El recorte en la sanidad gaditana podría llegar a 2.500 trabajadores

La Consejería de Salud trabaja hasta ahora sólo con estimaciones, pero eso no mitiga un ápice su preocupación por los recortes que será necesario aplicar después de la imposición de los planes de ajuste por parte del Gobieno central. Extrapolando la cifra de 7.000 millones de euros que ha dado el Ejecutivo del PP para toda España, según el peso de la población andaluza (un 17% del total nacional), a nuestra comunidad autónoma le correspondería recortar unos 1.300 millones en Sanidad. A partir de estos datos, todos los cálculos son estimativos, a la espera de que los recortes por comunidades se concreten en una próxima reunión del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, que debe tener lugar el próximo miércoles 18 de abril. Esta cita de los consejeros de Salud de todas las comunidades españolas, toma determinaciones que aun así no son vinculantes.

Como insisten en recordar fuentes de la Consejería "se trata de una cuenta muy burda", que consistiría en trasladar linealmente al capítulo de personal la cantidad total que le toque recortar a Andalucía. Burdas o no, son las cuentas que de momento se están haciendo, partiendo de que el gasto anual en personal sanitario en la comunidad es de alrededor de 4.000 millones de euros, y siendo el presupuesto total de la Consejería unos 9.000 millones. Calculan las mismas fuentes que el recorte en la plantilla del SAS debería ser de un 25%. Es decir, si hay actualmente unas 100.000 personas trabajando para el sistema, unas 25.000 estarían a punto de perder su trabajo, y estos saldrían naturalmente del personal eventual e interino.

Si tenemos en cuenta el peso de Cádiz en los presupuestos, que está en líneas generales en torno al 10%, podemos concluir que la pérdida de puestos de trabajo, sólo en la provincia, sería de unos 2.500. La indefinición es todavía la constante, y más teniendo en cuenta que los responsables del sistema andaluz prefieren hacer el ajuste en farmacia, "que se lleva el 20% del presupuesto". De ahí la importancia que se le da a la subasta entre los fabricantes de medicamentos "que podría suponer un ahorro de 200 millones".

En cuanto a los servicios o prestaciones que podrían verse afectados por los recortes, desde dentro de la Consejería se reconoce la misma incertidumbre y que se funciona un poco "a golpe de radio macuto". Así "se dice que se podrían eliminar la asistencia pública gratuita en fisioterapia, reproducción asistida, cambio de sexo o abortos", y que se podrían "sacar de la financiación pública medicamentos tan populares como el omeoprazol, el ibuprofeno o el paracetamol". No obstante, esas fuentes dejan claro que la preferencia en la Consejería sería recortar en las novedades terapéuticas sobre esos principios, "es decir, un paracetamol nuevo que por ejemplo produzca sus efectos en menos tiempo o tenga una administración más cómoda no tiene por qué estar financiado, y sí el original".

En Salud se defiende que la gestión es eficiente, como lo demuestra que el gasto por habitante y año, 1.164 euros, "es el más bajo de España" y que "hay muchas formas de seguir ajustando sin quitar prestaciones".