recortes en las penas que se impongan en las sentencias por el retraso en emitirlas.

El propio fiscal jefe de Cádiz, Ángel Núñez, afirma que en los tribunales gaditanos "los casos de narcotráfico transitan por un camino de cabras. Tenemos un sistema procesal absolutamente desfasado", que puede volver a provocar nuevos archivos de casos.

Inversiones para el desarrollo social y económico

Y hay más. El anuncio de grandes inversiones en el Campo de Gibraltar en materia de seguridad y en materia de desarrollo económico, en estos últimos años, no están resultando efectivas para sacar de la precariedad a una parte de la sociedad, que puede buscar el dinero fácil por caminos erróneos. El Estado debe plantear una acción más contundente, que se extienda a otras zonas también en crisis, como la propia Barbate.

La provincia de Cádiz ya es veterana a la hora de recibir con alborozo planes especiales, en las dos bahías, en la comarca de Jerez, en la Sierra... para la recuperación de la fuerza laboral y el desarrollo educativo y social. Todo con escaso éxito.