Sanlúcar sí paga traidores

Ni su lugar de nacimiento, ni el año en el que vino al mundo, nada. Han pasado 22 siglos pero los historiadores siguen sin ponerse de acuerdo sobre el origen real de uno de los héroes más trascendentales y también más olvidados que ha dado la Península Ibérica o, a lo mejor, este país.

Se da por cierto que era pastor y que los asaltos continuos que sufría su tribu le hicieron rebelarse contra las legiones romanas, convirtiéndose con el paso de los años en un gran estratega militar. Pero de su origen, nada.

Se habla de él, de Viriato, como un caudillo lusitano que se convertiría en un personaje emblemático contra la conquista romana. Pero, claro, la Lusitania del siglo II antes de Cristo no tenía la misma delimitación que la Portugal de hoy. Es más, hay historiadores que apuntan a que pudo nacer o al menos criarse en la desaparecida ciudad de Arsa, que se situaría entre el sur de la actual provincia de Badajoz y el norte de la de Sevilla. Pero también hay otros que hablan de la Sierra de la Estrella (más al norte de Portugal) o de que pudo tener un origen valenciano o incluso turolense. En cualquier caso, lo que sí ha quedado escrito de él, gracias a clásicos como Tito Livio, fueron sus gestas militares, su capacidad para liderar una alianza importante de tribus ibéricas contra las legiones romanas por todo el sur peninsular y cómo murió en el año 139 antes de Cristo, siendo luego incinerado en el paraje de La Ciudad Encantada, en Cuenca.

Cansado de no poder derrotarle, el procónsul de Roma Quinto Servilio Cepión se reunió con tres de los principales hombres de confianza de Viriato: Audax, Ditalco y Minuro. En teoría era para negociar un acuerdo de paz pero en realidad lo que hizo fue sobornarles ofreciéndoles dinero, títulos y tierras si le daban muerte a su líder. Les convenció y éstos, al llegar al campamento donde estaba Viriato, por la noche le cortaron el cuello, porque dormía siempre con su armadura puesta. Y cuando regresaron a ver a Cepión para cobrar la deuda, éste les negó la recompensa respondiéndoles con aquella famosa frase de “Roma no paga traidores”, es decir, que para la cúpula romana no estaba bien visto eso de comprar una victoria, de no lograrla en buena lid.

Todo lo contrario pensarían algunos en Sanlúcar de Barrameda hace exactamente ahora un cuarto de siglo. Sí, porque este mes se cumplen 25 años del mayor caso de soborno político habido en la provincia de Cádiz o, mejor dicho, del mayor caso de soborno político que se ha conocido o del que ha habido constancia. Y es que en octubre de 1999 alguien pensaría en la capital de la Manzanilla que Roma podía decir lo que quisiera, pero que Sanlúcar sí podía pagar traidores. Por eso dirigentes del PSOE sanluqueño pusieron delante de un concejal del PP de esta ciudad 50 millones de pesetas (habrían sido unos 300.000 euros hace 25 años), un contrato de trabajo en el Ayuntamiento de Chipiona y dos billetes de avión a Lisboa para su mujer y para él. Todo con tal de que no asistiera al pleno del Ayuntamiento que se había convocado para el martes 19 de octubre y en el que se iba a votar una moción de censura firmada y registrada días antes por los grupos municipales del PP y del PA para echar de la Alcaldía al regidor de entonces, el socialista Agustín Cuevas. Pero el concejal tentado, de nombre Manuel Ramírez aunque apodado Cunete, no sólo no aceptó la oferta sino que, asesorado por los dirigentes regionales y provinciales de su partido, recabó todas las pruebas y se plantó luego en la Comisaría de Policía para presentar la correspondiente denuncia.

Todo ello tuvo dos consecuencias directas. Por un lado, la moción de censura terminó saliendo adelante, aupándose a la Alcaldía Juan Rodríguez Romero, del PP, después de un pleno que se vivió con una tensión inusitada, entre abucheos a unos, ovaciones a otros, y Cuevas teniendo que salir del Ayuntamiento con escolta policial. Por cierto, los 13 concejales del PP y del PA que tenían que votar a favor de la moción de censura, y que eran todos imprescindibles porque la mayoría absoluta en Sanlúcar es precisamente de 13 ediles, durmieron la noche anterior al pleno concentrados en un hotel de Rota para evitar más sobresaltos. “El PSOE nos ha tocado a todos”, afirmaría rotundo ese mismo día el líder local de los andalucistas, Antonio Prats.

Y la segunda consecuencia vino por la denuncia presentada y que desembocó en un juicio con jurado, en una sentencia de culpabilidad, en posteriores recursos y finalmente en seis condenados: tres empresarios y tres políticos, aunque sólo uno de ellos, el referido Agustín Cuevas, ingresaría en prisión, estando apenas tres meses entre rejas.

A los más antiguos del PSOE de Cádiz se les cita esas dos palabras, caso Sanlúcar, y es como si se les mentara al diablo. Porque nunca en la vida esta formación política pasó mayor ridículo en esta provincia, quizás porque las pruebas del intento de soborno presentadas ante la Policía eran de tanta enjundia que no había ni un solo argumento de defensa. Al PSOE le tocó tragar saliva, apartar a los culpables y esperar a que el tiempo pasara para que el escándalo se fuera difuminando. Y en cierto modo eso fue lo que pasó.

Las elecciones municipales de mediados de 1999 le dieron la llave de la gobernabilidad en Sanlúcar al PA. Los seis concejales andalucistas liderados por Antonio Prats debían decantar la balanza y decidir si la Alcaldía era para el PSOE de Agustín Cuevas, que se había presentado a la reelección y que había ganado esos comicios obteniendo siete concejales, o para el PP de Juan Rodríguez, que también tenía siete representantes pero al que le faltaron poco más de 320 votos para haber sido la fuerza más votada. Pero las negociaciones postelectorales no fructificaron ni por un lado ni por el otro. Cuevas fue reelegido e inició el mandato gobernando en minoría, pero apenas duró cuatro meses.

A principios de octubre de 1999 los 13 concejales del PP y del PA lograban ponerse de acuerdo y registraban en el Ayuntamiento la moción de censura, que se votaría al mediodía del martes día 19 para elegir a Juan Rodríguez como nuevo alcalde. Pero menos de 24 horas antes del inicio de la sesión plenaria el caso Sanlúcar estallaba para convertirse en noticia de relevancia nacional.

Nada más salir de la Comisaría de presentar la denuncia contra los dirigentes del PSOE y de entregar todas las pruebas –incluida la bolsa con los 50 millones de pesetas–, los principales mandos del PP gaditano –con Antonio Sanz y la recién elegida presidenta provincial, María José García-Pelayo, al frente– empezaron a desvelar aspectos de la trama, como que Cunete había acudido a varias reuniones, que la voz cantante la había llevado el secretario de Organización del PSOE sanluqueño, Rafael García Raposo, y que a la última reunión, celebrada el lunes 18 de octubre en el camping de Chipiona, habían acudido los alcaldes respectivos de Sanlúcar (Agustín Cuevas) y de Chipiona (Luis Mario Aparcero).

Este último extremo, que hubiera dos regidores implicados, llevó al PP a afirmar que la operación trascendía de Sanlúcar para convertirse en una trama orquestada por la cúpula del socialismo andaluz para intentar no perder una Alcaldía de tanta importancia. El PSOE sanluqueño, por su parte, reaccionó afirmando que había sido el propio Cunete quien se había ofrecido para vender su voto en la moción de censura, por lo que también pusieron una denuncia contra él por un supuesto delito de incitación al soborno. Y en Cádiz el presidente de la Diputación, Rafael Román, expulsaba automáticamente a Cuevas del Grupo Socialista mientras el secretario provincial del PSOE, Francisco Vázquez Cañas, expulsaba a Raposo como militante y hacía lo propio con Cuevas, primero de manera cautelar y semanas después de forma definitiva. A Aparcero, por su parte, primero le dio su partido un voto de confianza, al año siguiente le obligaron a ceder la Alcaldía de Chipiona a Dolores Reyes, para finalmente terminar expulsándole como militante socialista. Y es que si la forma en la que Cepión derrotó a Viriato no gustó para nada en Roma, negándole el Senado al procónsul la posibilidad de celebrar el triunfo, al PSOE no le quedó otro remedio que hacer algo similar en Sanlúcar, renegando de todos los implicados en ese intento de soborno.

Tras muchos años de investigación judicial el proceso derivó en mayo de 2006 en un juicio con jurado en la Audiencia Provincial de Cádiz que condenó por delitos de cohecho y de tráfico de influencias a Cuevas, a Raposo y a Aparcero y a tres empresarios de Sanlúcar que se demostró que habían puesto el dinero para intentar que fracasara la moción de censura.

Los posteriores recursos lograron que el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) eliminara en todos los casos el delito de tráfico de influencias, aunque no el de cohecho. Y el Tribunal Supremo terminaría corroborando esta última sentencia. De esta manera, Cuevas y Aparcero fueron condenados a un año y medio de prisión y a cinco de inhabilitación cada uno, mientras que a Raposo le cayó una pena de un año y dos meses de prisión e igualmente cinco años de inhabilitación. De todos ellos sólo Agustín Cuevas entró en la cárcel, estando tres meses entre rejas en el penal de Huelva. Cunete, por su parte, no sólo quedó absuelto sino que terminó siendo elogiado por los tribunales por su colaboración con la Justicia.

Pero, pese a la gravedad de los hechos, con el paso de los años se comprobó que la ciudadanía terminó perdonando u olvidando aquel famoso caso Sanlúcar. Y es que sólo ocho años después, en 2007, el PSOE recuperaría la Alcaldía sanluqueña y aún hoy se mantiene en el gobierno municipal. Y en Chipiona, desde 2019 vuelve a ser alcalde un Luis Mario Aparcero que lidera ahora un partido independiente y que acató a regañadientes una sentencia que siempre calificó de “injusta” porque afirmaba y afirma que en aquel intento de compra del voto de Cunete “fui engañado”.

Hoy, 22 siglos después, casi nada recuerda a aquel héroe hispano que fue Viriato, exceptuando una estatua de dos metros de altura que hay en una plaza de Zamora. Y en Sanlúcar, 25 años después, casi nadie se acuerda ya de Cunete, aquel héroe que destapó ese intento de soborno y que sólo vivió de la política hasta 2006. A partir de ahí su partido se olvidó de él.