La quinta columna del 'narco'
El trabajo de Asuntos Internos
Asuntos Internos detuvo en la última década a 52 guardias civiles destinados en Andalucía por su relación con el tráfico de drogas, una veintena de ellos en Cádiz
Un atestado afirma que “existe un grave problema de corrupción policial en la zona sur de España”
Meter 13 toneladas y media de cocaína en el mercado europeo no es una tarea logística tan sencilla como pudiera parecer. Para empezar necesitas conseguir plátanos, muchos plátanos. Luego los tienes que trasladar al puerto de Guayaquil, agenciarte un contenedor de un barco mercante donde esconder la cocaína en ladrillos detrás de los plátanos y que ese barco llegue a Algeciras para que un mayorista de plátanos de Alicante te ponga un camión bien grande para trasladar los plátanos y lo otro. Esa operación necesita de mucho personal y buena coordinación.
Trece toneladas y media de cocaína es una operación grande para una mercancía que no para de depreciarse. Lo que se pagaba en el mercado antes a 33.000 euros el kilo se paga ahora a 18.000. Demasiada saturación, demasiada competencia. Pero aún así son 243 millones de euros, cantidad suficiente para invertir en que el jefe policial de la unidad de blanqueo forre con billetes su adosado de las afueras de Madrid. Porque si no tienes a alguien en el otro bando, no tienes quinta columna, estás arriesgando demasiados plátanos.
Pero esta vez el cargamento fue interceptado. Ocurrió hace una semana. Entre los trágicos sucesos de Valencia y las batallas políticas fue una noticia que pasó casi desapercibida, pero se trataba del mayor alijo de cocaína nunca incautado en nuestro país. Lo que no pasó desapercibida fue la detención del policía que había emparedado veinte millones de euros en su domicilio.
El jefe de la unidad de blanqueo de Madrid se llamaba Óscar Sánchez, apodado ‘El Soso’, que había sido durante años eficaz miembro del grupo de estupefacientes de la Udyco central. Perseguía a los narcos a través de internet, se convirtió en un experto en la dark web. Los policías que persiguen a policías saben que los agentes que trabajan para el otro lado suelen ofrecer buenos resultados. Es una tapadera magnífica atrapar a los narcos que no son de los suyos. El departamento de Asuntos Internos, una unidad del Cuerpo Nacional de Policía que tiene su sede sin distintivos en la entreplanta de un edificio de vecinos de la calle Cea Bermúdez de Madrid, había logrado desenmascarar la quinta columna de uno de los más potentes grupos de tráfico de cocaína de Sudamérica. Sospechaban de él desde hacía tiempo y ahora más de 20 millones de euros en billetes explicaban muchas cosas.
La actividad del narcotráfico, que no deja de ser una monumental industria que es capaz de mover en un solo contenedor mercancía por valor de 243 millones de euros, necesita una cantidad ingente de recursos humanos y, entre ellos, uno de los imprescindibles es el policía corrupto, que existe desde que la policía es policía. Orson Welles dibujó un estereotipo perfecto en una de sus obras maestras, Sed de mal, pero el policía corrupto puede manifestarse de muchas maneras y en todas las escalas.
La manzana y el barril
En 1992 los jueces Baltasar Garzón y Carlos Bueren desplegaron en Sanlúcar de Barrameda la que se conoció como la Operación Pitón, una red de introducción de hachís por el Guadalquivir que, en última instancia, estaba controlada por la mafia calabresa. Fue un ejemplo de colaboración entre las policías italiana, portuguesa y española y su éxito fue posible gracias a la figura del arrepentido. Desde lo más alto se fue descendiendo hasta los últimos escalafones y en ese último escalafón se encontró con la dotación casi al completo de la Guardia Civil en Chipiona. Uno de los agentes confesó que cobraba 300.000 pesetas de la época por cada ocasión en que hacía la “vista gorda”. Los narcotraficantes dijeron que mentía. Por cada cargamento que dejaban pasar les entregaban cinco millones de pesetas para que se los repartieran. Aquí se daba la máxima defendida por los criminólogos hispanoamericanos, que por razones obvias son los que más han estudiado la materia. Ellos descartan “que la corrupción sea normalmente un fenómeno aislado atribuido a ‘una manzana podrida’. Más bien se trata de que el ‘barril’ donde se encuentra la manzana ha sido contaminado”.
Un año antes, el 18 de septiembre de 1991, la Guardia Civil había puesto en funcionamiento su propio servicio de Asuntos Internos, el SAI, con sede en la Carretera de Andalucía a la altura del municipio madrileño de Valdemoro, con el objetivo de “velar por el cumplimiento de los principios y valores institucionales y de la ética profesional del personal del Cuerpo”. Desde entonces su trabajo ha sido incesante y uno de sus puntos calientes ha sido la provincia de Cádiz, lo que es fácil de entender: por aquí entra la droga.
Los resultados de los grupos de asuntos internos del Cuerpo Nacional de Policía y de la Guardia Civil no aparecen en la memoria anual del Ministerio del Interior. Sabemos gracias a una pregunta escrita de un diputado de Eh Bildu en 2021 que entre 2011 y 2020 un total de 150 guardias civiles fueron detenidos por su relación con el narcotráfico, 52 de ellos en Andalucía: una veintena con destino en la provincia de Cádiz, 12 en Málaga, 3 en Almería, 8 en Granada, 5 en Sevilla y 4 en Huelva. A la Asocición Unificada de la Guardia Civil esas cuentas oficiales no le salen, ya que sólo entre 2018 y 2021 contabilizaba 34 detenciones de compañeros en la región. Teniendo en cuenta que sólo entre la dos Comandancias de Cádiz hay destinados más de 2.500 agentes se podría hablar de un bajo porcentaje, pero el problema no deja de estar ahí. Sobre los miembros de la Policía detenidos no hay datos, aunque su número es necesariamente menor porque también es menor el contacto directo con los traficantes.
Las últimas detenciones practicadas por Asuntos Internos del CNPen Andalucía se produjeron el pasado mes de septiembre en la comisaría sevillana de Alcalá de Guadaira. Cinco de los 130 agentes destinados allí fueron detenidos por la reventa de objetos obtenidos en las operaciones contra el tráfico de drogas, la venta de tabaco ilegal o plantaciones de marihuana. Los agentes habían tenido una gran actividad en los últimos tiempos, realizando un total de 27 operaciones en Alcalá y otras localidades cercanas. En esta zona no hay grandes organizaciones y el tráfico de drogas es al por menor. Los sindicatos policiales habían denunciado la situación de esta comisaría, donde se habían producido varias bajas por enfermedad a raíz de la llegada de un nuevo comisario que estaba dispuesto a reorganizar el funcionamiento de estas dependencias.
Ojos de loco
En octubre de 2021 cayó Antonio Jesús P. Ll., apodado ‘Ojos de Loco’, un guardia civil destinado en Tarifa dentro de la Operación Toga. Trabajaba para los hermanos Al Moudi, que operaban desde la Costa del Sol introduciendo hachís y cocaína. Durante siete meses de pinchazos telefónicos los agentes de Asuntos Internos pudieron deducir que ‘Ojos de Loco’ era el que buscaba a los narcotraficantes y no al contrario. El guardia ofrecía sus servicios y el de otros compañeros y, a veces, lo hacía imperiosamente como se revela en la escucha de esta conversaciónentre los miembros de la banda de Al Moudi: “Los guardias quieren que curremos ya, pero no hay curro (…) tendré que traerles algo de leña porque el de los perros (supuestamente algún miembro de una unida canina) se ha divorciado, tiene problemas y le están dando la brasa...”
Los guardias quieren que curremos ya, pero no hay curro (...) el de los perros se ha divorciado y le están dando la brasa"
De aquella operación se derivó un atestado salido de la central de Valdemoro del SAI para la Audiencia Nacional. En él se decía: “Existe un grave problema de corrupción policial en la zona sur de España. Queda patente en el siguiente comentario de Mustafá (uno de los miembros de la banda de Al Moudi): los guardias civiles exigen una cantidad de dinero, en este caso 12.000 euros, solo por el hecho de sentarse en una reunión con narcotraficantes, los cuales acceden a la entrega de dinero, al ser perfectamente conocedores de que sin contar con la anuencia de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad es prácticamente imposible que sus alijos accedan a España”.
Pero si hay un actuación de Asuntos Internos que se comenta en el seno de la Guardia Civil es la Operación Varea, desarrollada en la comandancia de Algeciras en 2022. Y si aún se comenta es por lo confuso de todo lo sucedido y porque supuso el desmantelamiento del equipo de agentes que mayores éxitos había obtenido contra el universo narco en el Campo de Gibraltar en toda su historia: 13.411 detenciones, entre ellos los hermanos Castaña, y 1.300 toneladas de droga incautadas, si bien los críticos, que también los había, aseguraban que muchas de esas operaciones no tenían recorrido judicial y se hacían sólo para aumentar estadísticas.
En el centro de toda la historia se encuentra un profesional venerado por todos los agentes que han trabajado con él, el teniente coronel David Oliva, “un jartible con el curro que te tenía con la lengua fuera mientras trabajabas con él pero que garantizaba que nunca te dejaría tirado. Oliva es uno de los mejores guardias que he conocido”, comenta un agente que estuvo bajo su mando. Nadie dudaba en el Cuerpo que la carrera de Oliva iba disparada al generalato.
Fue el propio ministro del Interior, Grande Marlaska, el que le encargó que resolviera una situación que se estaba yendo de las manos en el Campo de Gibraltar. La nueva generación de narcos estaba desatando unos niveles de violencia desconocidos hasta entonces y estaba claro que la Guardia Civil en la zona estaba desbordada. Se hablaba de la ‘colombización’ de la comarca.
Operación Varea
Cuando Oliva llegó a Algeciras en julio de 2018 y montó un equipo de 150 agentes muy bien pagados, el Ocon Sur, no le gustó lo que vio. Comprobó que quien realmente mandaba en la comandancia era alguien que no le daba buena espina, el jefe de la policía judicial, el capitán Joaquín Franco. Todo pasaba por él. Franco, que había hecho toda su carrera en Algeciras desde su época de suboficial, era el responsable de las pruebas periciales, de los análisis de droga y del seguimiento de los principales narcotraficantes, especialmente del número uno, el conocido como Messi del hachís, con el que mantenía una relación cordial.
Franco había sido el artífice de que el Messi se entregara a cambio de una fianza que le permitiera seguir en libertad siempre y cuando se presentara a firmar en el juzgado. Franco se intercambiaba whatsapps con Messi habitualmente y esos mensajes estaban ya en el radar de Asuntos Internos. En abril de 2019 el Messi decidió incumplir su acuerdo y escapó a Marruecos. Sólo tres meses después Franco era detenido tras mantener una reunión en una venta con Emilio el Moro, el hombre de confianza de Messi en España y amigo suyo desde la adolescencia. Franco fue acusado de revelación de secretos, pero no pudieron demostrarlo. Franco fue absuelto en septiembre de 2023.
Hechos como éstos hacían que Oliva desconfiara de todos y sólo se fiara de su unidad de élite, cuyos miembros habían sido seleccionados por él uno a uno. El problema era que Asunos Internos también desconfiaba de Oliva y tenía abierta la Varea, a ver qué caía. La operación, bautizada así por el vareo de las aceitunas y por el apellido del investigado, dio su cosecha debido a la disputa entre dos tenientes subordinados de Oliva. Uno de ellos era amigo de la infancia de un miembro del clan Ariza, cuyo origen está en la playa de Bolonia, una pedanía perteneciente a Tarifa. Los Ariza estaban siendo investigados y, tras descubrir en facebook la presencia de este teniente en celebraciones familiares del clan, la información fue trasladada a Asuntos Internos.
Investigando las cuentas del teniente se descubren negocios -tiene varios comercios en la comarca- e importantes cantidades de dinero, pero también es cierto que pertenece a una familia acaudalada. No es determinante. Así las cosas, Asuntos Internos envía a Ocon un infiltrado, otro teniente. En la unidad no saben de dónde viene. El dice que ha pedido el traslado desde Madrid porque su mujer es andaluza. Pero el primero lo descubre y le acusa de espiar a los compañeros, mientras que el recién llegado acusa al primero de tener tratos con los Ariza, lo que el otro niega, al tiempo que argumenta que tener un amigo que se dedica al narcotráfico no quiere decir que él también se dedique.
Oliva media en la disputa y ahí se produce un cruce de información mezclado con una macedonia de las escuchas a unos y otros realizadas desde la unidad central de Asuntos Internos. Hay citaciones judiciales e imputaciones a los tres personajes de de la historia, pero nada está claro y con el tiempo habrá un sobreseimiento de la causa. El resultado es que un mes después de que toda la unidad se junte para celebrar el ascenso de Oliva a teniente coronel, Ocon Sur se desmantela por orden del mismo ministro que la montó y tanto el flamante teniente coronel como los dos tenientes son cambiados de destino. Oliva, un hombre de acción, acaba en un puesto de oficina en la Jefatura de Enseñanza.
El chasco de la Operación Varea alimenta la mala fama que Asuntos Internos tiene entre los agentes. “Un compañero corrupto es lo peor que te puede pasar, un tío que es incluso tu amigo y descubres que se ha pasado al lado oscuro. Y no es excusa que nuestros salarios son los que son o que tengamos la tentación muy cerca. Si estás en esto, estás en esto y, si no, eres un puto traidor porque no sólo te estás manchando tú, nos estás manchando a todos”, resume un agente que, al mismo tiempo, critica que los de Asuntos Internos se comportan demasiado a menudo como “los reyes del mambo”.
Lo peor que te puede pasar es cuando te enteras que un compañero se ha pasado al lado oscuro"
Aún así, el sindicato Jucil está a favor de que se incrementen las dotaciones para Asuntos Internos, que ahora mismo cuenta con un personal de poco más de 200 agentes, todos ellos en Madrid. Porque no es sólo investigar a guardias civiles que persiguen narcos. Hay muchas otras formas de corrupción. De hecho, el mayor caso en la actualidad en sus manos no tiene que ver con el narco, sino con el gasto dudoso de casi tres millones de euros en 193 obras realizadas en casas cuartel. Por ello, además de una mayor dotación, Jucil pide una nueva organización, que se descentralice, que estos investigadores conozcan el terreno y que se especialice: “Que no se dote con personal comisionado, si no que se establezca como destino concreto”.
Porque desde dentro se sabe que, por mucho que se combata, la corrupción policial siempre ha existido y siempre existirá. Es una línea roja demasiado delgada.
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