Ríos Carratalá: "Llamar funcionario a alguien cuando no lo es no es menoscabar el honor de nadie"

Este lunes ha comenzado en la Audiencia Provincial de Cádiz el juicio por el que están demandadas casi un centenar de personas, la mayoría periodistas, acusadas de vulnerar el derecho al honor, la intimidad y la propia imagen de Antonio Luis Baena Tocón. Esta primera sesión del juicio oral se ha convertido en una sesión magistral de historia del catedrático Juan Antonio Ríos Carratalá, autor del libro Nos vemos en Chicote: imágenes del cinismo y el silencio en la cultura franquista publicado en 2015. Durante dos horas ha explicado minuciosamente cómo eran aquellos procesos en los que la justicia militar condenó a tantos represaliados y en el que sitúa al arcense Baena Tocón como un "secretario instructor", según sus investigaciones. El hijo de este, José Francisco Baena, niega en su demanda que fuese el secretario judicial en aquellos juicios y por eso pide la rectificación del estudio y de todas aquellas informaciones publicadas en más de cuarenta medios de comunicación en los que ha aparecido como tal entre 2019 y 2020.

El abogado demandante se aferra a dos errores en el estudio de Ríos Carratalá para invalidar las tesis del catedrático. Por una parte por nombrar como funcionario público a Baena Tocón a partir de 1934, cuando en realidad en la documentación consta como aspirante en unas oposiciones de la que quedó excluido, y por otra por poner en tela de juicio su licenciatura en derecho. Ríos Carratalá ha explicado que solo constaba el estudio de algunas asignaturas en las fuentes documentales y que "llamar funcionario a alguien cuando no lo es no es menoscabar el honor de nadie".

El papel de los secretarios instructores

Ante la ausencia de la firma de Baena Tocón en la sentencia que condenó al poeta Miguel Hernández, el catedrático alicantino ha narrado el proceso por el cual, en aquel contexto, los secretarios instructores tenían un papel tan relevante en la causa. Solo en la ciudad de Madrid se pasa de 16 a 43 juzgados instructores para resolver unos 50.000 procesos. "Hablamos de procedimientos sumarísimos de urgencia donde se reducen todos los procesos", que estaban plagados de irregularidades y que, ante la ausencia de personal cualificado en derecho se moviliza a numerosos militares como miembros de los tribunales.

En el caso de Miguel Hernández, juzgado en ese procedimiento sumarísimo junto a otros 29 procesados, el fiscal resolvió todos los casos en entre dos y tres horas, de modo que las diligencias obtenidas por el secretario instructor serían claves para el juicio, convirtiéndose prácticamente en juez de la causa. No se intentó localizar a los seis avalistas que deberían haber defendido al poeta ni llegó el informe preceptivo de la Dirección General de Seguridad ni de Falange que deberían aparecer en el procedimiento. Por tanto, aunque Baena Tocón no formó parte de los cinco miembros del tribunal que condenaron a Miguel Hernández, su papel como secretario instructor es de especial relevancia en el resultado final de la sentencia, según la tesis defendida por Ríos Carratalá en la sede judicial gaditana.

"Tengo acreditadas al menos 20 firmas en 12 documentos donde aparece como secretario de causa o instructor del procedimiento", argumenta el catedrático sobre la figura de Antonio Luis Baena Tocón. Estos secretarios instructores hacían el informe inicial de la acusación con las pruebas de cargo correspondientes. "Si en el informe ponía que tenía carácter marxista, eso suponía automáticamente una condena de 30 años o la pena de muerte, asegurada si había dirigido un medio de comunicación republicano". Ríos Carratalá defiende que los Juzgados Especiales de Prensa estaban repletos de expedientes incompletos y que no aparezca la firma de Baena Tocón no invalida su tesis porque "yo no estudio un documento aislado, sino una serie documental. He estudiado más de cien procedimientos sumarísimos de urgencia y sé cuál es la lógica procesal".

El derecho al honor

Sobre si pequeños errores podían causar un atentado en el honor del alférez arcense, Ríos Carratalá ha expuesto que según la jurisprudencia del Tribunal Constitucional de 2004, "no se vulnera el derecho al honor por un error sino por la falta de diligencia en la investigación", que ha defendido con un extenso relato sobre sus fuentes documentales y sus modos de obtención. "Le aseguro que nadie más ha publicado 1.500 páginas sobre estos procesos sumarísimos" y argumentó los seis filtros que debe pasar su estudio para que se financie su publicación dentro de un proyecto investigador.

El catedrático arguye que "si hubiese tenido ánimo de ofender no me hubiera puesto en contacto con la familia para pedir su testimonio". Considera que su mano tendida al diálogo solo ha encontrado insultos por parte de la parte demandante, hasta 17 contabiliza en el blog en el que José Francisco Baena defiende la figura de su padre. "No hay una crítica en el ámbito académico, sino un ataque directo a la persona", se ha lamentado, añadiendo que incluso ha usado redes sociales para involucrar a su hijo en asuntos rocambolescos dentro de la Universidad de Alicante.

Los medios de comunicación

Este lunes estaban convocados más de cuarenta medios de comunicación y un número mayor de periodistas que han estado representados por sus abogados y procuradores debido a que solo se pedía la declaración durante el juicio del demandante, que lo hará este martes, y del principal demandado, el catedrático Juan Antonio Ríos Carratalá. La ola mediática provocada por la primera demandada (esta es la tercera) en la que José Francisco Baena pretendió borrar el nombre de su padre de estas investigaciones por considerarlas incorrectas, provocó que muchos medios se hicieran eco de esta polémica. La demanda que ahora se juzga en la Audiencia gaditana pretende la rectificación de todas aquellas informaciones publicadas en medios de comunicación y páginas de fundaciones, asociaciones, sindicatos y hasta de partidos políticos, en las que se situaba a Antonio Luis Baena Tocón como "secretario judicial del consejo de guerra que condenó a Miguel Hernández". Además, las indemnizaciones totales alcanzan los diez millones de euros.

La Fiscalía intentó este lunes acotar si los términos de secretario judicial del consejo de guerra o secretario instructor del procedimiento sumarísimo de urgencia podían ser sinónimos o si el primero se ajustaba a lo correcto. Como explicó el catedrático, no puede pretender que los periodistas reproduzcamos con exactitud en un medio divulgativo el contenido de una laboriosa y voluminosa investigación historiográfica.

El juicio continúa este martes con la declaración del demandante José Francisco Baena.