El robo de la caja salpica a los dos ex alcaldes isleños

El Tribunal de Cuentas ha condenado a los dos funcionarios que estaban a cargo de la caja de efectivo del Ayuntamiento de San Fernando -Clemente Ruiz García y María José Lebrero de Celis- al pago de 7.665.733,92 euros más los correspondientes intereses. Considera que ambos son los responsables directos de la desaparición de esta alarmante cantidad de dinero de las arcas municipales isleñas.

Pero el fallo, conocido ayer, salpica también a los dos ex alcaldes andalucistas, Manuel María de Bernardo y Antonio Moreno, a los que considera responsables subsidarios del alcance -de manera moderada- y a los que condena a pagar 29.250 euros cada uno, una cantidad ligeramente inferior a la que les reclamaba el Ayuntamiento.

La primera resolución judicial del controvertido robo de la caja, que salió a la luz hace más de cuatro años y medio, arrastra también a la tesorera, María de las Virtudes Gómez Montero, a la que le requiere el pago de 29.544,65 euros; al interventor actual (y anterior tesorero), José Antonio López Fernández, que tendrá que pagar 67.450,72 euros; y a su predecesor en el cargo, Rafael Monzón Ristori, al que reclama 29.779,05 euros. A todos ellos considera igualmente responsables subsidiarios de la desaparición del dinero.

La sentencia, emitida ayer, se centra en los dos cajeros del Ayuntamiento, Clemente Ruiz y María José Lebrero, a los que responsabiliza de la desaparición de una cantidad millonaria de las arcas municipales, dinero que se esfumó de manera diaria y sistemática entre 2003 y 2009 aprovechando el caos contable de la Tesorería y sorteando unos mecanismos de control que a todas luces resultaron ineficaces.

El Tribunal de Cuentas considera que ambos -principales imputados en la vía penal y principales sospechosos de las investigaciones policiales llevadas a cabo en torno al robo de la caja- "generaron un quebranto ilegítimo en las arcas públicas mediante provocación de un alcance en las mismas".

Al referirse a Clemente Ruiz, la sentencia considera probado que "en la elaboración de las hojas de caja diarias anotaba una cifra discordante con la del día anterior de forma que daba lugar a un arqueo aislado del arrastre del día previo". También que solicitó la emisión de talones por cuantías superiores a las que era necesario para atender los pagos por caja. Incluso se le achaca que provocara retrasos intencionados en el envío de la documentación a la Intervención municipal. Disponía además de la custodia y llave de la caja, a la que accedía con total libertad para el manejo de los caudales.

Tampoco guarda ninguna duda el Tribunal de Cuentas de la responsabilidad directa de su compañera, María José Lebrero, a la que le atribuye también la confección de hojas de caja irregulares y el manejo de talones por cantidades superiores a lo que necesitaba la caja de efectivo. Al igual que a Clemente, en esta resolución se le recrimina que no rindiera cuentas ni justificara de forma alguna el destino de los fondos que salieron de la caja entre 2003 y 2009. Incluso se le recuerdan sus declaraciones al Juzgado de Primera Instancia de San Fernando, en el desarrollo de las diligencias previas, en las que la funcionaria reconocía su sorpresa ante el hecho de que se tuviera que pedir tanto dinero y con tanta frecuencia a través de talones para dotar de liquidez a la caja.

Especialmente polémica resulta la condena a los dos ex regidores isleños -Manuel de Bernardo y Antonio Moreno- que el propio Ayuntamiento incluyó en la demanda en su calidad de ordenadores de pagos durante el periodo en el que se produjo el robo y tras la propuesta que en este sentido había realizado previamente la propia Cámara de Cuentas de Andalucía.

Desde 2011, el robo persigue a ambos ex alcaldes. A De Bernardo, además, el desfalco le ha supuesto un alto coste político, que ha desterrado a su partido -el PA- de la Alcaldía que ocupó durante 22 años. Pero ahora, además, la sentencia del Tribunal de Cuentas los considera responsables subsidiarios, lo que les relaciona en cierto modo con el desfalco.

Y esgrime principalmente tres argumentos para ello: que no se cumplieron todos los arqueos preceptivos y en los que se llevaron a cabo aparecen datos incorrectos; que se firmaron los talones que se le pasaban para financiar la caja de efectivo sin tener en cuenta la desproporción entre las sumas consignadas en dichos talones y las necesidades reales y, por último, que no se adoptó ninguna medida directiva ni organizativa que hubiese permitido la detección del robo.

El hecho de que las irregularidades no fueran debidamente advertidas por la tesorera y el interventor -como alegan los alcaldes en su favor- no resulta para el Tribunal de Cuentas un argumento suficiente para eximirles de la responsabilidad subsidiaria. Tenían -advierte- "obligación de cumplir correctamente con los arqueos, firmar con las oportunas cautelas previas los talones y promover medidas organizativas y ejecutivas adecuadas".

Aún así, la consejera de cuentas que se encarga del caso, subraya la "intensa incidencia" de la actuación de los responsables directos -los dos cajeros- en la provocación del menoscabo, lo que atenúa la influencia de la intervención de los alcaldes de haber podido detectar el robo o tomar medidas de control que hubiesen dado antes con el desfalco. También alude en descargo de ambos alcaldes a la "insuficiente actuación de los servicios técnicos económicos del Ayuntamiento en la prevención y subsanación de las irregularidades", lo que -afirma- ha contribuido tambien a la adopción de decisiones irregulares por la Alcaldía.