CCOO critica la posible recolocación de los militares de 45 años en las prisiones

El Ministerio del Interior y el Ministerio de Defensa están estudiando abrir el acceso de personal militar a los puestos civiles de Instituciones Penitenciarias. Esta decisión, de concretarse, representaría “una evidente involución del sistema penitenciario español”, según Comisiones Obreras, “pues nos aleja de los países europeos, donde hasta los menos avanzados en esta materia, como podría ser el caso de Rumanía, están abandonando la militarización”.

Desde el sindicato subrayan que el marco jurídico nacional y europeo exige que los trabajadores de las prisiones tengan la condición obligatoria de civiles y que estén altamente cualificados y especializados para cumplir su misión de seguridad y de reinserción con la población reclusa. “Por eso es inaudito que pretendan solucionar los problemas de personal del Ministerio de Defensa vaciando de contenido el ordenamiento constitucional de las cárceles”, insisten en Comisiones.

El problema de personal al que alude CCOO se refiere fundamentalmente a los soldados de más de 45 años que están obligados a abandonar su carrera militar dentro de las Fuerzas Armadas cuando cumplen esa edad.

Según los datos incluidos en el Anuario Estadístico Militar del año 2018 –publicados por Defensa en mayo de 2019–, el número de Reservistas de Especial Disponibilidad (RED) con más de 45 años que cobran una retribución mensual de 645 euros es de 1.125 efectivos a nivel nacional, de los cuales 191 son mujeres y 934 hombres. Por regiones, Andalucía es la comunidad que cuenta con mayor número de RED, en total, 314 militares sin empleo.

Cádiz, donde la presencia de las Fuerzas Armadas es notable, se sitúa como la primera provincia a nivel andaluz y la segunda a nivel nacional (solo superada por Madrid) en cuanto número reservistas, esto según las cuentas realizadas por Unidas Podemos, que cifró en 255 de media las salidas forzosas de militares asentados en Cádiz al año.

Comisiones Obreras aporta una cifra más, el déficit de personal penitenciario en las prisiones de Cádiz, que alcanza un 12%. "Casi 180 plazas presupuestadas están vacantes entre los cinco centros penitenciarios de la provincia (Algeciras, Puerto I, II y III y el Centro de Inserción Social de Algeciras)". Eso sí, hay que tener en cuenta que son plazas vacantes de todas las categorías profesionales: psicólogos, educadores, trabajadores sociales, personal de vigilancia, etcétera.

Los argumentos de CCOO

Silvia Fernández García, secretaria general de CCOO en Instituciones Penitenciarias, ha explicado a este periódico que precisamente "Instituciones Penitenciarias envió un correo electrónico a las organizaciones sindicales para informarnos de que iba a iniciar las actuaciones administrativas que resultaran necesarias, junto con el Ministerio de Defensa, para materializar la posibilidad que ofrece el artículo 19.10 de la Ley 6/2018, de 3 de julio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2018, de ofertar plazas de Instituciones Penitenciarias al personal militar profesional de tropa y marinería y reservistas de especial disponibilidad".

El sindicato ha criticado que una medida "de tanto calado para el propio modelo penitenciario y que modifica las actuales condiciones de trabajo, se haya comunicado a través de correo electrónico, cuando tiene que negociarse con la parte social".

Según ha señalado Fernández, "entendemos que el Gobierno tiene un serio problema con los miles de militares que cada año pasan a la reserva por cumplir los 45 años. Es necesario buscar soluciones, porque es muy difícil defender que un militar a los 45 años no pueda estar ocupado cuando para el resto de la población activa la edad de la jubilación viene siendo más allá de los 65 años".

Para la secretaria general de CCOO, "el Ministerio de Defensa podría revertir parte de esta situación simplemente modificando la Ley para retrasar la edad de pase a la reserva. También podría haber desarrollado procesos de estabilización de empleo para que este personal continúe prestando servicio dentro del Ejército, así como implantar planes formativos de reciclaje para ocupar puestos civiles en otras administraciones".

Mientras cada año aumenta el excedente de militares en la reserva, ha dicho Fernández, "no es lógico ni eficiente que el Ministerio de Defensa derroche fondos públicos en la privatización de la vigilancia de los cuarteles a las empresas de seguridad privada. Se está cambiando el modelo de seguridad pública del Estado y no precisamente para servir al interés general de la ciudadanía".

La secretaria de CCOO ha precisado que para poder garantizar un modelo público de ejecución de condenas orientado en la reinserción, las Reglas Penitenciarias Europeas establecen la obligación de que las prisiones estén bajo la responsabilidad de las autoridades públicas, separadas de los servicios militares, de la policía y de la instrucción penal. En el mismo sentido, ha aseverado Fernández, se pronuncia la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. "Meter militares en las prisiones con el estatus de las Fuerzas Armadas supone acabar con el mandato constitucional del artículo 25.2 de la Constitución Española, relegando la reinserción a puras estadísticas".

Por último, el sindicato ha apostillado que "las condiciones laborales del personal penitenciario se degradarían aún más de prosperar esta recolocación, ya que se limitaría el acceso al empleo público bajo condiciones de igualdad, mérito y capacidad y se restringiría la movilidad, la conciliación familiar o la carrera profesional del personal penitenciario, ya que los militares ocuparían buena parte de las plazas estructurales".

También desde el punto de vista sindical "es muy difícil defender que el personal militar que ocupa puestos civiles en la Administración General del Estado no tenga los mismos derechos laborales y sindicales que tenemos el resto de empleados públicos reconocidos en el Estatuto Básico del Empleado Público", ha concluido Fernández.