El sector del agua alerta de los riesgos de la remunicipalización

Cádiz/El abastecimiento de agua en España tiene un curioso equilibrio. Considerado como bien público desde finales del siglo XIX, Madrid y Barcelona inauguraron formas diferentes de gestión, la primera con la empresa pública Canal de Isabel II y la segunda con Aguas de Barcelona, fundada en 1867 con capital privado belga. Un siglo después, un 34% de los municpios tienen gestión privada, otro 34% es a través de empresas públicas, un 22% han buscado soluciones mixtas y sólo un 10% se distribuye por gestión directa del Ayuntamiento. ¿Y cómo se regula? De 8.000 maneras diferentes, tantas como municipios hay. En este modelo tan fragmentado se ha colado un debate ideológico que propugna el rescate de las concesiones para que el servicio dependa directamente de los ayuntamientos. Diario de Cádiz ha reunido un grupo de ocho expertos y representantes empresariales y sindicales para hablar de la gestión del agua, en un debate que moderó ayer el redactor jefe de Economía del Grupo Joly, Alberto Grimaldi, y que trata de arrojar luz sobre el futuro del sector.

Si en algo coincidieron nuestros ocho invitados es que incidir en un debate sobre el rescate del agua tiene un problema de concepto. No se puede rescatar lo que no se ha perdido, "la titularidad no se discute", afirma Pedro Rodríguez, presidente de la Asociación de Abastecimientos de Aguas y Saneamiento de Andalucía. Para él, "el agua jamás se ha privatizado, Lo gestione quien lo gestione es un bien que jamás sale de la esfera pública. No importa quién es el transportista, sino cómo es el producto, cuándo llega y a cuánto se vende. Por eso yo creo que el único debate válido debería tener que ver con la calidad del servicio para el ciudadano y su sostenibilidad".

Santiago Lafuente, director en España de Aqualia, con más de 7.000 trabajadores y gestionando 800 municipios, califica el servicio que se da en nuestro país de "excelente" y alaba la "buena sintonía entre operadores públicos y privados" y que "seamos líderes en el mercado mundial".

Pero fue José María Román, el alcalde de Chiclana, que cuenta con un modelo mixto, ya que la empresa pública Chiclana Natural se encarga del servicio pero tiene concedido el ciclo del agua y la depuración, quien abrió el debate de lo público o lo privado. "Gestionar una planta tradicional no tiene nada de especial, eso lo podemos hacer nosotros. Necesitamos a la empresa privada para la inversión, ya que ellas tienen capacidad de endeudamiento y a los ayuntamientos no nos dejan".

Valeriano Gómez, ex-ministro de Trabajo y directivo del Observatorio de Servicios Urbanos, abogó por "una posición laica, alejada de fundamentalismos" y esgrimió un estudio de la Universidad de Zaragoza sobre 79 ciudades españolas donde "no se encontró, por ejemplo, ninguna relación entre la titularidad de la gestión y el precio del agua". Tampoco en otros parámetros. Esto quiere decir que la gestión por empresas públicas o privadas no marcan la calidad del servicio, "pero sí la profesionalización".

En ese sentido, Ramiro Aurín, consultor internacional en ingeniería y gestión del agua y miembro igualmente del Observatorio de Servicios Urbanos, hizo una llamada de alerta sobre "los intentos torticeros de lo que se ha dado en llamar remunicipalización porque ponemos en riesgo el servicio del futuro. El servicio del agua es complejo, se levantó de la nada y se ha logrado un alto grado de excelencia". El temor de Aurín es que, de producirse esos rescates, cayeran en manos no especializadas en un momento decisivo de cara al futuro y puso como ejemplo Ciudad del Cabo: "Es una urbe moderna y desarrollada: se quedó sin agua. Había que hacer cola para conseguirla o pagarla a precio de oro".

José Carbonell, presidente de la Asociación Española de Empresas Gestoras de los Servicios de Agua Urbana, quiso incidir "en un patrimonio que no se ve porque está enterrado, se deteriora y puede llegar al colapso". Su mensaje es que hay que invertir en infraestructuras y el debate entonces sería cómo se mejoran esas redes. Para eso haría falta "financiación y seguridad jurídica". También defensor de una alta profesionalización que la gestión directa entorpecería, propone una regulación única de mínimos y máximos sin que los ayuntamientos pierdan autonomía pero dentro de un marco homogéneo". Y Lafuente apuntaló que para acometer esas inversiones que garanticen la sostenibilidad de cara al futuro "el dinero del agua debe de ir al agua". Como se sabe, durante mucho tiempo en los ayuntamientos el dinero del agua ha ido a tapar agujeros o a otras infraestructuras.

Por último, Gustavo Vargas, responsable Estatal de Agua de FICA-UGT y también defensor de un único marco regulador, aportó la visión laboral y, sin posicionarse "en el debate político de público o privado, lo que a los trabajadores nos preocupa es la inestabilidad que generan los procesos de remunicipalización. Nuestra experiencia es que la gestión directa deriva en externalización de servicios a pequeñas empresas a cuyos trabajadores es más difícil de defender , mientras el trabajador de la antigua concesionaria queda a merced de los vaivenes políticos que impongan nuevas reglas del juego".