Los rescoldos de ETA en las cárceles gaditanas

Cádiz/Año 2011. Una mano introduce una carta en un buzón de Correos. El remite está en el País Vasco y el destino, en El Puerto de Santa María. Es una escena de ficción de la popular serie Patria, basada en el libro del mismo nombre de Fernando Aramburu. Es ficción, pero no una casualidad, porque a finales de los años 80 había en las cárceles gaditanas más de un centenar de presos etarras. Nada que ver con las cifras que se barajan hoy.

En la actualidad, los centros penitenciarios españoles custodian a 197 presos de ETA, la cifra más baja en cuatro decenios, según publicaba recientemente el periódico El País. En torno a un centenar de esos internos, prácticamente la mitad del total, se encuentran en cárceles andaluzas. Cádiz es la provincia en la que más reclusos de la banda terrorista siguen cumpliendo sus condenas. En la prisión de Puerto I hay ocho etarras y en Puerto III quedan diez, según la memoria que hizo pública la organización de apoyo a los presos Etxerat, actualizada en junio de 2020. En la prisión de Botafuegos, Algeciras, hay todavía cuatro miembros de la banda, por lo que son 22 los que quedan en las cárceles de la provincia de Cádiz. Algunos de los que permanecen son, según fuentes penitenciarias consultadas, “los más reaccionarios, los que mantienen una posición más dura respecto al mal denominado conflicto vasco. De no ser así, ya estarían más cerca de los suyos”. Se refieren así a los presos que siguen defendiendo el terrorismo como vía válida para conseguir la independencia del País Vasco.

La política de acercamiento progresivo de los presos etarras explica por qué los centros penitenciarios gaditanos, que tradicionalmente acogieron a una buena parte de los reclusos de la banda terrorista ETA, ahora cuenten tan solo con una veintena de ellos.

El comportamiento de estos reclusos dentro de las cárceles gaditanas es, en general, correcto. “No hablan mucho con otros presos. Solo entre ellos. Son como presos ‘fantasmas’. Ni se meten con ellos ni ellos se meten con nadie”, dice una funcionaria de prisiones. Pero esto siempre no fue así.

Durante los 80, los 90 y la primera década del los 2000, la relación del cuerpo de funcionarios con la banda terrorista fue muy complicada. Realmente no con los propios presos etarras, sino con lo que estaban fuera”, recuerda un funcionario de Puerto I, que estuvo amenazado y perseguido durante muchos años. “Llegué a tener a un comando siguiéndome por el simple hecho de ser funcionario y de no tener muy buena relación con los internos de la banda. A sus ojos, nosotros éramos el cuerpo represor. Fueron años muy difíciles: no salir solo del centro penitenciario, mirar siempre en los bajos de nuestros coches con matrícula duplicada o dar mil rodeos antes de llegar a casa, siempre pendiente de que nadie te siguiera. Yo era objetivo prioritario”, explica.

Sin embargo, en el interior de la cárcel, la situación era distinta. Fuentes penitenciarias aseguran que los presos etarras no fueron –ni son– especialmente conflictivos en el día a día. Hace años ni tan siquiera tenían relación con otros presos porque ellos eran muchos y formaban su propio gueto. Sus reivindicaciones se centraban en huelgas de patio o huelgas de hambre que siempre tenían el mismo objetivo: el acercamiento a las cárceles del País Vasco, pero no eran agresivos con los funcionarios, salvo casos muy puntuales.

“Había que tener más miedo de los etarras que estaban fuera y no veías que de los que estaban dentro. Los primeros no estaban controlados y sabíamos que estábamos en su punto de mira”. El funcionario de Puerto I, que no revela su identidad por razones obvias, relata que “cada atentado contra un funcionario se veía como un paso más para que el tuyo estuviese más cerca”.

“En agosto de 1989 murió la madre de un funcionario de una cárcel de Granada que abrió un paquete bomba dirigido a su hijo y, años más tarde, en esa misma ciudad, otro trabajador de la prisión salvó la vida porque detectó una fiambrera con 300 gramos de explosivo oculta bajo el asiento de su coche”, rememora el funcionario.

Tampoco olvida otro atentado con paquete bomba en la antigua cárcel de Sevilla I, en el que fallecieron un funcionario, varios presos y resultaron heridos algunos familiares que iban de visita. “Todo eso nos afectaba mucho. Cada vez que lo oíamos pensábamos que en cualquier momento podíamos ser cualquiera de nosotros, porque El Puerto ha sido siempre un punto caliente en cuanto a los internamientos de presos etarras”. Eso, sin olvidar el caso de Ortega Lara, funcionario de prisiones que permaneció 532 días secuestrado por ETA y que marcó, y mucho, a todo el cuerpo de funcionarios.

Iñaki de Juana Chaos, Henri Parot, Paquito Mujika Garmendia, Peio ‘El viejo’, Jose María Beristain, Larrinoa, Isidro Garalde, ‘Kubati’... son algunos de los nombres que aún resuenan entre las paredes de las prisiones portuenses.

El 20 de octubre de 2011, día en el que se anunció el desarme de la banda terrorista, supuso un punto de inflexión para los presos etarras. “La relación cambió. Aunque pueda parecer extraño, ahora podemos decir que con ellos hay una relación cordial e incluso amena en algunos casos”, comenta un trabajador de prisiones.

Personas del ámbito penitenciario indican que la mayoría de los reclusos de ETA que quedan internos han abandonado sus reivindicaciones y ya sí aceptan los beneficios penitenciarios que antes rechazaban (pues no querían obtener nada del Estado español). “Con el fin de las armas, se apagó poco a poco su necesidad de formar parte del brazo opresor de la banda. Abandonaron la violencia como medio de lucha”.

No obstante, aún hoy continúan ciertas reivindicaciones. “Hemos tenido alguna hace poco, pero son las menos”, afirma un funcionario, que apunta al caso del preso de ETA Iñaki Bilbao Goikoetxea. Este interno, que cumple condena en la cárcel de Puerto III, fue hospitalizado recientemente en el Clínico de Puerto Real tras pasar 20 días en huelga de hambre. “Su reivindicación no era otra que pedir un acercamiento a las cárceles del País Vasco, una demanda histórica de los terroristas. De todos modos, las protestas van a menos porque también ha bajado mucho el número presos etarras internos en cárceles de la provincia. De hecho, en las últimas semanas se han trasladado hasta cuatro de ellos, no al País Vasco, pero sí más cerca”.

También empiezan a desaparecer los guetos. “Ya van quedando menos y no tienen más remedio que convivir con otros presos, pese a que ellos no se consideran presos comunes, sino presos políticos. Hay incluso cierta convivencia con otros reclusos dentro de los patios o en talleres de reinserción”, señalan trabajadores de prisiones.

La política de acercamiento gradual al País Vasco puede dar lugar a que en un periodo de cinco años vista no quede prácticamente ningún preso etarra en las cárceles gaditanas. “Si han renunciado a la violencia, han pedido perdón y han cumplido tres cuartas partes de su condena, pueden ser enviados a cárceles ubicadas en un radio perimetral de 250 kilómetros al País Vasco, ya sea Logroño, Cantabria, Navarra, Aragón o Asturias”, señala un funcionario de prisiones. “Lo que falta, eso sí, es que colaboren en el esclarecimiento de 300 asesinatos de la banda”.

Personas del ámbito carcelario consultadas para la elaboración de este reportaje insisten en que, más allá del color político del Gobierno de turno, es la Junta de Tratamiento Penitenciario del centro en cuestión la que da el visto bueno, o no, al traslado de los reclusos etarras. “Mucho se ha hablado de los acercamientos promovidos por Grande Marlaska (PSOE), si bien la mayoría de estos traslados han tenido lugar durante el mandato de Aznar (PP)”, aseveran. “Hay que pasar página y que se los lleven de aquí”, concluyen.