"Tenemos que seguir ahondando en las medidas ahorrativas"

El edil de Economía reitera que se reducirá el pago a los grandes proveedores en beneficio de los pequeños y que se reajustará el presupuesto municipal ante la bajada de ingresos

Arriba, David Páez, el pasado miércoles en su despacho. Abajo, el edil durante la aprobación del presupuesto municipal en un pleno celebrado en febrero.
Arriba, David Páez, el pasado miércoles en su despacho. Abajo, el edil durante la aprobación del presupuesto municipal en un pleno celebrado en febrero.
E. M. Cañas / El Puerto

05 de julio 2009 - 01:00

El concejal de Economía, David Páez, recibe a Diario de Cádiz en su despacho de Alcaldía. Durante la entrevista, realizada el pasado miércoles, anuncia una serie de medidas que a lo largo de esta semana se han ido confirmando e, incluso, se han conociendo las primeras consecuencias. La primera es la decisión de actualizar el presupuesto municipal de este año. Se hará un estudio pormenorizado para reducir los gastos de las concejalías ante la fuerte caída de ingresos en el primer semestre del año. "El Gobierno municipal se tendrá que apretar más el cinturón", avisa. Y también se procederá a una nueva redistribución de fondos para pagar a los proveedores. De este modo se priorizarán las facturas de los pequeños entre los grandes. Esto ya ha traído su primera consecuencia. GDF, la concesionaria de los autobuses urbanos, advirtió el pasado viernes que no puede hacer frente al pago de la nómina de sus trabajadores de este mes porque desde el Consistorio se le ha anunciado que su aportación mensual se reducirá en un 55%.

-Uno de los grandes problemas económicos de los ayuntamientos es el pago a los proveedores. ¿Qué se está haciendo desde su área en este sentido?

-Cuando entramos en 2007, los presupuestos que hemos ido realizando han tenido como principal objetivo la contención del gasto corriente, la llamada austeridad presupuestaria. Llevamos dos años cumpliéndolo, subiendo esta partida no más del IPC cada año. Y estamos realizando unos presupuestos rigurosos e, incluso, pesimistas porque, cuando lo hacemos, quitamos partidas si hay dudas de su cobro. Pero, a pesar de eso, durante los cuatro primeros meses los ingresos se ha venido abajo un 30% en comparación con lo que teníamos previsto. Por tanto, nos falta liquidez. Nosotros tenemos unos ingresos asegurados a través de los anticipos que nos da el Servicio Provincial de Recaudación por los impuestos municipales. Con eso tenemos asegurado el pago de las cuestiones básicas, pero con eso no cubrimos casi el 40% del pago a los proveedores de servicios del Ayuntamiento. Por este motivo, hemos elaborado un plan de disposición de fondos que de alguna manera establece las prioridades. Primero los gastos de personal, y luego los intereses de demora, las cuotas de los préstamos, los alquileres de la concejalía, los pagos a acreedores, empresas municipales y subvenciones, que son aportaciones mensuales. Esta prelación se está cumpliendo a rajatabla. Pero ahora, para este segundo semestre, hemos hecho un reestudio. Vamos a bajar el pago a los grandes proveedores a partir de este mes de julio y se va a redistribuir entre los más pequeños. No le pagaremos 100 a un proveedor, pero sí le daremos a 50 o 30 porque así lo han pedido. Prefiero pagarle menos a cinco grandes para dárselo a 300. Es un plan de choque duro pero lo vamos a poner en marcha. Esta es una medida a corto plazo.

-¿Y a medio y largo plazo ya que los retrasos han aumentado?

-A medio y largo plazo vamos a establecer medidas tales como reducir los gastos presupuestados. Hay temas que depurar dentro del Ayuntamiento. Tenemos que seguir ahondando en medidas ahorrativas, en la revisión de contratos deficitarios, en reestudiar la situación de las empresas municipales...

-¿A cuánto asciende actualmente la deuda del Ayuntamiento con proveedores?

- El total de obligaciones reconocida en tesorería es de 38 millones, pero la mayoría se concentra en tres o cuatro proveedores y el resto entre pequeños.

-¿Cómo se ha pagado la gran deuda con Sayse?

-Es uno de los grandes logros de este Área Económica. Hemos ido pagándola poco a poco, mes a mes. Lo hemos llevado con un cierto secretismo porque aún no se había cuantificado la deuda. Pero desde que entré en el área hicimos una programación de pagos. La deuda reconocida es de algo más de 21 millones y está pendiente de pagar unos 3 millones que aún no están reconocidos pero que seguramente lo reconoceremos. Esta cantidad es de algunas facturas con alguna que otra deficiencia burocrática. Y también hay una parte de intereses que se sigue negociando.

-En cuanto a otros débitos, ¿no cree que es un agravio comparativo hacia los proveedores que se le haya buscado una fórmula de pago especial a Territorio y Ciudad, empresa redactora del PGOU?

-Es uno de los temas que nos hemos planteado ya que podría ocurrir que otras empresas que tienen el mismo derecho pueden solicitarlo. Pero el PGOU interesa que salga, por interés general, e Impulsa tiene una buena situación de tesorería de la que, no obstante, no hay que abusar. Es una vaca a la que le podemos sacar un cubo de leche pero no más. Además, es un fórmula puntual que pasa por manos de alcalde que es quien ha tomado la decisión de que sea así.

-¿Cómo le va a devolver el Ayuntamiento ese dinero a Impulsa?

-Esta cuestión me preocupa menos porque entre el Ayuntamiento e Impulsa hay flujos de pago continuo. Podemos contar con una cierta flexibilidad.

-¿Cuántas empresas se han acogido a los avales del ICO para cobrar las deudas con el Ayuntamiento?

-Casi los cuatro millones de euros que teníamos concedido ya están adjudicados. Muy pocos ayuntamientos se han acogido a la línea ICO porque plantea un problema. El ICO te lo adelanta pero luego te quita el dinero que el Gobierno central da a los ayuntamientos. Y la otra parte del real decreto que regula esta iniciativa, el ampliar el endeudamiento municipal a cinco años , es un auténtico fracaso. Y no lo digo yo, el interventor municipal ya me dijo que es irrealizable. Además es hipotecar el Ayuntamiento para 15 años y establece unas condiciones que son casi imposible para cumplir para muchos ayuntamientos.

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