Galería del crimen | Capítulo 22
Por el honor de nuestra vecina
Cádiz/Funcionarios de la Administración de Justicia empiezan este lunes su huelga indefinida, con paros parciales desde las 10:00 y hasta las 13:00 horas, para reclamar a la ministra Pilar Llop una subida salarial en línea con la aprobada para el colectivo de Letrados de la Administración de Justicia (LAJ) -de hasta unos 450 euros- y una "redefinición" de sus funciones. También está previsto que se manifiesten este miércoles en Madrid frente a la sede del Ministerio.
El Sindicato de Trabajadores de la Administración de Justicia (STAJ), la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), Comisiones Obreras (CCOO) y la Unión General de Trabajadores (UGT) han convocado la huelga indefinida, así como una manifestación, para pedir un aumento de sueldo a los funcionarios de la Administración y la paralización de la Ley Orgánica de Eficiencia Organizativa (LOEO) porque, a su juicio, impone nuevas condiciones laborales sin previa negociación.
La huelga da comienzo este lunes después de que los sindicatos se reunieran con el equipo de Llop el pasado jueves en un intento para llegar a un acuerdo que resolviera el conflicto laboral; un día antes, el miércoles, se manifestaron frente al Ministerio y, en declaraciones a la prensa, dijeron estar "hartos" de "realizar funciones por encima de las legalmente establecidas para que los juzgados puedan funcionar" sin que se les reconozcan dichas funciones. También se reunieron el 30 de marzo.
Según ha explicado a este medico Carmen Castillo, delegada de Staj en Cádiz, el paro ha tenido un amplio respaldo en su primera jornada. "Más que nunca, tenemos que hacer oír nuestras reivindicaciones, que pasan por una subida salarial y por un reconocimiento a nuestra profesionalización y especialización. Asimismo, mostramos nuestro más profundo rechazo a las imposiciones de la LOEO, una ley que blinda a los LAJ para que la apoyen", critica la delegada sindical.
Castillo ha manifestado también que la movilización de los funcionarios de Justicia está afectando al normal funcionamiento de los juzgados de Cádiz, donde ya se ha suspendido algún juicio. Del mismo modo, el alto grado de participación en los paros ha provocado la cancelación de actuaciones, declaraciones, notificaciones, citaciones, comparecencias, embargos, desahucios, diligencias del Registro Civil e Institutos de Medicina Legal y de Toxicología... "siempre bajo el respeto al cumplimiento de los servicios mínimos que aseguran la atención a las víctimas más vulnerables y la garantía de los derechos fundamentales". Así pues, la Administración de Justicia, ya de por sí congestionada por la sobrecarga de asuntos, se ve más atascada por la protesta laboral, la segunda en lo que va de año.
De otra parte, el sindicato Csif ha calificado de un "éxito rotundo" el paro de este lunes, con un seguimiento del 85% por parte de los 1.500 funcionarios que hay en toda la provincia de Cádiz.
Según las estimaciones de CSIF, de continuar esta situación, se necesitarán hasta dos años para recuperar el trabajo paralizado en las jornadas de huelga. Los paros parciales se han sentido en numerosas instancias judiciales de toda España y de Andalucía, como los juzgados de guardia, los juzgados de lo Social, los juzgados de lo Penal, Menores y Vigilancia Penitenciaria, los registros civiles, las audiencias provinciales y los Tribunales Superiores de Justicia, así como la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo y organismos como el Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses.
La de los funcionarios es la segunda huelga en la Administración de Justicia en lo que va de 2023, ya que el pasado 24 de enero -y hasta marzo cuando hubo acuerdo- estuvo en huelga el cuerpo de Letrados de la Administración de Justicia.
Tras el pacto acordado entre el Ministerio y los LAJ, otros sectores -como el de jueces y fiscales- han avisado de que pedirán también subidas de salarios. De hecho, a finales de febrero, las cuatro asociaciones judiciales -APM, AJFV, FJI y JJpD- y la Asociación de Fiscales (AF), la mayoritaria en la carrera fiscal, solicitaron una reunión con Justicia para abordar mejoras retributivas.
Los Letrados de la Administración de Justicia consiguieron la subida salarial tras dos meses de huelga, dos manifestaciones a las puertas del Ministerio y una serie de reuniones con el equipo de Pilar Llop. Tras la firma del acuerdo, sin embargo, desde el comité de huelga de los LAJ aseguraron que "todos" terminaron con una "sensación agridulce" porque para llegar al acuerdo "ambas partes" tuvieron que "renunciar a aspectos importantes".
La huelga de Letrados de Administración de Justicia en Cádiz acabó con la suspensión de más de 3.000 juicios. Una vez que se desconvocó la protesta, se planteó un plan de choque para reactivar, de nuevo, la maquinaria judicial y poner al día la agenda de señalamientos.
La Consejería de Justicia, Administración Local y Función Pública de la Junta de Andalucía cifró en un 31,63% el seguimiento de la primera jornada de paros de los funcionarios de Justicia de Andalucía en defensa de una subida salarial que sea acorde con las funciones que desempeñan.
A nivel provincial, Córdoba lideró el seguimiento de la huelga, donde fue secundada por un 48,95% de los funcionarios de Justicia; seguida de Cádiz, con un 48,92%; Granada, con un 42,39%; Almería, con un 35,12%; Jaén, con un 31,42%; Huelva, con un 29,60%; Málaga, con un 27,79%, y, por último, Sevilla, que fue la provincia que contó con la participación más baja, con un 11,58%.
• Servicio de guardia de Juzgados y Fiscalías. Los Juzgados y Fiscalías en servicio de guardia, en atención a los asuntos que tramitan y la urgencia en su resolución, deberán contar con toda su dotación de personal.
• Medidas cautelares o provisionales, debido a la afectación de derechos fundamentales y la necesidad de su pronta resolución.
• Juicios orales del orden penal en causas con preso, con el fin de no demorar la resolución de situaciones de privación de libertad.
• Las actuaciones del Registro Civil. Se entenderán de cumplimiento prioritario e inexcusable todas aquellas cuya naturaleza sea registral (nacimientos, defunciones, matrimonios).
• Las actuaciones relativas a la violencia de género, en los Juzgados de Violencia sobre la Mujer, sean o no exclusivos. Estos Juzgados también deberán contar con adecuados efectivos para garantizar el cumplimiento del servicio esencial y la protección urgente e indispensable de las víctimas.
• El derecho a la tutela efectiva de los ciudadanos que deban presentar en tiempo hábil escritos de solicitud, reclamación o de recurso, en defensa de sus derechos e intereses
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